+ Es necesario documentar esos hechos, no ser una herramienta electoral
En días próximos, la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregará su informe final sobre las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto magisterial de 2006 y 2007. Como es predecible, dicho informe incluirá una relatoría de hechos así como una enumeración de servidores públicos, víctimas, e integrantes de la ciudadanía, que tuvieron alguna relación con dichos acontecimientos. Este informe, constituye una oportunidad histórica para que los oaxaqueños sepamos con exactitud qué pasó durante la crisis social de hace casi una década. Es deseable que se logre dicho objetivo y no que el informe termine siendo una herramienta política para los tiempos electorales.
En efecto, desde que en noviembre de 2014 se integró la CVO, se estableció que sería en la primera quincena de marzo de 2016 cuando entregarían y darían a conocer su informe final. En dicho documento, dijeron los integrantes de la Comisión al tomar protesta, se consignarían “los elementos necesarios que garanticen el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, así como las recomendaciones necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos como los que se vivieron en ese periodo en Oaxaca”.
Esta posibilidad constituye una gran oportunidad para Oaxaca. El problema es que insistentemente, a esta CVO se le ha intentado presentar como un instrumento de persecución de delitos, o de fiscal, que evidentemente no debería tener. Pues como su propio nombre lo dice, una Comisión de la Verdad es creada para conocer palmo a palmo el conjunto de hechos ocurridos durante un periodo específico, en el que probablemente habrían ocurrido violaciones a derechos fundamentales. Por eso, aunque suene a redundancia, una Comisión de la Verdad está hecha para conocer la verdad, antes que para perseguir a los presuntos responsables de la comisión de delitos, incluso los de lesa humanidad.
En ese sentido, parece que en Oaxaca hubo un conjunto de confusiones que dieron pie a esta aparente dualidad de la Comisión de la Verdad, que como su nombre lo dice, está conformada para la investigación de hechos, pero que según su decreto de creación, también tiene como encomienda de contribuir con las labores de las autoridades competentes en la investigación de posibles violaciones a los derechos humanos y la probable comisión de hechos constitutivos de delitos, incluidos los de lesa humanidad, cometidos contra las personas con el movimiento social ocurrido en el Estado los años 2006 y 2007 (parte final del artículo 6 de la Ley que crea la CVO).
Asimismo, en las atribuciones de la Comisión de la Verdad también se encuentra una que está encaminada a la persecución de delitos. En la fracción VIII del artículo 8 de la Ley, se señala que la CVO tiene como atribución “denunciar cualquier hecho presuntamente constitutivo de delito a los órganos jurisdiccionales, administrativos y autónomos, para que implementen las acciones legales correspondientes en términos de ley”.
Frente a todo esto, vale una pregunta: ¿Además de perseguir el cumplimiento de sus funciones naturales de investigación, una Comisión de la Verdad debe ser también una especie de “coadyuvante” del Ministerio Público, o una denunciante formal de hechos que a su consideración constituyan delitos? Más aún: ¿una Comisión de la Verdad puede utilizar su informe de resultados como una especie de dedo flamígero que acuse, cuando se supone que la tarea de perseguir delitos debiera ser propio de las autoridades ordinarias, justamente como el Ministerio Público o los jueces, según sus respectivas competencias?
QUE NO SEA HERRAMIENTA POLÍTICA
Parece una expresión de Perogrullo, pero una Comisión de la Verdad debe dedicarse a buscar la verdad, y nada más. No es una afirmación tajante en el sentido de que no pueda expresar opiniones, o incluso poner a disposición de las autoridades el resultado de su investigación, para que esa sea la pauta para la persecución de algún delito que posiblemente hubiere quedado impune. Lo que es mucho más delicado, es que formalmente una Comisión de esta magnitud se cree con esa finalidad persecutora, así sea marginalmente.
¿Por qué? Porque, como lo apuntamos aquí desde que se planteaba la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad sobre el conflicto magisterial de 2006, hacerlo significaría de entrada el reconocimiento tácito del propio Estado en Oaxaca, de que todas las autoridades e instancias bajo sus órdenes son incapaces de llevar a cabo esas investigaciones, no sólo para conocer la verdad sino también para perseguir delitos. Ordinariamente, esa es una tarea del Ministerio Público y de los jueces. Y el hecho de que venga una Comisión a hacer ese trabajo de sistematización de información con el objeto de llegar a una verdad histórica, significa que el trabajo de las autoridades ordinarias es inservible.
Evidentemente, esa es apenas una arista del problema. A todos debe quedar perfectamente claro que ni esta Comisión, ni cualquier otra que se jacte de ser seria y tener finalidades creíbles, debería tener como misión hacer juicios de valor o señalamientos específicos. Una cosa es conocer la verdad a partir de la corroboración de hechos y testimonios de los involucrados, y otra muy distinta la de ser un fiscal que señala y acusa según su perspectiva de lo investigado.
Esto último pone a la CVO, y sus resultados, en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Primero, porque la tentación de acusar resulta natural de cara a un episodio como el ocurrido en Oaxaca hace una década. Segundo, porque hay una proclividad casi natural —aunque no por ello justificable— a señalar directamente las responsabilidades por las violaciones a derechos humanos. Y tercero, porque por el momento político por el que atraviesa el Estado —la sucesión de Gobernador y el reacomodo de las fuerzas políticas en la entidad—, también sería una tentación enorme la de utilizar los resultados del informe como una herramienta de fines político-electorales.
ESCENARIOS CAMBIANTES
¿Por qué el PRI en Oaxaca sigue moviendo fechas y programas de sus procesos internos para elegir candidatos a diputados y autoridades municipales? Ello refleja falta de seriedad, además de poner en duda la operación política para determinar a sus abanderados. ¿Dónde están esos codiciosos “generales” priistas que según iban a ser el factor de estabilidad para las campañas en la entidad?
