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+ Estado mexicano, obligado a asumir su responsabilidad
Estamos a escasas tres semanas de que se cumpla el primer año de la detención-desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y el común denominador sigue siendo la pasividad y negación del Estado mexicano a reconocer la gravedad y las implicaciones del caso, y el surgimiento de nuevas investigaciones que apuntan a lo que quedó claro desde el principio: que éste es un crimen de lesa humanidad, por el que el Estado debe, además de castigar a los responsables directos, atender a su responsabilidad institucional por ese hecho.
En efecto, ayer domingo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa presentó el informe sobre sus primeros seis meses de trabajo. En sus conclusiones, el grupo de expertos desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de los 43 estudiantes ocurrida en Iguala en 2014, y aseguró que la principal hipótesis oficial de que fueron calcinados en un basurero nunca pasó.
El reporte del grupo de expertos, basado en información “pública y oficial”, señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que en todo momento fueron informados de lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos “tomaron” ese día para transportarse. Sobre esto, los expertos dijeron que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre Iguala y Chilpancingo. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.
Estas primeras conclusiones, de un grupo de trabajo que no ha terminado sus labores, apunta a varias cuestiones que ahora tendrán que abundarse por el propio Estado mexicano: primera, que deja tambaleante la llamada “verdad histórica” presentada por la Procuraduría General de la República hace nueve meses, según la cual había quedado establecido el móvil de los hechos; segunda, que esto apuntaría a que lejos de agotarse la búsqueda de probables responsables con la detención de José Luis Abarca y su esposa, esto tendría que reactivarse y ampliarse a distintos ámbitos, que pudieran estar relacionados con los hechos y las posibles prácticas ilícitas en las que los normalistas habrían interferido y accidentalmente generado estos hechos.
Lo más importante, que no debe escapar a la mirada de nadie, es el hecho de que por encima de cualquier circunstancia lo que continúa prevaleciendo es la evidencia de la responsabilidad que recae sobre el Estado mexicano por la participación de sus agentes (los integrantes de dos corporaciones policiacas municipales que directamente participaron en los hechos, y la omisión de las demás corporaciones que estuvieron enteradas del hecho y no intervinieron para evitarlo) y la necesidad de asumir esa responsabilidad para resarcirla integralmente, y no negarla y esconderla, como hasta ahora ocurre.
DESAPARICIÓN FORZADA
Esto constituye, cuando menos, el delito de desaparición forzada de personas. Sobre esto, la Corte ha establecido que el delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución federal, la cual coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica (Registro: 2007426).
Incluso, al establecer la Corte dicho criterio, señala que el legislador estableció que en el caso de las autoridades jurisdiccionales, éstas tienen el deber de proveer de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido una demanda de amparo, “pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad —como lo es la desaparición forzada de personas—, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional”.
Ahora bien, ¿si la autoridad jurisdiccional tiene el deber de no dejar pasar ni un solo momento cuando sabe que posiblemente se esté cometiendo un delito pluriofensivo como el de desaparición forzada de personas, por qué en este caso a las evidentes omisiones de agentes de la Federación, como el Ejército, y del Estado, como el mismo Gobernador, no se les puede ubicar en la misma dimensión de gravedad? E incluso, ¿qué de distinto tendría que los normalistas desaparecidos fueran criminales o guerrilleros, si esa posible circunstancia de todos modos no justificaría su detención y ni aminoraría la gravedad del delito de desaparición forzada de personas? Son preguntas vigentes desde que ocurrieron los hechos, y que siguen sin ser atendidas.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
El delito cometido en Iguala es de lesa humanidad. En lo sustantivo se encuentra el delito de desaparición forzada de personas y la responsabilidad de Estado, por las acciones cometidas por algunos de sus agentes, o por los hechos tolerados por quienes siempre supieron lo que ocurría y no hicieron nada para evitarlo. A eso apunta la conclusión de este grupo de expertos, que obligará a replantear toda la investigación sobre los 43 desaparecidos, y que exhibe al Estado mexicano como encubridor de criminales.
