UABJO: ¿qué variables jugarían para expulsar a los Martínez?

UABJO-Huelga

+ Elección: asunto de cifras y de control del Consejo Universitario


Aunque en apariencia la vida académica en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) reinicia hoy lunes luego de la intervención política de la Secretaría General de Gobierno, intermitencias como ésta las seguiremos viendo durante todas las semanas que medien hasta el día de la elección del nuevo Rector. En la Universidad, la tensión radica no sólo en las revisiones salariales o en el relevo en la rectoría, sino que todo pasa por la supervivencia o expulsión de los Martínez Helmes del poder universitario.

En efecto, hoy en la UABJO prevalece un clima de enrarecimiento, que en gran medida se explica por el aparente agotamiento de las estructuras de poder que representan el rector Eduardo Martínez Helmes y su familia, como principales caciques universitarios. Diversos grupos —algunos ex aliados de los Martínez, y otros disidentes de siempre— tienen la previsión de que por primera vez en varios lustros están en posibilidades de derrotar al grupo liderado por el ex rector Abraham Martínez Alavés, padre del Rector actual y líder moral de dicho grupo.

Eso explica el hecho de que desde hace algunas semanas haya una confrontación abierta entre la rectoría y los grupos con los que se va a enfrentar, y que eso haya derivado en un primer cierre de las instalaciones universitarias, como consecuencia del manotazo del Rector al cesar al Contralor universitario, con lo que comenzó la tarea de cerrar filas para la supervivencia de su grupo en los comicios que se aproximan. El cese tuvo como respuesta el paro decretado por el STAUO. El sábado, gracias a la eficaz mediación del secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, las partes en conflicto llegaron a un primer acuerdo que, en realidad, podría durar muy poco.

La razón, es que todos enfrentan un problema común: van al relevo de Eduardo Martínez Helmes, y eso hace que cada movimiento sindical, administrativo, académico y político en la UABJO tenga como común denominador los cálculos de cara a su proceso electoral. Tal parece que el grupo que controla hoy la Universidad ya logró la suma de varios grupos que estaban dispersos y que ahora tratarán de aglutinarse para tratar de derrotarlos. Y como en cada elección, en gran medida esto se reduce a un asunto de números, pero también de control de los órganos de gobierno universitario. ¿De qué hablamos?

De que, en un primer repaso, valdría la pena revisar qué tanta población votante tiene cada uno de los grupos que disputarán el poder. Históricamente, las escuelas preparatorias fueron grandes semilleros de votos. El problema es que hoy, casi todas las escuelas de nivel medio superior de la Universidad enfrentan un proceso paulatino de despoblación que pone en riesgo su capacidad de servir, como antes, a los intereses de quienes quisieran manipular la elección.

De este modo, lo que queda ver son las escuelas de nivel superior, y facultades, que siguen siendo numerosas. En la UABJO resaltan, por mucho, las facultades de Derecho, y Contaduría y Administración, que siguen siendo de las más pobladas en la Universidad. En ese sentido, la Facultad de Derecho es el principal coto político de los Martínez. De hecho, de ahí pretenden sacar al actual director, Reynel Vásquez Zárate, para enviarlo como candidato a Rector de su grupo.

Saben que tienen un respaldo de unos 4 mil votos al mantener el control de esa facultad —en buena medida, gracias a los mecanismos de cooptación, corrupción, y tráfico de servicios administrativos, de los que ya hemos hablado en otro momento—; pero no hay certeza de qué otras facultades puedan tener para mantener su control.

En ese se sentido, una de las incógnitas es respecto a la Facultad de Contaduría y Administración, en donde el director, Abel Morales, también quiere ser candidato a la Rectoría, y para ello también pretende contar con el apoyo de los Martínez, ya que nunca pudo construir una estructura electoral sólida que le permitiera alejarse del cobijo político de ese grupo.

Ahí, habrá que ver cómo funciona una posible negociación, primero para que Morales decline a favor de Reynel, y después para que la cauda de votos de esa facultad verdaderamente la dirija hacia el heredero de los Martínez. La duda está en que Morales ha dicho reiteradamente que él será candidato a la rectoría tenga o no el apoyo de ese grupo, aunque más como un capricho y bravuconería, que porque en verdad tenga capacidad de competir. Si finalmente ellos no se arreglan (como parece que ocurrirá), ambos —Morales y los Martínez— tendrán un problema importante para mantener a salvo sus intereses.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO

Según la Ley Orgánica de la UABJO, el Consejo Universitario es la máxima autoridad en materia legislativa universitaria, académica, jurisdiccional y electoral en los casos de su competencia. Éste se integra, dice la ley, por el Rector, que será́ su Presidente y tendrá́ solo voto de calidad para el caso de empate. Por el Director, por un profesor y dos representantes alumnos de cada Facultad o escuela; por el Director y un consejero investigador de cada Instituto de Investigación. Así́ como la representación de los trabajadores administrativos que equivaldrá́ al cinco por ciento del total de los representantes de los sectores académico y estudiantil, los que se elegirán de manera proporcional entre los organismos sindicales existentes.

