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+ Oaxaca tiene un problema de orden, que no debe seguir menospreciando
La reciente aprehensión de los más importantes capos del narcotráfico y la delincuencia organizada en México, augura tiempos distintos para la criminalidad en el país. Según expertos, México comenzará la transición de las grandes organizaciones criminales —que se encuentran en proceso de extinción— a las pandillas regionales. Esa es la experiencia de otros países, y es lo que ha buscado el gobierno federal con el desmantelamiento de las organizaciones criminales. El problema es que dicha transición implica retos enormes para los gobiernos estatales. Muchos más, en entidades como la nuestra en donde hay serios problemas para mantener el orden público.
En efecto, en las últimas semanas el gobierno federal detuvo a los líderes de varias de las organizaciones criminales más importantes del país. Hace un año detuvo a Joaquín Guzmán Loera, y desde entonces le ha venido asestando golpes a prácticamente todos los cárteles criminales en el país, que operan desde el centro al norte del país. La intención que tiene el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —y que a pesar del supuesto cambio de estrategia criminal, es la misma de su antecesor, el presidente Felipe Calderón— es la de desmantelar las organizaciones para decantarlas en pandillas u organizaciones locales, en las que pueda haber un manejo más eficaz y “cercano” de los problemas y las actividades en las que esos grupos pudieran estar más involucrados.
Es evidente que cuando eso finalmente ocurra, el gobierno federal dirá que ha gado pasos sustanciales en la guerra contra el crimen organizado, y que por fin va ganando. Sólo que la otra parte de ese discurso, de la que se ha hablado poco y a la que se le ha dado una importancia mínima, es el reto que tendrán que enfrentar los gobiernos estatales para ser ahora ellos quienes persigan y contengan a esas —relativamente hablando— “mini” organizaciones criminales que ya no podrán tener una operación nacional o regional, sino únicamente en ámbitos territoriales determinados.
De hecho, hasta ahora lo más que se ha llegado a plantear es que a partir de una reforma constitucional federal se decrete la desaparición de las corporaciones policiacas municipales, y toda la fuerza pública en las entidades federativas se concentre en policías estatales que —según el modelo— tengan mayor capacidad operativa y de contención de los delitos y las actividades que se les encomienden.
Lo interesante de esto, resulta del hecho de que el problema de la criminalidad no es sólo una cuestión de policías y ladrones, sino que involucra una serie de circunstancias que tienen que ver tanto o más con el orden y el Estado de Derecho. Se supone que en un clima de legalidad, la autoridad tiene la capacidad de hacer el orden público cuando éste se ve trastocado; pero sobre todo, los mismos ciudadanos tienen la noción y convencimiento de que deben respetar voluntariamente ese orden público, y no traspasar las barreras que establece la ley para la convivencia entre ciudadanos.
Esa es una noción que en Oaxaca no existe. Y si ese es un problema común y persistente de nuestra sociedad, todo se agrava con el hecho de que el gobierno no parece tener una preocupación de fondo por hacer que prevalezca el orden público cuando organizaciones o grupos de espontáneos la rompen.
Ese clima de desorden parece propicio para que esas otras organizaciones (las de narcotraficantes y criminales) que buscan, o comenzarán a buscar espacios “adecuados” para realizar sus actividades ilícitas, vean en escenarios locales con un Estado de Derecho débil, la posibilidad perfecta de asentar sus nuevos centros de operaciones.
LA AMENAZA
Al anunciar la conformación del Frente Democrático Popular, el diputado local del PRD, Jesús López Rodríguez, aseguró que el crimen organizado no sólo se ha infiltrado en los gobiernos y partidos políticos, sino también en las organizaciones sociales (Nota Principal. Noticias 21.04.2015). No queda claro cuál es la intención de fondo del Legislador local al hacer este señalamiento, pero lo que sí es evidente es que la laxitud tanto del gobierno como de las organizaciones frente al Estado de Derecho, son una invitación franca a que otro tipo de organizaciones (las criminales) se asienten en la entidad.
Por eso mismo, como lo hemos apuntado en otros momentos en este espacio, debiera ser prioritaria la discusión de fondo entre el gobierno, legisladores y ciudadanía sobre el futuro de la seguridad pública en nuestra entidad. La propuesta del gobierno federal de crear policías estatales únicas, de desaparecer a las corporaciones municipales, y de crear un nuevo modelo policial en las entidades federativas, es un tema de la mayor relevancia estatal y nacional, pero máxime en un estado como el nuestro que concentra un mosaico de problemas y complejidades sociales que debieran motivar una visión más seria del asunto.
Oaxaca ya tiene un problema grave al no poder aplicar seriamente el Estado de Derecho a todos los que lo quebrantan; tiene otro problema al no tener funcionarios resueltos a cumplir con su labor, para demostrar que en la entidad hay gobierno por encima de las organizaciones sociales; y por si fuera poco, tiene un problema más al no tener legisladores responsables y dedicados a encarar los problemas no sólo que le preocupan a la ciudadanía, sino que son prioritarios para la seguridad general del Estado.
Si aún esto no es un problema, dentro de algún tiempo lo será. Qué grave será que todos decidan esperar hasta entonces para ver qué acciones emprenden, porque lo que sí es evidente es que esta cuestión está “cantada” y dibujada desde ahora, y bien podrían dedicarle tiempo y esfuerzos institucionales, antes que seguir en las discusiones bizantinas y los cálculos políticos que no abonan en nada a la entidad.
LOS ADMINISTRADORES MUNICIPALES
El Congreso del Estado y el Organismo Público Local Electoral del INE no tienen interés alguno en resolver un problema que en cualquier momento se puede convertir en un asunto de Estado. Por todos lados donde hay administradores municipales persisten las inconformidades y las posibilidades de violencia, sin que autoridad alguna se interese en revisar de fondo cómo resolver ese asunto. los diputados no tienen prisa: el negocio de los administradores es jugoso, y no querrán perderlo. ¿Y la autoridad electoral, y el gobierno estatal, cuándo harán lo que les toca? Ojalá no esperen a que corra (más) sangre para entenderlo.
