CCCO: nadie le ha apostado al verdadero debate

Francisco Toledo vs CCCO

+ Ciudadanía debe tomar conciencia de su opinión


Es una lástima que alrededor de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) en el Cerro del Fortín, tanto la ciudadanía como el gobierno hayan perdido la capacidad de distinguir los matices que rondan esta polémica. Es lamentable, por un lado, que el gobierno se haya resistido a generar un verdadero consenso alrededor de este asunto tan controvertido; pero también lo es, que la ciudadanía organizada haya perdido la noción de la eficacia en sus acciones, y hoy parezca preferir el choque sobre la auténtica defensa de sus posiciones.

En efecto, la mañana de ayer hubo un enfrentamiento entre integrantes de varias organizaciones de ciudadanos que se han pronunciado en contra de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones y en las faldas del cerro del Fortín, e integrantes de organizaciones de transportistas, que fueron contratados para el acarreo de materiales y algunos trabajos de ejecución de la obra.

La gresca fue lamentable no sólo porque pareció que no había autoridad ni interlocutores —el gobierno estatal, pues— entre ambos grupos; fue penoso, sobre todo, porque el enfrentamiento demostró que nadie tiene disposición para apostarle a un diálogo efectivo y a acciones civilizadas, para legitimar cualquier decisión alrededor de la obra.

Y es que para nadie es un secreto que desde un inicio, el gobierno estatal enfrentó dos problemas graves que lejos de asumir, ha intentado esconder y negar como si con ello resolviera algo. Uno de ellos, es el hecho de que, desde el arranque, todo el proyecto de construcción del Centro Cultural y de Convenciones parece que fue realizado sobre las rodillas. Ese fue un problema mayúsculo para la socialización y justificación del proyecto, a pesar de que todos los involucrados en el sector oficial negaron que ese fuera un aspecto relevante para el futuro de la obra.

El segundo problema grave, ha sido el cuestionamiento sobre el posible conflicto de interés que pesa sobre el titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno estatal, José Zorrilla. Pues al margen del problema en sí, lo que fue desastrosamente manejada fue la postura del propio Secretario frente a la situación.

Zorrila primero negó que hubiera tal conflicto de interés; luego lo minimizó diciendo que la ubicación de la obra nada tenía que ver con un afán particular, y que ésta había sido determinada por la conveniencia de la zona donde se construiría. Y finalmente terminó desdiciéndose de todo a partir de un tercer argumento, en el que aceptaba el conflicto de interés, y erradamente —porque eso no es lo que exige la ley— informaba al ejecutor de la obra (Fidelo) que se abstendría de participar en la licitación de los trabajos, como si él fuera constructor y no dueño del predio contiguo a la obra.

La combinación de esas cuestiones se convirtió en el flanco débil, que después el gobierno no logró atacar con un proceso de socialización efectivo. No entendieron, por ejemplo, que hoy en día ningún grupo tiene el monopolio de la opinión ciudadana. La socialización de la obra se circunscribió a algunas cámaras empresariales y grupos de ciudadanos; pero ni siquiera quienes vieron con buenos ojos el proyecto (no fueron pocos) pudieron conocer todos los detalles de una obra, sobre la cual aun no estaba terminado el trabajo técnico de planeación y de proyección —planos, proyecto ejecutivo, costos, estudios técnicos, etcétera— que era requerido para ofrecer explicaciones y exposiciones integrales.

Al final, a todos nos queda medianamente claro que Oaxaca necesita una obra como esa, y quizá también que la ubicación elegida es la más adecuada por su cercanía con el Centro Histórico y su capacidad de interconexión con las más importantes zonas y accesos a la capital oaxaqueña. El problema es que no hubo una socialización eficaz y estratégica, y el gobierno tampoco le quiso apostar a un consenso más amplio con la ciudadanía.

LA CIUDADANÍA, EXTRAVIADA

El maestro Francisco Toledo dijo hace algunos días, que ya tenía 70 mil firmas recabadas, para exigir una consulta ciudadana respecto a la obra del CCCO. Aunque el Pintor fue enfático en su aseveración, a nadie se le ocurrió que ese número de firmas podría ser la punta de lanza para tratar de poner en marcha uno de los “novedosos” mecanismos de participación ciudadana que establece la Constitución del Estado, llamado plebiscito.

Según el artículo 25 de la Constitución local, el plebiscito es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, por medio del sufragio libre, directo, secreto y universal, pueden objetar las determinaciones de naturaleza administrativa emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado. Aunque el precepto establece límites al ejercicio del plebiscito, ninguno de ellos es obstáculo para someter una decisión como la del CCCO a dicho mecanismo de consulta a la ciudadanía.

¿Cuál es el problema? Que la Constitución establece que el plebiscito lo puede solicitar o las dos terceras partes de los integrantes del Congreso local, o el veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del Estado. Y luego, dice también la Constitución que para que el plebiscito surta efecto, se requieren dos condiciones: a) La participación de la mitad de los electores inscritos en la lista nominal, y; b) La aprobación de la mayoría simple de los votos emitidos.

Veinte por ciento de la lista nominal parece —y es— un requisito altísimo, pero no inalcanzable. ¿Por qué nadie alentó al maestro Toledo a que, con su conocida capacidad de convocatoria, llamara a una colecta masiva de firmas para tratar de someter este proyecto a un plebiscito? ¿A quién se le ocurrió que era mejor ir a enfrentarse ayer con los ejecutores de la obra, como si con eso hubieran podido conseguir algo más que la atención momentánea de algunos medios, y un par de descalabrados?

APUESTAN AL DESALIENTO

Con esas acciones, la ciudadanía no sólo no contribuye, sino que se va a quedar extraviada y técnicamente derrotada. Empero, el gobierno estatal debiera ser el primer interesado en generar el consenso más amplio posible alrededor de la obra, para que sus detractores carecieran de argumentos relacionados con la legitimidad y la aceptación ciudadana del proyecto. No es buen signo democrático que se aproveche de lo difícil que es poner en operación los mecanismos constitucionales de participación ciudadana, para ejecutar la obra sin una verdadera consulta a los oaxaqueños.