¿Por qué hablar del Consejo Universitario? Porque una cosa es ganar los comicios y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector. En otras experiencias se vio que aún derrotando electoralmente a un cacicazgo universitario, es posible que éste sobreviva. El caso de Raúl Briseño en la UdG, es paradigmático de cómo el grupo del dueño de esa universidad pública, Raúl Padilla, sobrevivió a un Rector ya en funciones, que desde el poder pretendía ponerle fin a su cacicazgo.

CONTROL

Frente a esto, vale una pregunta: ¿Qué grado de control tienen los Martínez sobre el Consejo Universitario, y sobre los demás espacios de control que pudieran ser determinantes para la subsistencia, o caída, de un Rector que eventualmente pudiera derrotarlos en las urnas, pero no conseguir la gobernabilidad que necesitaría para mantenerse en su cargo? En la respuesta a esas preguntas hay un cúmulo de aspectos que vale la pena continuar analizando en los días y semanas siguientes.

La derrota de Benjamín purgará a los partidos morralla

BenjamínRM

+ Todos los partidos pequeños, en riesgo por atajar 3ª vía


La decisión tomada por el Partido de la Revolución Democrática la noche del miércoles, tendrá efectos irremediables en todas las fuerzas de izquierda y también entre los llamados “partidos morralla”. El hecho de que el PRD haya fustigado al senador Benjamín Robles Montoya, puede generar o la atomización del voto hacia rutas distintas (en un escenario en el que todos pierden) o puede generar una inercia en la que todos resulten beneficiarios de los activos electorales que representa el michoacano.

En efecto, luego de que la noche del miércoles el Consejo Estatal del PRD decidiera que su candidato a la gubernatura será José Antonio Estefan Garfias, Robles Montoya dejó ver la posibilidad de dejar las filas del PRD y emprender una nueva ruta rumbo a los comicios de junio próximo. Hasta ayer no había especificado cuál, o cuáles, serán sus rutas posibles. Lo único que reiteró es que de todos modos estará en la boleta electoral del 5 de junio. Eso, lo mismo puede ser un bien planeado “plan B”, que su ruta hacia la nada. Vale la pena analizar los escenarios.

De entrada, un aspecto que debe estar bien clarificado es si el proceso electivo del PRD fue verdaderamente estatutario, o si fue una selección fáctica. ¿De qué hablamos? De que desde antes de que iniciara el proceso de selección del candidato perredista, Robles estaba reticente de participar porque sabía que una vez inscribiéndose al proceso interno perredista, quedaría automáticamente imposibilitado de participar bajo algún otro membrete partidista si finalmente pasaba lo que se consumó el miércoles.

En ese sentido, nunca quedó del todo claro cuál fue la negociación o la razón por la que de repente Robles se vio muy dispuesto a participar en dicho proceso de selección, a pesar de que uno o dos días antes había manifestado su recelo por los “dados cargados” que reiteradamente denunciaba a favor de su adversario en la carrera perredista. Sólo se anunció que Robles aceptaba participar en el proceso, y se dijo que el método sería a través de la demostración de competitividad electoral.

La Asamblea de anteayer dejó en claro que esa condición (que se supone que era regla fundamental del proceso) no se cumplió, y eso no fue óbice para que el PRD estableciera que Estefan es su candidato. ¿Qué significa eso? Que esa inexactitud entre lo prometido y lo hecho, bien puede ser la referencia de que todo pudo haber ocurrido con base en reglas fácticas entre los participantes en dicha selección, pero sin ser éste un proceso estatutario sancionado ante la autoridad electoral, y por ende sin vincular a los participantes a las reglas establecidas en las normas electorales.

Sólo de esa forma pudiera ocurrir que Robles Montoya lograra brincar libremente a otro partido luego de este periplo. Sin mucha congoja, ayer Robles anunció que buscará una ruta alterna y sólo se limitó a establecer que lo hará a través de su campaña “Unir Oaxaca”. Y como esa asociación no es un partido político, entonces vale la pena preguntarse si no buscará seguir el camino de un candidato sin partido, o si aún tiene ases bajo la manga para ser postulado por las fuerzas minoritarias, a las que también les daría un respiro.

