México no puede seguir esperando a buena voluntad contra la corrupción

Duarte

+ Acciones de Inconstitucionalidad vs Veracruz y Q Roo: algo no anda bien


El presidente Enrique Peña Nieto ha demostrado ser de esos presidentes que no tiene empacho en tomar decisiones cuando se trata de proteger sus intereses. Así, en esa peligrosa dualidad, ha sido inmune —aunque con altos costos políticos— a las críticas sobre su denodada protección a la corrupción que existe en México; pero, en alguna medida, esa también ha sido la pauta para tomar decisiones como la que anunció ayer, de ir en contra de los gobierno de Veracruz y Quintana Roo, que pretendieron blindarse ante la próxima alternancia de partidos en el poder. Al final, lo que el Presidente demuestra es que está dispuesto a que se honre la legalidad, pero sólo en la casa de sus compadres (incómodos).

En efecto, ayer en conferencia conjunta, Eduardo Sánchez Hernández, vocero de la Presidencia de la República, y Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR anunciaron que la Procuraduría General de la República había presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sendas acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de Quintana Roo y Veracruz.

Con esta acción instruida por el presidente Enrique Peña Nieto, dijeron ambos funcionarios, se pretende que el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, no puedan anticiparse para su beneficio en materia anticorrupción y tampoco nombrar a funcionarios para este fin. Ambos son de afiliación priista. “Resulta conveniente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analice tales reformas, toda vez que ante la falta de competencia de los Congresos de las entidades federativas mencionadas, se generará, en perjuicio del propio Sistema Nacional Anticorrupción, una inseguridad jurídica que pondría en duda las reglas de dicho Sistema”, remataron.

Esto resulta relevante, en un primer momento —y quizá hasta reconocible—, a partir de la premisa de que por primera vez, el Ejecutivo federal está tomando acciones en contra no sólo de Gobernadores en defensa del centralizado Sistema Nacional Anticorrupción, sino que lo está haciendo en contra de gobernadores emanados de su mismo partido (el PRI), y además lo está haciendo respecto a mandatarios que han demostrado ser altamente corrosivos para el “sistema democrático” —si es que se le puede llamar así a estas alturas— con el que el gobierno federal pretende legitimarse ante una sociedad cada vez más incrédula de la voluntad del gobierno federal por combatir la corrupción.

En este primer rubro, resulta muy interesante la forma en cómo el gobierno del presidente Peña Nieto está tratando de combatir la corrupción a través de mecanismos de control constitucional que —¡vaya paradoja!— involuntariamente están rematando la centralización del sistema de control de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

La lógica federal es consultarle a la Corte, para que ésta determine, si las decisiones tomadas por los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, violan o no los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto parece, en gran medida, una maniobra más política que de constitucionalidad, no para combatir dichos actos, sino esencialmente para demostrarle a la ciudadanía que el gobierno federal está de verdad preocupado por combatir la corrupción pero con gobernadores priistas que han sido fuertemente cuestionados por su desempeño y resultados, y que en gran medida fueron constructores de parte de la derrota priista de los comicios de junio pasado. Por eso, esto más que preocupación por el Sistema Anticorrupción, parece una venganza política en contra de Borge Angulo, y Duarte de Ochoa.

¿Y EN SU CASA?

Esa es la duda que queda: para investigar sus propios vínculos de corrupción, el Presidente nombró a un subordinado como encargado de conducir la investigación en su contra, y éste resolvió que el Presidente —su jefe, junto con su esposa, la señora Angélica Rivera— no tenía ningún conflicto de interés por el origen del financiamiento para la construcción de la casa (la llamada “casa blanca”) en la que ¿habita? el Presidente y su familia.

¿Por qué el Presidente no se midió con la misma vara que ahora mide —con razón— a los gobernadores Duarte y Borge Angulo? La cuestión no es dilucidar si los dos mandatarios estatales merecían o no la Acción de Inconstitucionalidad que ayer les presentaron, a partir de que el Presidente no se midió con la misma vara cuando hubo que investigar un acto cometido por él respecto a un contratista del gobierno federal.

No: más bien lo que hay que ver es que cuando el Presidente tuvo que ordenar —orillado por las circunstancias— una investigación en su contra, hizo muy poco al solo ordenar a su subordinado, el Secretario de la Función Pública, que llevara a cabo una investigación, sin llegar más lejos en cuanto a la decisión de conformar una fiscalía autónoma para aclarar el asunto, o de dar, en ese momento, los pasos necesarios para la formación de un sistema más robusto de control a todos los servidores públicos bajo su potestad (nada menos que todos los funcionarios del gobierno federal).

DOS RASEROS

Por eso, si bien es relevante la decisión de impugnar las maniobras de Duarte y Borge para blindarse frente a las posibles investigaciones de corrupción, Peña Nieto sigue quedando a deber porque, por enésima ocasión, demuestra que quiere la democracia y el cambio pero sólo en los rubros que no lo incluyen como titular del Ejecutivo federal.