La reforma política debe llamar a replantear la certeza legislativa

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+ Diputados deben legislar con responsabilidad y de cara a la gente


Hay dos versiones sobre la aprobación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Una es la de los diputados aliados del PAN, PRD y partidos minoritarios, que aseguran que la norma fue aprobada en tiempo y forma. Y la segunda, es la de los diputados priistas que dicen que no hubo ningún dictamen aprobado porque en la sesión donde se validaría la norma, sólo había catorce de los 22 diputados presentes para realizar legalmente la sesión y aprobar la norma referida. El resultado inicial de esa polémica estéril, es que no sólo ellos, sino todos los oaxaqueños carecemos de certeza respecto a las normas que regirán el proceso electoral de 2016.

En efecto, esta es una cuestión tan enredada y llena de intereses que vale la pena segmentarla para no perder el hilo de las distintas formas de incertidumbre que esto genera. Por un lado, es evidente que los partidos políticos no pudieron ponerse de acuerdo por el contenido de la norma, pero no porque consideraran que uno o varios artículos violaran derechos humanos o fueran nocivos para la competencia electoral. Más bien, en lo que no pudieron generar consenso, es en los términos en que podrán integrarse alianzas para los procesos electorales. El PRI tenía claro que las alianzas laxas son letales para sus intereses electorales; y los partidos coaligados saben que en esas alianzas está su única posibilidad de retener el poder en 2016.

Ese fue, con sus asegunes, el motivo del desacuerdo entre las fracciones parlamentarias. Por la cabeza de ninguno de los legisladores pasó nunca que la aprobación de la norma electoral tuviera un final tan enredado, y que además demostrara que la falta de certeza en el procedimiento legislativo sea tan recurrente. Al final parece que ese vicio, tan arraigado en el Poder Legislativo, y del que ha sido parte fundamental la permisividad y la connivencia entre los partidos, terminara siendo el flanco débil para quienes ahora quieren atacar la constitucionalidad de la norma a partir del procedimiento por el que fue aprobada.

Pues según un comunicado emitido por el grupo parlamentario priista, el diputado Alejandro Avilés sostiene lo siguiente: “no se votó ningún dictamen, simplemente se reunieron 14 diputados de la Coalición, porque en el Recinto parlamentario habían cinco legisladores que estaban dialogando con nosotros hasta después de las 24:00 horas del jueves 9 de julio de 2015”.

Avilés Álvarez afirmó que por “ningún motivo y bajo ninguna circunstancia”, los priistas permitirán que se atropelle a la democracia en Oaxaca, en un intento de madruguete legislativo y tratar de engañar a los ciudadanos con la mentira de haber votado un dictamen que no existe. “Los 14 diputados coalicionistas se encerraron en un saloncito, se tomaron una foto alzando la mano y con ello pretenden hacerle creer a la ciudadanía de Oaxaca y de México de que ya aprobaron una reforma, la cual no es real”, recalcaba.

Es muy probable que lo que dice el diputado Avilés sea cierto. Hubo, como él lo señala, un recinto alterno habilitado para continuar la sesión que fue interrumpida la noche del 9 de julio en el salón de plenos de la sede. Hay también imágenes en el que se ve a un grupo de diputados levantando la mano en señal de aprobación, pero en la misma imagen difícilmente podría avalarse la presencia física de los 22 diputados que eran necesarios para la aprobación de la misma. No obstante, el viernes ya aparecía en la página web del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, un archivo electrónico con la publicación de la ley electoral, avalada con la firma de todos los diputados participantes, con la sanción del Titular del Poder Ejecutivo y el refrendo del Secretario General de Gobierno.

Pareciera entonces que para la fracción priista el problema será mayor cuando intente —si es lo que lo hace— demostrar que en realidad hubo vicios en la aprobación del dictamen. Pareciera, además, que paradójicamente lo que tanto daño les hace en este asunto específico es demostrar que se contravino la buena fe y la presunción de legalidad en este procedimiento, que ellos mismos tantas veces han pisoteado.

PROCEDIMIENTO VICIADO

¿Cuántas veces los diputados de todos los partidos políticos han aprobado leyes que no leyeron? ¿Cuántas veces han otorgado su voto aprobatorio a normas que, por indolentes o por no haberles sido proporcionadas a tiempo, nunca han visto? ¿Cuántas veces al interior del Congreso del Estado, ha sido modificado el contenido de dictámenes ya aprobados, para adecuarlos al interés de algún grupo, o simplemente para corregir deficiencias provocadas por la prisa o por los yerros cometidos por quienes elaboran técnicamente las normas o los dictámenes?

Esto ocurre todo el tiempo, y a la vista de todos en el Congreso del Estado. El problema es que nadie nunca se queja, porque resulta que ese ingrediente de incertidumbre es parte de la complicidad entre todos los diputados, para aprobar normas de acuerdo a sus conveniencias y manipular el procedimiento legislativo según sus intereses.

De hecho, en la sesión previa, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia político electoral, hubo comentarios por doquier que a los diputados sólo se les proporcionó el documento del dictamen momentos antes de la sesión por vía electrónica, y no impreso en papel. Fue también un comentario recurrente que por no querer utilizar una computadora, muchos diputados no fueron capaces de leer u hojear el documento en versión electrónica, y que por eso el dictamen aprobado no era el mismo que días después fue publicado en el Periódico Oficial. Es decir, dicho dictamen sufrió correcciones después de ser aprobado. Pero como no había medios certeros para aprobarlo, nadie lo pudo alegar válidamente.

CRÍA CUERVOS…

En este caso, el PRI dice que no hubo ley aprobada porque no existió la concurrencia ni la votación requerida. El problema es que documentalmente todo está cubierto, y la norma ya fue hasta publicada y entró en vigor. Queda claro que ahora son víctimas de sus mismas prácticas. Y por encima de todo, es patética la forma en cómo, entre todos los diputados, se timan, se estafan y se engañan. Finalmente nadie puede quejarse de que haya obras fantasma, nóminas fantasma y hasta gobiernos fantasma: con sus dictámenes (“legales” pero fantasma) ellos mismos ponen el ejemplo de cuánto se puede estirar la ley cuando, de aprovechar —y tergiversar— la supuesta “buena fe”, se trata.