BRINCO, ¿A DÓNDE?

Por estos mismos días, el Movimiento de Regeneración Nacional oficializó que Salomón Jara Cruz será su candidato a la gubernatura. Algo similar ocurrió en el Partido Social Demócrata: el diputado local Manuel Pérez Morales, rindió también protesta como abanderado a la gubernatura por dicha fuerza política. Los únicos partidos que faltan por definir a sus candidatos son Movimiento Ciudadano y Unidad Popular.

Todos esos partidos enfrentan un problema común: la malograda Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales —que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de octubre pasado— establecía los partidos de composición indígena (como al menos se asumen el PSD y el PUP) tenían que cumplir con el dos, y no con el tres por ciento de la votación total para mantener su registro.

Al ser invalidada dicha norma, éstos también tendrán que cumplir con el nuevo mínimo de votación del tres por ciento, para mantener su registro y prerrogativas. Y el problema es que todos los partidos minoritarios que no se sumaron a alguna coalición (como el Verde y Panal que se unieron con el PRI, o el PT que se unió al PRD y PAN) hoy están más cerca que nunca de desaparecer al tener que demostrar la obtención de 50 por ciento más de votos que respecto al último proceso electoral estatal.

En ese sentido, Robles sería un respiro para todos si decidieran ir en una candidatura común, o si de alguna forma les sirviera el capital político del michoacano para mantenerse en la lucha electoral. En esto, la ecuación sería provechosa para todos, porque Robles cumpliría su cometido de aparecer en la boleta electoral (ya sin ninguna posibilidad de ganar), y esos partidos, a cambio de abrirle la puerta, tendrían como premio una votación superior al tres por ciento para mantenerse como institutos políticos con registro.

Evidentemente, ninguno de estos escenarios es sencillo. Tendrían que optar por candidaturas comunes, hacer cambios de candidatos y ajustar todo para poder participar cobijando a Robles Montoya. Quién sabe si la decisión tomada por el PRD regrese a Robles al estado de humildad que abandonó hace tiempo cuando se creyó invencible. Pero lo cierto es que las vías para aparecer en la boleta tampoco son tan variadas, ni tan sencillas como pudiera parecer en un primer momento.

Por eso, si nada de esto ocurre, y Robles se tira a ser un candidato sin registro, entonces todos juntos estarán en riesgo: él será un candidato “de chocolate” (que en el lenguaje infantil significa “el que participa pero no cuenta”) y prácticamente todos los partidos morralla estarían en un altísimo riesgo de desaparecer ante las nuevas exigencias electorales impuestas por la reforma política nacional. Pronto lo sabremos.

PROFECÍA

Habría que desempolvar la llamada filtrada entre Ulises Ruiz y Hugo Scherer: ahí hablan de “mandar” a Robles a la candidatura de Movimiento Ciudadano. Han pasado muchas cosas desde entonces. Pero junto con el PUP, MC es uno de los que aún no ha hecho una sola definición respecto a sus candidaturas. ¿Será que aquellos tuvieron boca de profeta o son simples casualidades?

Por indefinición, el PRD pone en riesgo uno de sus últimos bastiones

PRD

+ Perder Oaxaca significaría doble derrota; crisis actual así lo augura


 

Hasta las primeras horas de la tarde de ayer, se veía como una posibilidad lejana que pudiera ocurrir un gran acuerdo en el Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática, y que por ende de éste pudiera emanar un candidato a la gubernatura único, legitimado y fortalecido. Los jaloneos, las acusaciones de fraude, y las filtraciones, le dieron el ingrediente de inestabilidad que le hacía falta al proceso interno del perredismo oaxaqueño. Quizá lo que no han dimensionado, en Oaxaca y en el Comité Nacional, es que poner en riesgo esta gubernatura significa afianzar su derrota global en los comicios estatales del presente año.

En efecto, ayer se convirtió en noticia nacional la trifulca ocurrida en el hotel donde se realizaría la sesión del Consejo Estatal del PRD en el que se definiría la candidatura de ese partido, y de la coalición PAN-PRD-PT a la gubernatura del estado. La gresca era previsible ya que desde la semana pasada el equipo de campaña del senador Benjamín Robles Montoya denunció que el Comité Estatal del PRD orquestaba un fraude a través de la alteración de la lista de consejeros electores que participarían en la sesión para definir al Candidato a Gobernador.

