El Congreso tropieza consigo mismo al no ratificar a funcionaria

Sesión

+ Desaprobar un nombramiento los corresponsabiliza del resultado


Ayer el pleno del Congreso del Estado decidió no ratificar la propuesta enviada por el gobernador Gabino Cué de nombrar a Aida Valencia Ramírez como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal. Con esta decisión, inédita en la vida institucional de la entidad, en realidad la Legislatura dio un brinco arriesgado que lejos de beneficiarla, o fortalecerla, la pone en la picota de las corresponsabilidades por el nombramiento de los funcionarios.

En efecto, sin siquiera ofrecer algún tipo de razonamiento o explicación que fundamentara el sentido de la decisión tomada, la LXII Legislatura decidió la no ratificación de Valencia Ramírez. Esto sorprendió incluso a quienes dentro del Congreso suponían que —tomando en cuenta el antecedente de Alberto Esteva Salinas, que fue ratificado como Secretario de Seguridad Pública a pesar del desacuerdo de muchos legisladores— sólo ante un caso verdaderamente extraordinario podría ocurrir la posibilidad de no ratificar una decisión del Gobernador respecto de su gabinete.

Esto ocurrió, inusitadamente, frente a una situación y una propuesta que en realidad no revestía mayor trascendencia ni para el gobierno —que está en pleno de cierre de ejercicio— y tampoco para el rubro de la política social, ya que la Sedesoh tiene programas sociales ya muy encaminados. Con eso, ahora el Congreso tendrá también que repensar la importancia de haber tomado, y quizá volver a hacerlo después, una decisión que sí tiene cierto grado de complejidad. ¿Por qué?

Básicamente porque esta podría ser una muestra de la crisis que puede generar la intervención inopinada del Legislativo en las decisiones que se encuentran en la potestad del Poder Ejecutivo. Es cierto que fue el propio gobernador Cué quien propuso el mecanismo de ratificación de todos los funcionarios del gabinete legal, como una forma de equilibrar el poder, y como una muestra de voluntad democrática.

En congruencia, por eso que ayer mismo el Gobierno del Estado anunció su decisión de no inconformarse ni de recurrir la decisión tomada por el Congreso. Lo grave en esto es que la Legislatura haya tomado una decisión de esta magnitud como una forma de berrinche o de demostración de poder al Gobernador, y con eso esté interviniendo indirectamente en el campo de la administración pública, que no es su función.

La razón es evidente: se supone que la ratificación de los integrantes del gabinete, tiene una función de “vigilancia legislativa” sobre las decisiones que toma el Gobernador. Ésta debiera ser una herramienta jurídica de uso muy cuidadoso por el solo hecho de que una no ratificación significa una intervención directa en las funciones que no le tocan al Congreso, y que tienen que ver con las tareas de gobierno.

Por eso, se supone que la ratificación es como un mecanismo extraordinario de control cuya eficacia tendría que ponerse a prueba en el caso de que el nombramiento hecho por el Ejecutivo fuera verdaderamente peligroso para el interés público o que —como en el caso de Esteva Salinas, a quien sí ratificaron los diputados— el nombramiento recayera en una persona cuya fama pública, probidad, o antecedentes personales constituyeran un riesgo para las funciones o patrimonio del Estado.

CORRESPONSABLES

La ausencia de razonamientos o explicaciones sobre la decisión tomada, pone al Congreso local en el espacio de las corresponsabilidades. Cuando el Congreso ratifica a los funcionarios propuestos por el Mandatario, no es responsable el Legislativo de sus buenos o malos resultados, ya que quien está ejerciendo en realidad la función administrativa, y está asumiendo el costo de los aciertos o errores de sus funcionarios, es el Mandatario.

Por eso, lo común es que el Congreso haga la función de ratificación casi en automático porque se asume que el costo de las decisiones está en el campo del Ejecutivo, y que en el marco de la división de poderes, un acto como ese sí constituye una intervención en el ámbito de otro poder. Esto ocurre, incluso, en el ámbito federal, respecto a los empleados superiores de Hacienda, el Procurador General de la República (hasta antes de la reforma) y los demás funcionarios que la Constitución establece que deben ser ratificados por el Senado. Éste difícilmente considera la posibilidad de no ratificar, porque sabe que al vetar a un funcionario entonces sí se crea un vínculo de corresponsabilidad.

¿Qué sigue? Dice el artículo 88 de la Constitución: “El nombramiento de los secretarios de despacho lo realizará el Gobernador del Estado y será ratificado por el Congreso en pleno o por la Diputación Permanente en un plazo improrrogable de diez días naturales; si no resolviere dentro de dicho plazo, el nombramiento quedará ratificado. En caso de que el nombramiento del que se trate fuera rechazado por el Congreso del Estado, dentro de los siguientes diez días, el Gobernador del Estado hará una nueva propuesta; en caso de ser rechazada, el Gobernador hará libre y directamente la designación del Secretario de despacho. El Gobernador del Estado tendrá en todo momento la facultad de remover y cambiar libremente a los Secretarios de despacho”.

Esto es: el Ejecutivo no podrá volver a proponer a la misma persona que ya fue rechazada. El Congreso podría volver a rechazar la propuesta y abrir con eso la puerta para que se hiciera una designación libre. Mientras cualquiera de esas cosas pasa, lo cierto es que el Congreso ya se introdujo —sin una necesidad evidente, y más bien parece que lo hizo sin considerar las implicaciones de la decisión— en un espacio en el que debió haber evitado meterse.

Al final, también sería provechoso —si la diputación local dejara la abulia que la caracteriza— repensar dicha facultad y considerar la posibilidad de eliminarla. Pues no ha servido como control al Ejecutivo (el caso Esteva Salinas lo demuestra) y tampoco ha sido un “botón de pánico” frente a nombramientos controvertidos. El desaprobar a una funcionaria que no revestía una cuestión toral para el gobierno, sólo los ubica en una posición por demás cuestionable.

HELMES, A MORENA

Tal parece que esa es la intención —que cada se parece más a un sueño “guajiro” —: que una vez que termine su rectorado, Eduardo Martínez Helmes sea ungido como diputado por Morena. ¿Pondrá como carta de presentación para buscar la postulación, los intereses de su cacicazgo familiar en la UABJO?