+ EPN federaliza, nuevamente, asuntos de incumbencia estatal
Oaxaca enfrenta una triple paradoja en cuanto al reconocimiento de la diversidad en las relaciones de las personas: la primera, es que nuestra entidad tiene un gobierno aparentemente de izquierda, pero que ha resultado ser abrumadoramente conservador de cara en las que sustantivamente tendría que demostrar su vocación progresista; la segunda, que Oaxaca sentó el precedente nacional sobre el llamado “matrimonio igualitario”; y tercera, que por enésima ocasión el gobierno federal pretende “federalizar” una cuestión que debió ser propia de las entidades federativas, pero que por negligencia o atavismos muchas de ellas se negaron a enfrentarla. Ese es el panorama real, más allá de la retórica, del reconocimiento a la diversidad en las personas.
En efecto, ayer el presidente Enrique Peña Nieto firmó una serie de iniciativas para garantizar en todo el país el respeto al derecho a un matrimonio sin discriminación y para derogar o modificar cualquier norma con contenido discriminatorio en las leyes del país. Asimismo, el mandatario anunció varias acciones para reforzar el acceso de la comunidad de la diversidad sexual a sus derechos.
En ese aspecto, el Ejecutivo federal firmó una iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional para incorporar con toda claridad el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que todas las personas puedan contraer matrimonio sin discriminación alguna. Detalló que de esta forma quedaría explícito el matrimonio igualitario en la Constitución como lo ha determinado la Corte y como ya ocurre en varias entidades federativas, no así en Oaxaca.
“Sin embargo no puede haber en nuestro país quienes en algunos estados y entidades tengan ciertos derechos y en otros no. Se trata a final de cuentas de asumir este reconocimiento, insisto, sobre el que ya hay jurisprudencia de la SCJN y hoy corresponde emprender esta iniciativa para realmente enmarcarlo en la Carta Magna como un derecho”, precisó el Mandatario. El Presidente firmó además una iniciativa de reforma al Código Civil Federal para asegurar el matrimonio igualitario a fin de que pueda realizarse sin discriminación alguna entre personas mayores de 18 años acorde con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Por qué es relevante todo esto? En un primer aspecto, porque es claro que ante la pasividad y los atavismos sociales de varios estados del país, ayer el gobierno federal le arrebató otro tema en el que no tenía por qué meterse, pero que lo hizo para aprovechar la oportunidad —política, y quizá hasta electoral— que esto representa. Es creciente la comunidad mexicana que exige cambios en la regulación sobre la convivencia y las relaciones entre las personas —el reconocimiento del matrimonio igualitario en todo el país, como cúspide esas exigencias.
Sólo que los gobiernos estatales han declinado —en su mayoría— la posibilidad de establecer una postura y reformas sobre ese tema, y por eso hoy una variedad enorme entre estados que aceptan o rechazan el matrimonio igualitario, como reflejo (aparente) de los dilemas morales de sus respectivas sociedades. Oaxaca se encuentra en el pináculo de esa situación, por ser la entidad sobre la que se estableció la jurisprudencia sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario.
GOBIERNO CONSERVADOR
Oaxaca presume de tener un gobierno de izquierda, y sin embargo tanto el Ejecutivo como el Congreso de Oaxaca litigaron hasta la última instancia la pervivencia de la figura que establece que el matrimonio es un contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer. Fue una pareja —dos mujeres que querían contraer matrimonio— la que en Oaxaca inició el proceso de reconocimiento de su derecho a casarse. Solicitaron la celebración del matrimonio ante la Dirección del Registro Civil, y ésta les negó dicha posibilidad, alegando lo que establece el artículo 143 del Código Civil de Oaxaca.
De ahí se fueron a un amparo, que esas dos personas ganaron en primera instancia, pero que fue recurrido en todas sus instancias por el gobierno de Oaxaca que se resistía a reconocer el derecho que tenían a contraer matrimonio en las mismas circunstancias que un hombre y una mujer, bajo la protección constitucional de no ser discriminadas por su cuestión de su preferencia sexual. Finalmente, el asunto llegó a la Suprema Corte, que ratificó el fallo dictado de origen por un juez federal con sede en Oaxaca, y ello sentó un precedente para que otras parejas homosexuales solicitaran ese mismo amparo a partir del mismo argumento y lograran la posibilidad de casarse.
Luego de docenas de casos, la Corte emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad no sólo respecto al Código Civil de Oaxaca, sino para cualquier otro del país que estableciera que el matrimonio es un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer, estableciendo que debe entenderse que éste se realiza entre “dos personas”, siendo irrelevante si éstas son varones o mujeres.
OPORTUNISMO
Sí, la decisión presidencial de tomar estas iniciativas para legislarlas a nivel federal puede ser visto como un acto de oportunismo. Pero es tal, frente a la resistencia y el silencio de los poderes estatales. El matrimonio es una figura regulada por los estados, que ahora tendría un lineamiento constitucional general. ¿Es una intromisión? Posiblemente, sí. Pero también es resultado de la inactividad y los atavismos demostrados por los estados para modernizar sus respectivas legislaciones.
