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+ Es urgente que se ponga remedio a este asunto que sólo da problemas
Son ya varias las ocasiones en las que habitantes del municipio de San Antonio de la Cal se enfrentan violentamente, derivado del conflicto que genera la permanencia del administrador impuesto por el Congreso a la comunidad, ante la imposibilidad de la celebración de los comicios ordinarios. Eso mismo ha ocurrido en varias otras comunidades que tienen un encargado de la administración municipal. ¿Cuándo se dignarán los diputados a atender este asunto, y a obligar a los administradores a que avengan, y no confronten, a las comunidades para que su situación política se normalice?
En efecto, cuando en enero del año pasado se anunció el nombramiento de 15 administradores municipales, a través de un acto ilegal de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local, el diputado Alejandro Avilés (coordinador de la bancada priista y entonces presidente de la Junta), aseguraba que “nombrar a los administradores de 12 municipios por parte del Congreso, y a otros tres que están pendientes, es coadyuvar a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática del estado”.
Luego decía que “en todos los casos los nombramientos de los administradores fueron producto de un estudio minucioso de perfiles y de un ejercicio mesurado y de amplio consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias”. Y finalizaba diciendo lo siguiente: “concluye un proceso de revisión y selección de quienes a juicio del Poder Legislativo conducirán mejor el destino de los municipios asignados, y que no podían continuar sin una autoridad legítimamente constituida, quienes tienen la encomienda de crear las condiciones necesarias para que la comunidad elija a sus autoridades municipales”.
En aquellos momentos, y como para justificar tanto la cuestionable reforma constitucional con la que se dieron la facultad de nombrar a los administradores, como el grosero reparto de municipios en conflicto entre las fracciones de PAN, PRI y PRD para el nombramiento de administradores municipales, todos los involucrados aparentemente conminaban a los recién designados administradores a que en un plazo de noventa días, generaran las condiciones sociales y políticas necesarias para que se llevaran a cabo los comicios, y la situación se normalizara con la toma de protesta de las nuevas autoridades legítimamente electas.
15 meses después no sólo los administradores municipales no han cumplido con la misión de avenir a la población en conflicto en cada una de esas comunidades para la realización de comicios, sino que hoy en día en varios de esos municipios la violencia ha resurgido y ha generado situaciones potenciales de violencia, que en cualquier momento podría derivar en enfrentamientos, muertos y heridos, como ya ocurrió en otros momentos.
Uno de los casos más recientes se dio recientemente, cuando dos habitantes de San Antonio de la Cal que participaban en el conflicto por el poder municipal resultaron con lesiones durante una riña ocurrida la noche del miércoles. Los grupos antagónicos en este municipio, ubicado en el Valle Central de Oaxaca, se enfrentaron después de las 8 de la noche en la calle Los Pinos, en la quinta sección.
En el lugar había una reunión con el administrador municipal Noé Lagunas y ciudadanos de San Antonio de la Cal, misma que irrumpió otro grupo de personas, identificadas con Carlos García, alcalde municipal, armados con palos. Por la mañana del miércoles, un grupo de pobladores de San Antonio de la Cal bloqueó con basura y camiones la carretera federal 175 y retuvo a 2 personas. Su demanda es que se realicen elecciones en el municipio, donde por las diferencias internas se nombró a un administrador municipal.
Por la mañana del miércoles, un grupo de pobladores de San Antonio de la Cal bloqueó con basura y camiones la carretera federal 175 y retuvo a dos personas (un automovilista que presuntamente se enfrentó con los manifestantes por el cierre de la carretera, y otro individuo que habría sido identificado como elemento de la Policía Estatal. Ambos, nada tenían que ver con el conflicto principal). Su demanda es que se realicen elecciones en el municipio, donde por las diferencias internas se nombró a un administrador municipal.
ADMINISTRADORES DE CONFLICTOS
En el último año los administradores municipales —que por muy caricaturesco que parezca, son la representación viva del personaje de Juan Vargas, personalizado por Damián Alcázar en la película La Ley de Herodes— han sido noticia en Oaxaca por ser los protagonistas y no los amigables componedores de los conflictos. En casi todos los casos, los administradores se han aparecido como parte instigadora de los conflictos municipales, evidentemente en aras de que éstos no se resuelvan y por ende no existan las condiciones para su remoción.
¿Dónde quedó aquella promesa de que los administradores municipales sólo durarían en sus cargos 90 días, y que en ese periodo habría posibilidad de resolver los conflictos en los municipios para dar paso a los anhelados comicios? Quedó, en un espacio de olvido, que fue reemplazado, por un lado, por las conveniencias propias de quienes están a favor de continúen los conflictos, y por el otro, por quienes simplemente no tienen interés en el tema y por eso les termina dando lo mismo que los administradores continúen, sean removidos, o incluso la figura jurídica sea reemplazada por otras que le den más funcionalidad a la posible solución de los conflictos políticos que existen en los municipios.
Como nada de eso no pasa, y los administradores municipales siguen accediendo a los recursos de los municipios que les encomendaron, y continúan —a partir de eso— enredando los problemas sociales, entonces lo que sí se puede prever es que ninguno de los conflictos tenga solución y que, por el contrario, su presencia sea garantía de la persistencia de la conflictividad por asuntos postelectorales.
AMARGO ANIVERSARIO
Quién sabe si sea por voluntad o desidia de alguien en específico, pero Oaxaca celebra su cumpleaños cada vez en peores condiciones. Ahora recibe su 473 aniversario en medio de caos, violencia, espacios públicos arrebatados por organizaciones sociales, pactos ignominiosos entre la autoridad y los grupos del ambulantaje, y un cúmulo cada vez mayor de problemas no resueltos. Qué pena que las autoridades apuesten a la resignación de la ciudadanía, y claudiquen en su deber —y promesa— de intentar sentar al menos las bases de una mejor ciudad.