Por eso, ayer que se instaló el Consejo, hubo jaloneos desde el momento mismo en el que se abrieron las mesas de registro, por el diferendo que ya existía entre quienes se supone que estaban legitimados para participar, y quienes pretendían no abrir el listado para que, a partir de eso, pudieran manipular los nombres y la asistencia de quienes debían participar en la asamblea. Hasta ya muy entrada la tarde, no había certeza del momento en que pudiera llevarse a cabo la elección del candidato, e incluso si habría de ocurrir la sesión. Pasado el mediodía, el dirigente nacional, Agustín Basave, había instalado el Consejo pero decretado un receso indefinido.

En todo esto, el PRD enfrenta un problema mayúsculo que en buena medida tiene que ver con la incertidumbre que generan sus propias reglas políticas. Desde hace varias semanas, los dos precandidatos a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya, establecieron sus estrategias, excluyentes, para tratar de hacerse de la candidatura. ¿Qué hicieron?

El primero optó por generar todo tipo de acercamientos con los consejeros estatales que participarían en la sesión de ayer, para tratar de afianzar su voto. Por esa razón, a Estefan Garfias se le vio en los últimos días tratando de desmenuzar la integración del Consejo Electivo para poder asegurar desde ahí su triunfo. Por su parte, Benjamín Robles Montoya estableció una estrategia basada en la consolidación de sus apoyos en las esferas nacionales del PRD. Por eso, a ambos se les vio particularmente dedicados a ciertas tareas en las últimas semanas, pero fuera de las labores proselitistas “normales” que habían desplegado en los meses anteriores para congraciarse con la militancia.

¿A qué le apuestan? Estefan, le apostará todo a tener un Consejo Estatal afín que le permita, desde ahí, contar con una mayoría desahogada que lo ubique en la candidatura; Robles Montoya parece apostarle a que en el Consejo Estatal no exista un acuerdo sólido, y entonces la decisión se traslade al Comité Ejecutivo Nacional, donde tiene un respaldo soportado por varios de los “notables” perredistas.

Al final, ambas parecen estrategias prósperas aunque sin capacidad de generar el consenso necesario para evitar las rupturas. En eso se basa el riesgo que hoy corre no sólo el perredismo oaxaqueño de allanarle la victoria a sus adversarios, sino todo el perredismo del país ante la posibilidad de perder uno de sus semilleros de votos. En el fondo, si pierden Oaxaca estarán alejando aún más cualquier posibilidad de revivir electoralmente en el 2018.

RIESGO NACIONAL

La crisis que vive el PRD no se acabó con la llegada de Agustín Basave. De hecho, su arribo lo único que hizo fue modificar el esquema de conflictos con los que debía lidiar. El hecho de haber cancelado las alianzas en Puebla y Tlaxcala, tuvo como telón de fondo el acuerdo tácito de los respectivos comités nacionales PAN y PRD, de dejar perder esas dos gubernaturas en aras de atajar los intentos de asalto del gobernador poblano Rafael Moreno Valle. En la suma y resta de gubernaturas y votos, eso los conmina a redoblar sus esfuerzos en las gubernaturas por las que aún irán juntos. Destaca en ello los casos de Veracruz y Oaxaca.

En el caso de Veracruz, sorprendentemente las cosas se las ha facilitado de forma excepcional el impresentable gobernador Javier Duarte de Ochoa, que hoy se encuentra en el pináculo del repudio de su propio partido. El PRI sabe que tiene un serio riesgo de perder la gubernatura y por eso su decisión de postular a un candidato adversario interno de Duarte. Héctor Yunes Landa, sin embargo, tendrá que cargar con el peso de una candidatura que también está desacreditada por el desgaste priista en aquella entidad. Por eso, si la alianza PAN-PRD capitaliza bien el descontento de los veracruzanos sí podrá agenciarse esa victoria.

En el caso de Oaxaca, nada ha complicado más la posibilidad de mantener la gubernatura que los propios enredos de los perredistas. El punto crítico de esta situación, la da el hecho de que si las consecuencias de la decisión tomada eventualmente la noche de ayer, no es controlada con rapidez y capacidad de acuerdo, entonces se generará un cisma (de cualquiera de los dos candidatos) que lo único que provocará es la derrota estrujante para su escenario nacional.

Oaxaca fue en el pasado reciente, un semillero de votos para el PRI. Pero una vez que el PRD le arrancó la gubernatura a los tricolores, ha sido un inyector incansable de votos para las causas que han apoyado. López Obrador como candidato presidencial, lleva dos victorias arrasadoras en la entidad. Con todo, la coalición en Oaxaca no ha perdido su presencia en los espacios legislativos y hay una representación aún robusta en las cámaras federales. Todo eso, en el fondo, es consecuencia del triunfo electoral de Gabino Cué en 2010. Y si no sopesan bien su situación, este podría ser el principio del fin del reinado perredista en la entidad.

