Con la reforma político electoral, adiós a esa ignominia llamada Cotaipo

Esteban, Gema y Sehyla

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Uno de los temas sustanciales que nadie vio, y mucho menos consideró importante, de la reforma político electoral votada por los diputados locales el pasado martes, es el de la armonización de las normas estatales relacionadas con el órgano garante del derecho a la información, con la nueva redacción de la Constitución federal. Si existe con esta reforma una oportunidad importante a favor de las instituciones del Estado, esa es la de renovar a la impresentable Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cotaipo), que sólo le ha aportado descrédito y vergüenza al Estado en Oaxaca.

En efecto, los cuestionamientos han acompañado a la Cotaipo desde su nacimiento, y sus integrantes nunca estuvieron preocupados por acreditarse en sus responsabilidades. Aunque el Congreso del Estado había prometido llevar a cabo un proceso de selección transparente y apegado a los principios establecidos en la Constitución para la integración del órgano garante de transparencia, en realidad lo que hicieron fue un grosero reparto de posiciones en el Consejo General, entre los tres principales grupos parlamentarios, pero además extendieron el reparto a las posiciones administrativas dentro de la recién nacida Comisión de Transparencia.

Lo primero que saltó a la vista fue el incumplimiento del requisito —legal, pero sobre todo moral— de que los consejeros electos cumplieran con el requisito de ser expertos, o cuando menos de reconocida solvencia en las materias relacionadas con el derecho de acceso a la información. Pronto se supo que Esteban López José, el consejero Presidente, no era —ni ha logrado ser— experto en las materias relacionadas con la Cotaipo, y ni siquiera demostró tener conocimientos generales sobre esos temas. Según la versión pública curricular que de él se ofrece en la página web de la Cotaipo, es Contador Público y cuenta con una maestría en Impuestos. Nada de esto es en sí mismo desdeñable. Pero es claro que esas materias nada, nada, tienen que ver con la transparencia.

Lo mismo ocurrió con Eréndira Fuentes Robles. Ella es Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Privado. Su currículum indica que tiene más experiencia en temas relacionados con la terapia y las constelaciones familiares, que con la transparencia. Acaso dice tener un diplomado en temas relacionados. Pero siempre mintió, al igual que López José, cuando en su misma versión curricular aseguraba que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información.

Algo similar ocurre, para variar, con Gema Sehyla Ramírez Ricárdez. Ella es también licenciada en Derecho, y dice haber cursado una maestría en Derecho Privado. Pero nada más. Para variar, también miente cuando dice que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información, porque —como los otros dos consejeros, que dicen ser expertos pero sin especificar por qué— ni tiene obra publicada, ni tiene estudios específicos en la materia, ni demuestra experiencia o conocimientos prácticos, defendibles, en esa materia.

Fuera de ellos, toda la integración de la Cotaipo estuvo siempre asignada por cuotas a las fracciones legislativas. Del solo directorio, se desprende que gran parte de la estructura administrativa fue impuesta desde el Congreso, y que la integración de las áreas administrativas de la Comisión fue variando según los acuerdos y las concesiones que lograron los Consejeros con las dos Legislaturas —la LXI y la actual— con las que convivieron.

LA REFORMA

En el artículo transitorio vigésimo tercero del dictamen aprobado el martes por la LXII Legislatura, se estableció que el Congreso del Estado procederá en un plazo máximo de 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, a elegir a los comisionados que integrarán el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (http://bit.ly/1Hw3hh4).

Su pleno estará integrado por un Comisionado presidente y dos Comisionados ciudadanos; serán designados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, atendiendo a la idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como a los principios de pluralidad, paridad de género, independencia, profesionalismo y no discriminación.

Durarán en el cargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán sustituidos individualmente en forma escalonada en los términos que determine la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado, en un plazo de diez días hábiles. Si el Gobernador no objetare el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona nombrada por el Congreso del Estado.

Esta es, sin duda, una de las mayores oportunidades que tiene el Congreso del Estado de lavarse la cara frente a la ciudadanía y los interesados en la transparencia, que cuando se conformó la Cotaipo demandaban una integración experta y legitimada, que verdaderamente pudiera dar certeza sobre el funcionamiento y la progresividad en la protección del derecho a la información y sus demás áreas de trabajo, pero que a cambio les dieron unos consejeros que no tenían ni el más mínimo grado de legitimación para esas tareas.

El Congreso eligió consejeros débiles, desacreditados e inexpertos, para así evitarle al gobierno estatal la molestia de tener un contrapeso autónomo fuerte —como se supone que fue la intención constitucional al haber creado esos órganos—; luego les abrió inopinadamente las arcas públicas, para que éstos alimentaran sus ambiciones. El escándalo recurrente que ha sido la Cotaipo de cara a la ciudadanía, ha tenido como leitmotiv la disputa entre sus propios consejeros por el manejo de los recursos, el arrebato permanente de las posiciones administrativas, y la lucha por los espacios de decisión dentro de la Comisión. Nunca hubo un solo tema relevante en el que el centro de la discusión fuera la transparencia. Ojalá que cuando el Congreso decida integrar el nuevo órgano de transparencia, lo haga —ahora sí— con responsabilidad, compromiso y apego a los principios establecidos en la Constitución para ese fin. Ojalá.

¿HAY EXPERTOS?

Habrá que hurgar hasta debajo de las piedras a ver si hay algún experto que quiera postularse como integrante del nuevo IAIPPDP. Los antecedentes refieren que el proceso de integración de la Cotaipo dejó verdaderos agravios en la comunidad interesada en estos temas. ¿Qué hará el Congreso para ofrecerles certeza? No es una cuestión irrelevante.