+ Que se den bases, y que se abra el debate a ciudadanía, dentro de la ley
El martes el gobierno de Oaxaca anunció que impulsará lo que ellos denominaron como una “consulta pública”, para que la ciudadanía sea quien decida si se construye el Centro Cultural y de Convenciones (CCCO) en las faldas del Cerro del Fortín. Qué bien que el camino para definir el futuro de esa edificación sea el de la Constitución, y ahora falta que el gobierno y la sociedad le den forma y legitimidad al anuncio, para que verdaderamente sea útil para la democracia participativa, y la sociedad oaxaqueña.
En efecto, cuando hace dos semanas nos referimos al CCCO apuntamos que lo idóneo sería que la ciudadanía organizada impulsara la puesta en marcha de uno de los mecanismos de participación ciudadana, denominado plebiscito. Éste, dice la Constitución, es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, por medio del sufragio pueden objetar las determinaciones de naturaleza administrativa emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado. Dijimos que esto era lo idóneo porque la solución a un problema como éste debía darse dentro de la ley, y con la Constitución en la mano, y no a partir de acciones de fuerza.
Lamentablemente, en aquel momento ni el gobierno ni la sociedad civil organizada veían esa posibilidad. Por un lado, el gobierno estatal asumía que con el proceso de “socialización” del proyecto (es decir, su exposición a ciertos grupos) era suficiente para legitimar la viabilidad de la obra. Por el otro, la sociedad civil intentó algunas vías legales como el amparo, aunque pronto quedó claro que esto era insuficiente porque el problema de fondo que sigue pesando sobre proyecto del Centro de Convenciones, no es de legalidad sino de legitimidad. El problema es que desde la misma sociedad civil, hubo una visión displicente frente a la necesidad de resolver el diferendo dentro de la ley.
Por ejemplo, un integrante del Frente en Defensa del Cerro del Fortín (Jorge López López, jorbosh_colis@yahoo.com.mx), se refirió a nuestra entrega del miércoles 1 de julio, a través de una misiva enviada vía correo electrónico al autor de este espacio, en la señalaba que la decisión de realizar una clausura simbólica de las primeras obras de construcción del CCCO fue el resultado de una convocatoria amplia “ante la cerrazón de las autoridades para atender las demandas legítimas de un sector importante de la ciudadanía”.
Incluso, sobre el planteamiento hecho en esta columna respecto a que lo idóneo sería que la ciudadanía impulsara un plebiscito, en lugar de impulsar medidas que no los llevarían a nada, el integrante del Frente en Defensa del Cerro del Fortín decía lo siguiente: “Finalmente, tu propuesta de plebiscito me conmueve por su candidez ya que si estuviéramos en condiciones de organizarlo y llevarlo a cabo, perderíamos un tiempo valioso que las autoridades aprovecharían para avanzar –y quizá hasta terminar– la obra en cuestión, que ya cuenta con dos suspensiones provisionales que las autoridades no han querido acatar”.
Evidentemente, lo que de veras conmovía era que la propia sociedad civil organizada soslayara los llamados a resolver las controversias sobre asuntos públicos dentro del marco de la ley, y que en lugar de eso asumiera posturas maniqueas respecto a su participación y al trato con quienes no coinciden no con sus finalidades, sino con los métodos utilizados para conseguirlos.
¿Qué pasó? Que sorprendentemente, y frente a la arrogancia oficial que ha caracterizado el impulso a esta polémica y rechazada obra, el gobierno pareció comenzar a entender que su reiterado proceso de “socialización” no ha sido más que una fantasía y un autoengaño, y que lo necesario era acudir a una verdadera consulta pública.
Ahora es tarea de los grupos organizados de ciudadanos vigilar, primero, que no continúen los trabajos de construcción del estacionamiento del CCCO; segundo, que el gobierno estatal cumpla cabalmente su palabra de someter el destino del proyecto al escrutinio ciudadano; y tercero, que vigile con puntualidad el desarrollo de la llamada “consulta pública”, y aliente la participación democrática de toda la ciudadanía.
QUE CUIDEN LAS FORMAS
Formalmente, el gobierno de Oaxaca no está legitimado para impulsar un plebiscito, y la figura de la “consulta ciudadana” no existe como tal en la Constitución del Estado. Deberá impulsar, por tanto, un plebiscito a través de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local. Pedirle a los diputados, que a su vez soliciten el plebiscito, no representará ningún obstáculo para el gobierno de Gabino Cué: nadie en su sano juicio estaría en contra de impulsar un mecanismo democrático de participación ciudadana frente a un asunto como el del CCCO; y además el Ejecutivo cuenta con el respaldo político de más de la mitad del total de legisladores locales, con lo que no sería difícil conseguir el aval de los que hicieran falta para impulsar el plebiscito.
Al margen de esto, es claro que lo realmente importante se centrará en: a) establecer con toda precisión cuáles serán los alcances y límites de la consulta ciudadana realizada a través del plebiscito; y b) garantizar desde todos los frentes que esta consulta a la ciudadanía se realice de manera libre y participativa, y que todos juntos alienten a que sea el mayor número posible de ciudadanos los que participen en este ejercicio democrático, esgrimiendo civilizadamente sus respectivos argumentos, y tratando de convencer razonadamente a la mayor cantidad de ciudadanos sobre la aceptación o el rechazo del proyecto.
A nadie deberían parecerle “cándidos” o “ingenuos” los llamados a resolver las polémicas con la Constitución en la mano. El gobierno, y las organizaciones que se han opuesto al proyecto del CCCO, estarán ahora obligados a dejar atrás cualquier postura arrogante, para asumir que ni uno ni otro representan, ni tienen el monopolio de toda la sociedad oaxaqueña. Si ya se abrieron los caminos de la participación ciudadana, lo único que queda es tomar las oportunidades y potenciarlas.
RESPONSABILIDAD
Si desde la ciudadanía no se impulsa la responsabilidad de la participación ciudadana dentro del cauce de la Constitución, entonces tampoco se puede exigir que el gobierno atienda el sentir de los gobernados. Cada oaxaqueño debiera manifestar su opinión; y todos juntos debían impulsar una participación mayoritaria para que el resultado de la consulta pública, o plebiscito, sea obligatorio para la sociedad y para el gobierno de Oaxaca.
@ortizromeroc