DE TRAICIÓN EN TRAICIÓN

¿Cuánto faltará para que, de nuevo, Hugo Jarquín se vaya del PRD a hacerla de esquirol en la contienda por la presidencia municipal de la capital?

Martínez Alavés cosecha en la UABJO los frutos de su soberbia

Helmes

+ Atropelló a todos; centralizó el poder; hoy, la mayoría lo rechaza


 

La crisis política por la que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) no radica en un conflicto de orden laboral y, de hecho, ni siquiera en el solo hecho de la sucesión en la rectoría. El problema, en realidad, tiene como tema de fondo la purga que diversas expresiones universitarias pretenden hacer del clan Martínez Helmes, que a fuerza pretende retener el poder que no supieron mantener con base en el liderazgo. Hoy, por eso, la Universidad enfrenta un problema que sólo se resolverá en la medida en que se resuelva esta medición de fuerzas.

En efecto, desde la semana pasada el rector Eduardo Martínez Helmes ha dado claras muestras de desesperación frente a sus adversarios. La semana pasada cesó de forma fulminante al titular de la Contraloría universitaria, Pedro Rafael Martínez Martínez. Lo hizo sin ninguna justificación y —como se apuntó en este espacio la semana pasada— más bien como una revancha por las maniobras que comenzaba a realizar el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) para abordar la carrera por la sucesión universitaria. Esa fue la primera escaramuza en una contienda que esta semana ha escrito nuevos capítulos. ¿De qué hablamos?

De que en aquel momento el rector Martínez Helmes cesó al contralor Martínez Martínez como una forma de amagar al grupo que, desde el STAUO, pretende apuntalar al secretario de Administración universitario, Silviano Cabrera Gómez, como la alternativa al clan de los Martínez en la carrera sucesoria. La respuesta no sólo del STAUO, sino de diversos grupos, fue la del cierre de la Universidad, decretado desde el lunes pasado y que no tiene para cuándo terminar. La demanda central que plantean es la restitución de los trabajadores despedidos, cuestión en la que evidentemente no cederá el Rector.

En esa lógica, ayer ocurrió un episodio de violencia que vale la pena analizar. Antes del mediodía, un grupo de porros intentó reventar el plantón que mantenían trabajadores afiliados al STAUO en la Escuela de Arquitectura de Cinco de Mayo. En las imágenes de la refriega, se pueden observar no sólo a porros a sueldo como “el Chente con lentes” o “el sonrics”, sino también al mismo secretario General del Sindicato Universitario de Maestros —reducto sindical de los Martínez Helmes—; en las imágenes, al lado de éste se encontraba Gabriel Pizarro Castillo, caudillo de la Preparatoria Uno.

¿Por qué todos esos personajes —no todos porros— participaron en los actos de violencia con los que se pretendía reventar el paro decretado por el STAUO? En el fondo, todo apunta a que el ex rector, y líder moral del clan Martínez, Abraham Martínez Alavés, está desesperado porque diversos grupos que hoy están generando oposición, antes eran parte de los que le daban fuerza. Específicamente, una parte importante del STAUO —que hoy está en paro— era uno de los que principalmente proporcionaba estabilidad al rectorado de Martínez Helmes. Hoy, lo evidente es que dejaron de comulgar con su causa, y que por ende no los van a apoyar para continuar detentando el poder.

Frente a este escenario, habría que preguntarse ¿qué pasó, y por qué el distanciamiento de los grupos con el clan Martínez? La respuesta, apuntan quienes conocen la política universitaria, de entrada se encuentra en el hecho de que hoy los Martínez Helmes pretenden retener a golpes lo que paulatinamente fueron alejando y enconando con sus actitudes soberbias.

Señalan que, por ejemplo, desde hace tiempo son bien conocidas las vociferaciones del propio Abraham Martínez Alavés, que en público y en privado reprendía a los líderes de las expresiones universitarias afines, exigiéndoles incondicionalidad a ciegas sin ofrecerles alternativas o espacios dentro de la Universidad. Los mismos hechos han dejado en claro que lejos de generar un liderazgo horizontal e incluyente, los Martínez Helmes privilegiaron al clan familiar, y a los verdaderos e incondicionalmente sometidos, en todos los espacios de relevancia dentro de la UABJO desplazando a quienes les habrían permitido mantener los equilibrios.

Sólo de esa forma se explica que, ni siquiera por la decisión del Rector, sino de Abraham Martínez Alavés, hoy el liderazgo de SUMA se encuentre en manos de Héctor López; que en la Facultad de Contaduría y Administración esté Abel Morales; que la Facultad de Derecho esté en manos de Reynel Vásquez Zarate; en Idiomas su sobrina Keila… y así, una lista interminable de personajes que lo único que tienen en común es la incondicionalidad con los Martínez Alavés.

