El incremento a la tarifa del transporte, aplazado con un “mejoralito”

Aumento al transporte público
+ Carlos Moreno Alcántara debe explicar qué sí y qué no pactó con pulpo

La tarde del miércoles, el gobierno de Oaxaca anunció el aplazamiento de la decisión de incrementar la tarifa del transporte urbano, y con ello no hizo sino aplazar una decisión que sigue vigente, pero además hizo indispensable que ahora el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, renuncie. Las implicaciones de la negociación del Titular del Ejecutivo con los concesionarios, así lo indican.

En efecto, mediante un comunicado se informó se informó que el Titular del Poder Ejecutivo y los concesionarios de las empresas Choferes del Sur, Tucdosa, Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao, así como Servicio Exprés Antequera Sertexa, habían acordado participar en una mesa de diálogo para mejorar la calidad del servicio del transporte público en la ciudad de Oaxaca, además de revisar la solicitud de incremento de tarifas.

Alejandra Gómez Candiani, representante de los concesionarios, informó que el servicio de transporte público en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca, continuará con la tarifa de 6 pesos. Asimismo, Gómez Candiani dio a conocer que continuarán las mesas de trabajo entre concesionarios y la Sevitra, con la finalidad de revisar la solicitud de incremento a las tarifas, de acuerdo con la normatividad vigente, sin realizar paros ni bloqueos viales que afecten la dinámica económica y productiva de la ciudad de Oaxaca, por lo que el servicio público continuará ofreciéndose de manera normal.

Acaso lo más alentador de este anuncio, es que los concesionarios y el gobierno de Oaxaca se dijeron comprometidos a realizar una mesa de análisis “buscando encontrar puntos de equilibrio que armonicen el poder adquisitivo de la población, con los requerimientos de aumento planteados por los transportistas, y con ello, retomar un proyecto de mejora integral en el sector”.

Eso, la mejora integral en el sector, es lo que verdaderamente hace falta ya no sólo para hacer justa la tarifa que actualmente cobran a los usuarios, sino también para hacer más viable esa industria que hoy parece no tener pies ni cabeza. Si llega a darse un verdadero reordenamiento de las rutas y la forma en que se presta el servicio de transporte público en la capital oaxaqueña y los municipios conurbados, entonces habría también mayor posibilidad de que exista un negocio más equitativo para todos los concesionarios, y las calles dejen de ser tierra sin ley a merced de los autobuses urbanos.

Esta parte debiera ser la sustancial de la negociación, a la que también tendrían que convocar a la sociedad oaxaqueña. No podría imaginarse una conclusión válida y legítima en torno a este asunto, si en ella se excluye al actor fundamental que es quien, además, paga íntegros los costos de las decisiones tomadas, que es el usuario. Por eso, mejorar integralmente el servicio tendría que ser una de las principales prioridades, junto con el hecho de que todo debiera partir de un reordenamiento integral del sector para alejarlo del círculo vicioso en que hoy se encuentra.

Todo esto debiera ocurrir, sí, pero teniendo de por medio a un interlocutor también válido y legitimado. Y hoy queda claro que el secretario de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, no cumple con ese requisito.

 

MORENO DEBE IRSE

Hace dos días apuntábamos en este espacio, que lo que se notaba a simple vista, era la existencia de un acuerdo pactado en silencio entre gobierno y concesionarios, que cuando se abrió a la ciudadanía encontró un enorme rechazo “por eso hoy parece estarse haciendo la pantomima —que sólo se desmentirá con la renuncia del secretario Carlos Moreno Alcántara, como resarcimiento de sus posibles decisiones equivocadas— de que hay diálogo entre el gobierno y los concesionarios, para que de ahí salga una decisión sobre qué hacer con la demanda del incremento a la tarifa.

“Así —apuntábamos— si no ocurre la renuncia o separación del cargo de Moreno como titular de la Sevitra, y finalmente el gobierno le concede a los concesionarios el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano y suburbano, entonces se confirmará que todo fue un montaje para legitimar el incremento. De no ocurrir cualquiera de estos dos supuestos, entonces se confirmaría que sí hubo un acuerdo particular entre la Sevitra y los concesionarios, y entonces de todos modos Moreno tendría que irse por haber creado un problema al gobierno y la sociedad oaxaqueña por los acuerdos —o complicidades— que él tomó con el pulpo camionero sin haberle consultado al Titular del Poder Ejecutivo.”

Hoy sabemos el resultado: el gobierno no autorizó el incremento que Moreno Alcántara ya había pactado con el pulpo camionero. Llanamente, lo que hizo el gobierno fue invalidar una decisión tomada por uno de sus funcionarios. Con lo que se pone en evidencia que hubo, entre éste y los concesionarios, un acuerdo no consensado con el Ejecutivo, y por ende un acuerdo revocado; y que, en el otro extremo, el funcionario que hizo ese pacto debe ahora irse porque.

Es un asunto de decoro y forma política, que debiera cumplirse. No habrá posibilidad de que Moreno regrese a ubicarse como una autoridad en materia de transporte cuando ya quedó en evidencia que no ha actuado en defensa del interés público, y que más bien se dedicó a generar connivencia con quienes deberían ser sus regulados.

Quizá esa sea la razón por la que hasta ahora no ha dado la cara, ni ha ofrecido una explicación a la ciudadanía sobre la circunstancia que envuelve a este asunto, y por qué —en caso de que haya una explicación— él no ha sido cómplice de los concesionarios, y por qué sí puede continuar en el cargo que hasta ahora ocupa. Mientras eso no pase, hay más razones para pensar —y exigir— su renuncia, que para suponer que puede permanecer como titular de la Sevitra.

 

KORENFELD

Ayer David Korenfeld renunció a Conagua. La razón fue el escándalo que generó por el uso de un helicóptero oficial para fines particulares. Aunque han lapidado al defenestrado funcionario, resulta que éste es un caso raro de la política mexicana: un funcionario que reconoce un error —que para el ejercicio del poder en México es microscópico— y hace pública su renuncia. Esa debiera ser la medida de los errores en el servicio público: reconocerlo y, de entrada, separarse del cargo. No es un tema de responsabilidad administrativa o de castigos legales, sino inicial y finalmente de moral y vergüenza frente a la ciudadanía.