Que la persecución a la CNTE, no inhiba la impunidad del SNTE

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+ Sindicato, sigue siendo corrupto y tolerado por el gobierno federal


Como la realidad no está hecho de blancos y negros, sino de una gama de matices que no dejan lugar a maniqueísmos, los oaxaqueños, y todos los mexicanos, no deberíamos dejar de ver que la persecución a la CNTE, no debe ser pretexto para dejar de perseguir los excesos que siguen siendo cometidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No se trata de que al final la corrupción de unos, termine justificando la de los demás.

En efecto, en varias ocasiones hemos planteado en este espacio cómo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se le ha tratado de presentar como el único ente político-sindical corrupto dentro del magisterio nacional, cuando en realidad las entidades federativas bajo el dominio del SNTE siguen siendo las que más reportan irregularidades en el manejo de la nómina y la administración de los recursos humanos, económicos y materiales relacionados con la educación.

De hecho, según los resultados de la Cuenta Pública 2013 dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, Oaxaca no sólo no encabeza la lista de los señalamientos más graves sobre el uso indebido de los recursos federales relacionados con la educación pública, sino que incluso no es de los estados más incumplidos en ese rubro.

Pues resulta que en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal. Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo. Y de esos nueve estados con más anomalías en el gasto con dinero del FAEB, Michoacán es el único que usó de manera irregular 20 de cada 100 pesos que recibió del gobierno federal, entidad que además destaca por su rechazo a la Reforma Educativa y el predominio de la Sección 18 de la CNTE en la toma de decisiones de la política educativa.

Todo esto pasaba —pudiera justificarse— en los tiempos en los que la reforma educativa aún se encontraba en proceso de elaboración e implementación. Podría también decirse que hasta antes de que se aprobara y pusiera en marcha la reforma educativa, lo que predominaba era un estado de corrupción generalizada en todo el sector, y que por ende no era posible esperar que hubiera entidades federativas sin problemas de malos manejos o faltantes en la administración de los recursos educativos.

El problema es que han pasado dos años desde entonces; la reforma educativa se supone que es ya un hecho consumado incluso en Oaxaca, que era el principal dolor de cabeza del gobierno federal en este rubro; y que durante todo este tiempo se ha puesto en evidencia la enorme corrupción de la Coordinadora, pero se ha evitado lo más posible hablar de la corrupción que continúa imperando en el sector educativo, en muchos casos prohijado por el propio gobierno federal, que no se sabe hasta qué punto ha cumplido con sus promesas de implementar una reforma transformadora en lo tocante a la administración de la educación.

¿QUÉ PASA EN LA ACTUALIDAD?

Los datos son reveladores. Una nota publicada ayer en el sitio de noticias Animal Político daba cuenta de lo engañosa que sigue siendo la promesa hecha por el gobierno federal el año pasado, de que a partir de 2015 no se le pagaría a ningún maestro que no hubiera pasado por su inclusión en el censo educativo, en el cual Oaxaca no participó por determinación de la Sección 22 del SNTE.

En este sentido, dice Animal Político que los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial dieron a conocer, en 2014, que existen al menos 184 mil registros de maestros que están jubilados, muertos, renunciaron o simplemente nadie conoce y a los que se les paga un salario. La promesa fue depurar la nómina pero, en realidad, el gasto no sólo ha crecido , sino que además los datos de los salarios y del censo muestran que no se ha cumplido con la promesa de usar este último como base para realizar los pagos. De acuerdo con la publicación, lejos de usar el Censo, documentos oficiales muestran que la nueva nómina magisterial de cada estado —que desde este año paga el gobierno federal y no cada entidad— es resultado de una negociación que encabezan los gobernadores ante Hacienda.

El caso más representativo es Oaxaca. La mayoría de los docentes de esta entidad se negaron a participar en el Censo educativo y en cambio, los adscritos a la Sección 22 de la CNTE realizaron su propio conteo, según el cual hay más de 83 mil maestros y 113 mil plazas. Ese conteo, según confirmó el IEEPO, se entregó al gobernador, Gabino Cué, quien lo usó como base para conciliar plazas y pedir los recursos federales.

De esta forma, dice Animal Político, Oaxaca solicitó para su nómina 15 mil 980 millones de pesos, mismos que fueron aprobados casi en su totalidad por Hacienda con una diferencia de sólo 76 centavos. Pero además, la SEP entregó, en la solicitud de información pública 0001100093315, el número de maestros que recibió un sueldo en febrero de 2015 a través de Hacienda, el cual es por mucho menor al número de profesores registrados. Esto tiene que ver con el hecho de que aquí no se realizó el censo educativo, y que los maestros incumplieron en concluir el llamado “plantilleo” con el que ellos mismos pretendían hacer un censo de sus agremiados.

OAXACA, Y EL PAÍS

Es cierto: Oaxaca es un problema. Pero el gobierno federal debe tomar medidas no sólo para perseguir a la CNTE como enemigo político, sino para realizar una verdadera depuración de la nómina magisterial, y también ir contra los vicios y la corrupción del SNTE. No hacerlo sería también claudicar en los titubeantes postulados de la reforma educativa.