EL TOTALITARISMO

Apuntan los propios universitarios que, ya metidos en esa dinámica, en los últimos años los Martínez Helmes —y particularmente el patriarca Abraham Martínez Alavés, que nunca tuvo pudor en demostrar su ejercicio de poder tras la silla del Rector— no tenían ningún empacho en ejercer un totalitarismo escalofriante. A los que señalaban errores y hacían críticas al interior, eran señalados como desleales. En sus palabras, sostienen, los que se atrevieron a ser críticos fueron calificados como “chuecos”.

Eso, señalan, le dio al traste a un proyecto que hace doce años decía tener como proyecto universitario, acabar con el porrismo y construir la prosperidad académica. Finalmente, todo apunta a que el clan de los Martínez Helmes sucumbió por completo ante las tentaciones del dinero, del poder y del caudillismo, como en los tiempos de Niño de Rivera, de Nahúm Carreño, de Leticia Mendoza Toro. En el fondo, todo apunta a que este rectorado terminará siendo un émulo de aquellos viejos caudillos.

DÍA CLAVE

Ayer, con toda la parafernalia priista de una operación cicatriz que está cumpliendo su cometido, Alejandro Murat fue ungido formalmente como el candidato priista a la gubernatura de Oaxaca. La gran incógnita está en el PRD, que hoy se juega su futuro en un escenario que de alguna forma parece un perder-perder. Si finalmente el PRD le apuesta a la decisión basada en las reglas que ellos mismos fijaron, perderán el apoyo del Estado en Oaxaca; si apuestan por respaldar al grupo gobernante, provocarán un cisma histórico de ese partido que, además, tendrá como destino o la nada, o la contra. En la Asamblea de este día, el PRD tiene dos escenarios: o revientan el quórum, o revientan la sesión. El fantasma, en todos los escenarios, es la violencia. Nubarrones por todos lados, sea cual sea la decisión.

Escándalo en la SFP debe marcar la pauta de la función pública

Harrods

+ No se trata de pasar límites, sino del sentido del servicio público


 

Las revelaciones hechas la semana pasada por la Agencia Reuters, sobre cómo varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública gastaban sus viáticos en comidas, bebidas y demás extravagancias en sus viajes de trabajo al extranjero, es un botón de muestra del nivel al que se debe llevar la función pública, en el que ya no sólo se trate de no rebasar los límites, sino que dentro de ellos se actúe con sentido de responsabilidad.

En efecto, Reuters reveló que en una cena con champán, caviar y salmón ahumado en la exclusiva tienda departamental Harrods fue como Hilda García, una funcionaria anticorrupción, gastó parte de sus viáticos de 450 dólares diarios en Londres el año pasado. Otro funcionario de la Secretaría de la Función Pública, Jorge Pulido, enviado a una conferencia a Kuala Lumpur, hizo una escala en Fráncfort, donde se las arregló para gastar más en taxis y comidas, que en sus seis días de estancia en un hotel de Malasia. Otro empleado más de la SFP, Alejandro Bonilla, viajó a Hawái para las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que comió tres rondas en 24 horas.

Sobre esto, Alejandro Bonilla le dijo a Reuters que su trabajo en la unidad de contratación pública de la secretaría significa que tuvo asistir a eventos tales como negociaciones del TPP, que incluyeron dos reuniones en Hawái y otra en Guam el año pasado. En tanto que Jorge Pulido, jefe de asuntos legales de la SFP, que desembolsó más de 500 dólares en dos taxis y dos comidas en Fráncfort de camino a una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur, dijo que las comidas y taxis en la ciudad alemana son caros y que no gastó más de 450 dólares por día durante su viaje de dos días.

Quien fue más allá —y revela el poco pudor sobre lo que debiera significar la función pública en un gobierno con más sentido de responsabilidad frente a sus gobernados, que evidentemente no lo es el federal— fue Hilda García, la funcionaria que cenó en Harrods, que entregó la mayoría de sus recibos. Una de sus otras comidas fue en Starbucks, señaló, y ella consideró que la comida en Harrods fue como una recompensa después de un duro día de trabajo que involucró complicadas reuniones con lenguaje técnico en inglés. “No tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días”, agregó.

¿Por qué esto debiera escandalizar, aunque fue aceptado por la Función Pública? Porque en su visión abrumadoramente formalista y proteccionista del actuar “legal” aunque poco ético de los funcionarios, la dependencia dijo que no se habían transgredido ninguno de los parámetros de la normatividad que rige estos procesos, debido a que ninguno de los tres funcionarios aludidos había sobrepasado el presupuesto de 450 dólares diarios que la dependencia les entrega por concepto de viáticos cuando viajan al extranjero.

