+ Viraje presidencial, derivado del ajuste en los Estados Unidos
A veces nuestra realidad doméstica no nos permite ver en toda su magnitud la trascendencia de algunos virajes en ciertas políticas gubernamentales. Esto es, seguramente, lo que nos pasa frente a un hecho tan trascendental como el cambio de paradigma propuesto esta semana por el presidente Enrique Peña Nieto respecto del combate, prevención y regulación de las drogas. Como titular del Poder Ejecutivo federal, y de cara a la comunidad internacional, el Presidente debió reconocer que su personal visión prohibicionista sobre las drogas está agotada, y que ahora se debe transitar a una política de prevención y control.
En efecto, cuando en noviembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un polémico asunto, en el que cuatro personas lograron que se declararan inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que prohibían el cultivo y la utilización de la mariguana con fines médicos, y que por eso la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) les extendiera sus respectivos permisos para llevar a cabo el cultivo y la utilización del enervante, en este espacio apuntábamos que no era exagerado decir dicha sentencia sobre la mariguana eventualmente podría generar un efecto importante que podría abrir finalmente el debate sobre el paradigma prohibicionista de las drogas, que afecta a sangre y fuego a todo el planeta.
Esto fue justamente lo que ocurrió esta semana, cuando el presidente Peña Nieto acudió a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés) y ahí reconoció la necesidad de cambiar el paradigma respecto a la actuación de los Estados frente a las drogas. En ese sentido, Peña Nieto llamó a la comunidad internacional a transitar de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación de las drogas.
Peña Nieto —que públicamente se había manifestado en contra de cualquier tipo de legalización, apenas en noviembre del año pasado cuando la Suprema Corte resolvió un primer asunto sobre el cultivo y consumo legal de la mariguana— ahora advirtió que la llamada “guerra contra las drogas” que inició en los 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de estupefacientes en el mundo.
En ese sentido, propuso a la comunidad internacional diez acciones que pasan por el reconocimiento de la corresponsabilidad en la atención al problema, pues “ningún país puede, por si solo, hace frente a este flagelo”. Advirtió que ante limitaciones del régimen prohibicionista se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los derechos humanos. Solo así, dijo, podremos ofrecer respuestas más integrales, equilibradas y promotoras del desarrollo.
“Este cambio de fondo implica modificar el enfoque eminentemente sancionador para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad y no a las sustancias y procesos judiciales en el centro de nuestros esfuerzos”. Peña Nieto dijo que además es necesario reformar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional para cerrar el paso a sus operaciones financieras y delitos conexos y avanzar en el desmantelamiento de grupos delincuenciales.
CAMBIO OBLIGADO
¿Por qué si el presidente Peña Nieto se había manifestado públicamente en contra de cualquier forma de legalización, ahora cambió su propia postura política —y nada menos que la del gobierno federal, al girar instrucciones a varias dependencias para comenzar a trabajar en aspectos de regulación de ciertas drogas hoy ilegales—, hoy manifiesta una posición distinta? La respuesta tiene que ver mucho con el cambio de paradigma a nivel internacional, y particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica.
En la Unión Americana, en noviembre de 2012, los estados de Colorado y Washington aprobaron la legalización de la marihuana para uso recreativo, ante lo cual México y tres países de Centroamérica pidieran a la Organización de Estados Americanos analizar el impacto que tendrá en la región. El 1 de enero de 2014 comenzó la venta legal de marihuana con fines recreativos en el estado de Colorado, convirtiéndose así en el primer mercado público de marihuana de Estados Unidos.
Frente a esto, un informe de la OEA dice que uno de los posibles impactos de la legalización de la marihuana en Colorado y Washington es un aumento de la violencia entre cárteles en México. Las pérdidas por la legalización se distribuirían de forma diferente entre los cárteles mexicanos, el más afectado sería el Cártel de Sinaloa y el menos afectado el Cártel de los Zetas. Lo que abre la posibilidad de los cárteles menos afectados ataquen a los más golpeados con el fin de recuperar mercado y control de territorios en ambos lados de la frontera. De ser el caso, el aumento de la violencia se daría en el corto y mediano plazo, pero tendería a disminuir en el largo, junto con su poder de fuego y la capacidad de los cárteles para corromper autoridades.
BENEFICIO, A MEDIANO PLAZO
Sin embargo, apunta dicho informe, esta situación puede ser benéfica para México si se hacen los cambios necesarios en la política de drogas. La legalización de la marihuana para fines recreativos en México, aumentaría el daño financiero de los cárteles, ante esto los cárteles no podrían reaccionar “mudando” su mercado minorista de EE.UU. a México, como algunas voces antilegalización, dicen. Mientras, México ya dio un trascendental primer paso.
