Sí, urge una ley de protección a periodistas… pero sin tentaciones

Ruben Espinoza

+ Esencial, revisar ley del DF y tomar lo bueno de sus planteamientos


El pasado lunes, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, promulgó y mandó a publicar en la Gaceta Oficial el Decreto por el que se expide la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la capital del país. Los diputados oaxaqueños deberían ocupar la prolongada parálisis en que se encuentra la LXII Legislatura, para revisar esa norma y tomar parámetros de lo que se podría hacer en Oaxaca, y sobre todo para eliminar, con responsabilidad, las tentaciones en que han incurrido algunas de las malogradas iniciativas de ley de protección a periodistas que se han presentado en nuestra entidad.

En efecto, al anunciar la emisión y entrada en vigor de dicha norma, Mancera dijo que con esa ley se pretende que el Distrito Federal brinde refugio, protección y atención a quienes ejercen el periodismo, y reconoció que “sabemos que no basta con tener este instrumento, ahora se requiere del trabajo en todas y cada una de las áreas que ahí se marcan”. Por el contexto en que ocurrió la emisión de dicha norma —la reciente ejecución del fotorreportero Rubén Espinosa—, el Jefe de Gobierno rechazó que esa ley se haya generado en un tiempo de oportunismo político, “sino en respuesta urgente a la necesidad de asumir corresponsabilidades para dar garantías a quienes ejercen el periodismo en la ciudad de México”.

El grado de oportunismo o responsabilidad únicamente puede medirse en función al contenido de la norma. ¿Qué dice esa ley? Básicamente, dicha norma establece un mecanismo de protección no sólo para periodistas, sino también para defensores de los derechos humanos, a través del cual el Gobierno de la capital del país compromete recursos y acciones institucionales para prevenir esos riesgos, y para salvaguardar la integridad de quienes ejercen esas actividades frente a posibles amenazas.

La norma establece que dicho mecanismo tendrá un Director General, un Consejo Consultivo, y un Consejo de Evaluación de Medidas, que específicamente es quien decide a qué solicitantes se les brinda la protección, y el tipo de medidas que se le brindarán para garantizar la salvaguarda de su integridad y derechos, en caso de que exista una amenaza fundada en su contra a partir del ejercicio de sus funciones periodísticas o de defensa de los derechos humanos.

De entrada parece que un punto que razonablemente podría ser cuestionable, es el hecho de que esa ley tase en condiciones más o menos similares al ejercicio periodístico con el de la defensa de los derechos fundamentales. Es evidente que ambas actividades tienen naturalezas distintas y quizá compartan algunos de los riesgos, aunque por orígenes y causas distintas. No obstante, dicha norma se centra en establecer el mecanismo de protección, sus reglas básicas de operación, y la responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal sobre su funcionamiento.

Hasta este punto podría pensarse que dicha ley, es similar a algunas de las iniciativas presentadas en Oaxaca ante el Congreso del Estado para proteger el ejercicio periodístico. Vale la pena, sin embargo, reconocer sus diferencias.

EL “FONDO DE APOYO” A LOS PERIODISTAS

En septiembre de 2013, un grupo de reporteros oaxaqueños —“asesorados” por algunas organizaciones inusitadamente interesadas en el tema— presentó una iniciativa de ley de protección a periodistas, ante la LXI Legislatura local. En muchos de sus términos es similar, e incluso superior, a la norma recientemente emitida por el Distrito Federal, en cuanto al establecimiento de un mecanismo similar de protección a periodistas, y en la enunciación de algunos de los derechos —una cuestión jurídicamente redundante, pero encomiable— que tienen “las personas periodistas” en el ejercicio de su oficio. Aquella propuesta oaxaqueña, tiene una diferencia sensible con la ley del Distrito Federal, que la vuelve inaceptable: el “Fondo de apoyo a los periodistas”.

¿Qué es este “fondo de apoyo”, que fue incluido en la iniciativa del Grupo Prensa Oaxaca, que no existe en la ley de la capital del país, y que con el solo hecho de haberse insinuado, habría sido tomado como una burla y un agravio a la comunidad periodística en general? Según el artículo 35 de la iniciativa señalada, “El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Oaxaca se conforma con aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúen los gobiernos del estado y municipales, así como las empresas editoriales, el cual operará sujeto a las reglas que determine su Consejo Directivo.”

Dicho fondo tendría por objeto “implementar medidas y acciones para establecer beneficios que coadyuven a mejorar las condiciones de vida del periodista y su familia, así como su capacitación profesional”.

Únicamente habría faltado que, en esa descripción se estableciera que el Estado tendría la obligación de entregar “apoyos” o algún tipo de “prestación social” a los trabajadores de la información, por el solo hecho de ejercer esa actividad. Esto es, como si el periodismo se equiparara socialmente a la pobreza, a la marginación o a alguna de las condiciones socioeconómicas que determinan a un sector de la población como “vulnerable”, y no “de riesgo” como sí debe ser considerada esta actividad.

Incluso, esta visión es claramente similar a los pretendidos “apoyos institucionales” que algunos gobiernos en otras entidades federativas quisieron establecer hace algunos años a favor de los comunicadores, y que evidentemente eran prebendas (“chayotes”, como se conoce en la cotidianidad de la prensa) disfrazadas de responsabilidad social, ofrecidas por los gobiernos a cambio del “apoyo” de los periodistas en la consideración a su labor reflejada en la prensa.

PROTOCOLOS, SÍ; TENTACIONES, NO

Así pues, es necesario que se establezcan protocolos y mecanismos de protección al trabajo periodístico en prácticamente todo el país. Lo que no es aceptable es que esos mecanismos sean establecidos como esquemas que disfrazan el interés de un sector político o gremial por ostentar control, recursos o poder en detrimento de la actividad periodística. La ley emitida en la capital del país puede ser un parámetro relativamente aceptable, pero sobre todo en Oaxaca debe eliminarse toda tentación no relacionada estrictamente con la protección al ejercicio periodístico.