En ese sentido, pareciera entonces que la lógica correcta sería la de gastar los 450 dólares discrecionalmente y no bajo el concepto de austeridad y eficiencia, que son principios básicos que rigen la función de los servidores públicos cuando tienen encomiendas oficiales. Incluso, bajo esa misma lógica parecería hasta un tonto el también empleado de la Función Pública, Jaime Cerdio, quien según la nota de Reuters fue más austero, ya que en un viaje a Washington, vivió de emparedados de 10 dólares y refrescos que compró en el local Safeway y regresó casi una tercera parte de sus viáticos, reponiendo a las arcas del Gobierno más de mil dólares.

Si esa estrecha lógica gubernamental aplicada por la Secretaría de la Función Pública fuera la correcta, entonces no habría por qué escandalizarse si un funcionario, en el desempeño de una comisión oficial en el extranjero —o donde fuere— entregara a su regreso, tickets o facturas de consumo de un prostíbulo o de un centro nocturno, porque no se sobrepasó de lo que podría gastar. En los servidores públicos no sólo se trata de que gasten legalmente los recursos que tienen a su disposición, sino que lo hagan siempre de la forma más racional posible.

CAMBIO DE VISIÓN

Es una tragedia que la dependencia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, se encuentre voluntariamente supeditada a la realización únicamente de juicios legales y no éticos o morales. En el caso de la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, o de la casa que grupo Higa le vendió de forma preferencial al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pudo no haber habido la comisión de delitos o de faltas administrativas. Pero sí fue evidente —y por eso tal juicio quedará asentado en los anales de la historia— es la inmoralidad que representa la ventaja para la adquisición de esos predios, a partir de las responsabilidades que desempeñaban en el momento de adquirirlas.

En ese sentido, resulta inaceptable que la lógica gubernamental apunte a que si no se cometen faltas legales entonces no hay nada que condenar. Al final, la función pública está compuesta por los aspectos legales, que son fundamentales, pero también en reglas de conducta, que si bien se encuentran en el ámbito de los convencionalismos sociales, también deben ser aplicadas y exigidas en la misma medida que los temas estrictamente legales. Por esa razón, es hasta trágico que toda conducta no encuadrada específicamente en la violación a un reglamento, sea aceptada por las propias dependencias gubernamentales, como si el desempeño de un funcionario fuera un asunto de claros y oscuros, sin matices de por medio.

¿Qué debiera esperarse entonces, en este caso? No sólo que la Función Pública sancione o repruebe —al menos moralmente— a los servidores públicos que incurrieron esa conducta, sino también que establezca no sólo parámetros jurídicos, sino también éticos, de cómo deben actuar los servidores públicos. Por algo, en el mundo existen las comisiones de “honor”… aunque en el caso de México la gran mayoría de las veces no pasan de ser adornos para cubrir un requisito sobre el que nadie está preocupado.

CUENTA REGRESIVA

En el PRD hay una verdadera tensión por la definición de su candidato. A escasas 24 horas de que venza el plazo para hacer el anuncio oficial parece que aún no hay los consensos necesarios para la unción de un candidato. ¿Les ganará el cisma?

Defender la denominación mezcal es un asunto cultural

Mezcal Convite

+ Se deben idear estrategias de defensa legal vs NOM-199


Demasiado interesados en los asuntos coyunturales, muchos no hemos reparado en que el gobierno federal se encuentra en vías de consumar un despojo cultural no sólo a Oaxaca, sino a varias entidades del país que producen mezcal. Existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (la NOM-199-SCFI-2015) que establece que todos los destilados de agave que se produzcan fuera de los territorios comprendidos en alguna denominación de origen, tendrán prohibido utilizar la palabra “mezcal” y también quedarán impedidos de señalar en sus etiquetas que la bebida tiene como origen el agave, y que en su lugar deberán utilizar la denominación “komil”. Esto, a todas luces es un atropello que debe ser impedido.

En efecto, desde hace meses se habla en algunos círculos sociales y empresariales de ese polémico proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), y aunque originalmente hubo desinformación y “teorías” sobre la intención que tendría esa NOM sobre la regulación del mezcal o el tequila, la socialización y la revisión de dicho proyecto han dejado claras las intenciones: el gobierno mexicano quiere acotar el uso de las palabras “mezcal” y “agave”, para equipararlas con marcas registradas, y reservarlas para el uso exclusivo de quienes se encuentran dentro de una región con denominación de origen, y en regla con los procesos de certificación. Para entender todo esto, vale la pena ir por partes.

