+ Discrecionalidad, porque la S22 siempre busca negociar la ley y la justicia
Ayer ocurrió un primer encuentro importante entre el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y la dirigencia de la Sección 22 del SNTE. Hubo expectativa no sólo por ser uno de los encuentros cruciales que determinarán la educación, sino porque ello resulta relevante para la gobernabilidad del Estado en el mediano y largo plazo. Era evidente el imperativo del nuevo gobierno por iniciar el diálogo con el magisterio; pero también era necesario que la Sección 22 estableciera interlocución más allá de sus desencuentros con la administración anterior. Parece, además, que unos y otros van entendiendo que seguir instalados en que el conflicto es “patria o muerte” no los llevará más que a pérdidas comunes. Ahora, para evitar consecuencias nocivas para Oaxaca, lo que debe quedar bien clara es la frontera entre el diálogo educativo —incluso en temas laborales y salariales—, y la negociación de la ley.
En efecto, ayer al mediodía se estableció una primera mesa de trabajo entre la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, y representantes del gobierno estatal, encabezados por el propio gobernador Alejandro Murat. El encuentro se realizó en un salón del teatro Macedonio Alcalá —un espacio de los perimetralmente ocupados por el plantón permanente de la Sección 22— y ocurrió a puerta cerrada. Esta circunstancia generó suspicacias por la añeja tradición de dialogar en secreto con el objeto de negociar la ley, en temas que no son los propiamente educativos. Horas más tarde, al terminó el encuentro, el gobierno emitió un comunicado en el que estableció claramente los puntos a tratar y la forma en cómo se procesarán para tratar de generar una mejor relación entre el gobierno y las bases magisteriales.
“En estricto apego a la Ley —establecía el comunicado—, el Gobierno del Estado se comprometió –bajo un esquema financiero responsable- a regularizar la situación laboral de los trabajadores de la educación que comprobaron estar laborando, previa revisión realizada escuela por escuela por personal del IEEPO. El gremio magisterial se comprometió a no afectar el calendario escolar y cumplir con su trabajo en las aulas. Asimismo, se acordó el calendario de pago de los adeudos con los trabajadores que serán regularizados”. Esto, dijeron, para dotar de certeza laboral a 3 mil 699 trabajadores de la educación, entre personal docente y administrativo, que comprobaron estar en servicio.
En otra parte, sustancial, el comunicado de referencia señalaba que “para regularizar su situación laboral, los 2 mil 401 trabajadores docentes y mil 298 administrativos, las autoridades educativas federal y estatal los contratarán inicialmente con una plaza temporal, en tanto se valida su antigüedad y son convocados a los procesos de evaluación que por Ley corresponden. Lo anterior permitirá, bajo los causes normativos correspondientes, brindar certeza laboral a las y los trabajadores de la educación, que es uno de los principales objetivos de la Reforma Educativa”.
Todo esto, además de dejar en claro que esta negociación no implica que esos trabajadores queden al margen de la vigilancia administrativa del IEEPO, ni tampoco que los egresados de las escuelas normales vayan a recibir plazas de trabajo sin participar en los procesos de evaluación de ingreso a realizarse en las semanas siguientes.
ENTENDERSE, NO COLUDIRSE
La Sección 22 entendió, a lo largo de los últimos años, que cualquier forma de negociación con el gobierno estatal tenía como precondición el sometimiento de la autoridad estatal a los designios, caprichos ocurrencias o de la dirigencia magisterial, o de sus corrientes ideológicas, o hasta de la dirigencia seccional. Esta relación, por demás alimentada por Gabino Cué —que se dedicó a tolerarlos hasta la ignominia, para después romper relaciones casi por completo luego del 21 de julio de 2015— debía cambiar, porque a pesar de todo lo que ha pasado, la reforma educativa sigue ahí.
Hoy, a estas alturas, es claro que la Sección 22 no puede seguir instalada en la exigencia de la abrogación de la reforma educativa, sino más bien —algo lógico para todos, menos para ellos— comenzar a buscar los esquemas que le permitan el bienestar a sus trabajadores. Lo acordado ayer con el gobernador Murat, es una clara muestra de un sindicato preocupado por la estabilidad y certeza laboral de sus agremiados y, de cumplirse el compromiso relacionado con el ciclo escolar, también sería una importantísima muestra de voluntad por encima de la obcecación mostrada en los últimos años por considerar su lucha a partir de la lógica del todo o nada.
En el fondo, lo que el gobierno de Alejandro Murat debe cuidar es que el diálogo no traspase los linderos de la negociación política y mucho menos pase a los intentos de negociación de la ley. Era sano y deseable que todos pugnaran por la revisión del personal que trabaja —algo que dice la Sección 22 que puede demostrar, pero que también el IEEPO debe revisar puntualmente—; pero de eso, a negociar la liberación de sus “presos políticos” o la búsqueda de espacios de privilegio, hay un trecho grande que no debe cruzar la nueva administración si quiere construir una relación productiva, y si de verdad desea alimentar su legitimidad frente a los oaxaqueños.
DE PENA AJENA…
Una cartulina, mostrada por una diputada de Morena, ayer en la sesión ordinaria del Congreso local, en la que retaba al insufrible de Samuel Gurrión, a no “imvitarlos” (sic) a otra actividad relevante como la del 1 de diciembre. Tan malo el pinto, como los colorados.
