Seguridad Pública local: ahora la federación debe atender el problema

Conflicto 2006

+ Faltante de elementos, histórico: que revisen el 2006 para cerciorarse.


En Oaxaca es cosa común escuchar que buena parte de la revuelta magisterial y popular de 2006 ocurrió por un error de cálculo del gobierno estatal, y por la desatención federal en materia de seguridad pública. Si rememoramos, nos encontraremos con el hecho de que las fuerzas policiacas estatales fueron desde el primer momento inferiores a las huestes magisteriales; y que la federación nunca tuvo disposición a atender ese grave problema de ingobernabilidad. Hoy que se supone que gobierno federal tiene las miras puestas en Oaxaca, ese es uno de los rubros que debiera atender con puntualidad.

En efecto, cuando ocurrió la incursión policial en el plantón de la Sección 22, el 14 de junio de 2006, las fuerzas policiacas estatales fueron inferiores a los profesores al menos por dos razones: primera, porque había una evidente inferioridad numérica entre el número de elementos que incursionaron en el plantón magisterial, y el número de profesores que lo defendían; y segunda, porque el gobierno federal nunca se hizo presente para respaldar las acciones que en ese momento había tomado el gobernador Ulises Ruiz, para contener las protestas sociales, a pesar de que había una promesa clara de enviar fuerzas federales para respaldar las acciones magisteriales en Oaxaca y evitar que la situación se desbordara. De todo eso los dos ámbitos de gobierno —estatal y federal— tendrían mucho que aprender. Y también tendrían mucho que considerar de cara a las decisiones que han tomado respecto a la Sección 22 del SNTE en los últimos meses.

¿De qué hablamos? De que, técnicamente, a los profesores de la Sección 22 les ocurre lo que a los insectos frente a una telaraña: los pequeños se quedan atrapados en ellas, y los grandes simplemente las rompen. Los grupos sociales que tienen una presencia menor siempre se encuentran frente a la disyuntiva de protestar de manera “pacífica” o de enfrentar a las fuerzas estatales, que se encuentran siempre dispuestas a aplicarles la política de cumplir con las exigencias del Estado o enfrentar a las fuerzas policiacas. Amplia diferencia con los grupos políticos grandes —como la Sección 22— que nunca consideran ninguna advertencia de las fuerzas estatales, y todo el tiempo rompen las reglas y las condiciones establecidas para el diálogo con el gobierno estatal.

¿Cuál es la razón? Que la Sección 22 sabe permanentemente que tiene una enorme superioridad numérica frente a las fuerzas de seguridad pública estatales. Los policías locales no rebasan los cinco mil elementos, mientras que en sus mejores momentos los profesores rebasan los setenta mil integrantes. Esto es una proporción aproximada de 14 maestros por cada elemento estatal, si la correspondencia fuera lineal. A pesar de que esto no es así, por muchos años a los integrantes de la Sección 22 no les preocupó que hubiera “amenazas” estatales, porque también sabían que había muchos más maestros que policías, y que por ende ninguna de las amenazas tenía mayor posibilidad de cumplirse.

Ese fue el “mal ejemplo” que cundió durante lustros, por lo cual hubo siempre un trato desigual entre los grupos sociales que protestaban. A los pequeños siempre se les acotó, mientras que a los grandes se les permitió hacer lo que les viniera en gana. Así, entonces, se creó una especie de “estado de excepción” a partir de lo cual hubo un trato diferenciado permanente entre grupos sociales y se inhibió la posibilidad de que hubiera un auténtico estado de derecho.

PRESENCIA POLICIAL

A partir de la última mesa de diálogo (fallida) entre los profesores de la Sección 22 del SNTE y la Secretaría de Gobernación, se decidió que se enviarían a las fuerzas federales a la entidad para resguardar la seguridad. Esto ocurrió el cinco de junio pasado. Y desde entonces, coincidentemente, no ha habido un solo cierre de calles, de carreteras o de vías de comunicación en Oaxaca. ¿La razón? El temor de todos los grupos de lucha social —incluida la Sección 22— a enfrentar a las fuerzas federales.

Esto es, evidentemente, momentáneo. Aunque la Policía Federal anunció que buscaría un espacio en la capital oaxaqueña para establecer un destacamento permanente, lo cierto es que en los últimos meses ha retirado a casi la totalidad de las fuerzas que desplegó en los últimos dos meses, y que nuevamente la entidad está a la deriva de lo que disponga la ley del más fuerte, que había prevalecido hasta antes de estas últimas decisiones. Una de las grandes lecciones que deja Oaxaca es que, aunque indeseables, la gobernabilidad sólo se puede mantener cuando hay una amenaza abierta de la fuerza pública federal, superior, frente a los grupos sociales “tradicionales”.

Por eso mismo, las fuerzas federales tendrían que reconsiderar seriamente la necesidad, o de establecer verdaderamente el destacamento federal permanente que prometieron cuando hace dos meses las fuerzas federales hicieron presencia en la entidad, o reforzar a las corporaciones estatales para cubrir el faltante de varios miles de policías, que ayer en su edición principal TIEMPO señalaba como uno de los factores que pone en entredicho la seguridad pública en la entidad.

Este no es un asunto menor. Pues al margen de la enorme problemática social que prevalece en la entidad, el gobierno federal tiene un diagnóstico preciso de todo lo que urge complementar en cuanto a la seguridad pública. Todo parte de cubrir el faltante de elementos per cápita, y luego habría que cubrir todo lo relacionado con capacitación, estandarización salarial y equiparación con las fuerzas policiacas de otras entidades federativas, que tienen salarios competentes, condiciones de trabajo adecuadas, y además la posibilidad de garantizar —medianamente— la seguridad y la gobernabilidad de los territorios sobre los cuales les corresponde dar cuentas a la ciudadanía.

CURA PARCIAL

Lo que hasta ahora le han recetado a Oaxaca es un mero desenfriol: no sirve de mucho que haya muchos policías dos meses, y que después todos se esfumen y las cosas vuelvan a su estado inicial. Eso fue lo que pasó en 2006 y las consecuencias fueron funestas para todos los oaxaqueños. La diferencia es que hoy la federación es la primera necesitada de que eso no ocurra. Es entonces deber federal cumplir con los parámetros de estandarización policiaca, y de la Secretaría de Seguridad Pública local gestionar lo necesario para cubrir dicho faltante.