Por un lado, las denominaciones de origen son declaratorias de protección del nombre y características de un producto, en una determinada región. Está, por ejemplo, la talavera o el chile habanero, que tienen sus respectivas denominaciones en el estado de Puebla y en la península de Yucatán. En el caso de los destilados de agave, hay varias denominaciones de origen. Una de ellas es la del tequila, otra la del mezcal, y existen dos más: el sotol y la bacanora, que son bebidas que también se producen del agave pero en otras regiones del país.

En el caso del tequila, su denominación de origen comprende 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana: Jalisco con sus 125 municipios, Nayarit con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y Michoacán con 30 municipios. Solamente en esos municipios se puede cosechar y utilizar la materia prima, agave tequilana weber variedad azul, para la producción de Tequila. Y ninguna otra bebida alcohólica producida en el país, o fuera de él, puede ostentar el nombre Tequila.

En el caso del mezcal, la Denominación de Origen Mezcal (DOM) comprende regiones de nueve entidades del país; esas entidades son Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Durango. El problema es que la DOM establece la protección por regiones. En el caso de Oaxaca establece que la protección abarca particularmente las regiones de Tlacolula, Sola de Vega, Yautepec, y Miahuatlán.

De este modo, aunque la entidad tiene denominación de origen, no todas las regiones están protegidas. Así, por ejemplo, las amplias zonas mezcaleras de la mixteca oaxaqueña han tenido grandes dificultades para acceder primero al uso de la denominación de origen, y luego al proceso de certificación, que muchas veces es rechazado por cuestiones económicas pero también culturales, que debieran ser tomadas en consideración.

KOMIL Y EL DESPOJO

No sólo son los estados con denominación de origen, los que producen mezcal. De hecho, en México, existen registros de que unas 27 entidades del país han producido mezcal desde la época virreinal, que se trajo al territorio actual de México la tecnología necesaria de alambiques para la destilación del mosto del agave. Si consideramos que sólo regiones de nueve entidades del país tienen DOM y podrán seguir utilizando las palabras “mezcal” y “agave” en sus etiquetas, entonces el resultado es un enorme despojo a todas las regiones mezcaleras del país que ya no tendrán la autorización para seguir usando ambos términos, que son parte de su cultura.

En ese sentido, vale también entender algo más: el otorgamiento de una denominación de origen se basa esencialmente en que el gobierno y los productores de la región que la pretende, demuestre que el producto cuya denominación se pretende proteger, es consecuencia de su herencia cultural, que ha sido elaborado bajo ciertas condiciones por un periodo determinado de tiempo, y que su calidad o características dependen de los factores naturales, humanos y geográficos de dicha región.

Así, considerando lo anterior, lo que se desprende en el caso del mezcal, es que la denominación de origen protege a quienes lo han solicitado, pero que hay mucho más mezcal en México que el que se encuentra contemplado en la DOM. Por eso, en este caso, ni están en la DOM todos los estados mezcaleros que existen; ni los que se encuentran protegidos por la Denominación de Origen Mezcal, son todos los que deberían estar.

Frente a todo esto, hay algo irrefutable: que el mezcal es, además de una bebida alcohólica, un producto cultural de México. Y lo interesante que plantea este caso, es que una vez que se consolide la aprobación de la NOM-199 que pretende obligar a todos los productores de mezcal que se encuentran fuera de las denominaciones de origen, a utilizar la palabra “komil” en lugar de “mezcal”, lo que habrá de esperarse son las estrategias de defensa legal que se promuevan ante los tribunales del país para evitar este despojo.

Habrán varios argumentos centrales que desde ahora se prevé que serán parte de la discusión. Uno de ellos, es que muchísimas comunidades indígenas podrán argumentar, en contra  NOM-199, que la denominación “mezcal” de su producto es un elemento integrante de su identidad cultural, y que por tanto su derecho a denominarlo como ellos lo han llamado siempre, es un derecho tutelado por la Constitución y la legislación internacional en materia de derecho indígena.

Otro argumento, también con amplias posibilidades de prosperar, es el relativo a que una decisión como ésta tendría que pasar, necesariamente, por un proceso consulta, contemplado para las comunidades indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando el Estado prevea aplicar medidas legislativas o administrativas (como en este caso) susceptibles de afectarles directamente.

UNIRSE, EL RETO

Lo único que podría derrotar a quienes serán despojados por este absurdo intento del Estado, es la desunión. Plantear una defensa legal sólida y unificada será el único camino para impedirlo.