La agenda de medios en Oaxaca, incluye reconocerlos como empresas

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Los medios de comunicación tienen un carácter dual, que por un lado los conmina a cumplir con la función —y la responsabilidad— social de informar, pero que en el otro extremo la propia ley les impone las mismas obligaciones que a cualquier persona jurídica, en sus relaciones tanto con el Estado como frente a terceros. En esa lógica es como debe entenderse la importancia y la relación que los medios de comunicación guardan con el público consumidor de información, así como con quienes se anuncian. Asumirlo es un imperativo esencial en el contexto de cambio de gobierno que se vive en la entidad.

En efecto, es larga —y sinuosa— la discusión sobre qué papel juegan los medios de una sociedad como la nuestra. El sentido social y deontológico —es decir, en el ámbito del deber ser— se ha establecido que los medios cumplen con la función social de informar, y también se ha remarcado que esa particularidad es la que los diferencia de cualquier otro tipo de empresa o de proveedor de servicios, que puede realizar operaciones con cualquier tercero —el Estado, u otros particulares— en un sentido meramente lucrativo, o de actividades profesionales o mercantiles.

Esa diferencia respecto a las demás personas de derecho —físicas o morales, tengan o no fines de lucro o especulación comercial—, se marca a partir de criterios éticos que deben guardar los medios: objetividad, independencia, responsabilidad, oportunidad informativa, etcétera. Una empresa cualquiera, realiza los fines para los que fue creada, pero casi siempre sin límites éticos, morales o sociales como sí los tienen generalmente los medios de comunicación.

Sin embargo, eso no significa que los medios no sean empresas. Las leyes mexicanas le imponen a cualquier empresa de medios, exactamente las mismas obligaciones que a cualquier otra persona de derecho. De hecho, la Constitución federal y las leyes secundarias establecen la libertad de expresión, pero no le dan ningún estatus particular a quien realice esos fines.

Así, quien tiene dinero —o bienes intangibles como talento, conceptos, o creaciones intelectuales, entre otros, que también son indispensables para un medio de comunicación—, y lo invierte en un medio de comunicación, se convierte en un empresario como el que vende sillas o el que ofrece servicios profesionales, como un médico o un abogado. Y lo mismo ocurre con los trabajadores de la información: para la ley son —somos— fuerza de trabajo, con las mismas obligaciones y derechos que cualquier otro asalariado.

De este modo, un empresario de medios tiene que pagar los mismos impuestos que cualquier otro; cumplir con las mismas obligaciones de seguridad social que cualquier otro patrón; garantizar condiciones de trabajo a sus trabajadores; y entablar relaciones comerciales con particulares y el Estado, para poder cumplir con su responsabilidad social de informar, pero también para cumplir con el fin de lucro de la empresa, y para poder hacer frente a sus deberes como creador de empleos, y como agente económico activo.

RECONOCIMIENTO, NECESARIO

Esto debe quedar perfectamente claro en el contexto que vive Oaxaca: todos los medios de comunicación, como empresas, son proveedores de servicios del gobierno estatal y de un sinfín de empresas que consumen los servicios publicitarios e informativos que éstos ofrecen.

Bajo la lógica de que los medios de comunicación son empresas igual que cualquier otra, el Gobierno del Estado debe asumir con claridad que éstas deben tener ese mismo reconocimiento como proveedores de servicios a la administración pública, aunque también bajo las mismas condicionantes deontológicas de quien trata, además de lo anterior, con empresas que cumplen con la función social de informar.

De esta manera deben ser asumidas las empresas de medios, y no bajo la engañosa idea —que tanto daño le ha hecho a los medios, y a la legitimidad informativa que todos buscamos día con día— de que por definición los medios militan o tienen preferencias políticas, e incluso que son órganos de difusión de grupos políticos. Hay quienes con sus hechos demuestran esa circunstancia. Sin embargo, la gran mayoría de las empresas de medios, se dedica a informar desde su propia perspectiva y consideración, apelando a la responsabilidad informativa y confrontando a sus propias creencias e ideas, que de forma permanente inciden en el trabajo informativo.

Al final, como medios de comunicación todos buscamos mantener una relación sana, equilibrada, respetuosa y digna con el gobierno. En eso se inscribe la discusión necesaria sobre la necesidad de que existan criterios de asignación para el gasto publicitario. Como todos sabemos, el monto que anualmente se destina en el Presupuesto de Egresos para compra de publicidad, sirve por un lado, para que el Estado cumpla con una de sus finalidades —que es la de dar a conocer la información de la que, por su naturaleza, la sociedad debe estar al tanto—; pero que, por el otro, las propias empresas de medios puedan subsistir, generar empleos, cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales, salariales y demás; y además de ello, cumplir con la función social de informar.

LOS RETOS

En esa lógica, hoy el gobierno tiene el deber de reconocer a las empresas de medios como tales. Es decir, simplemente como empresas y como proveedores de servicios, ya que la ley no les impone ninguna salvedad o particularidad que haga suponer otra cosa. Además, debe asumir la relevancia que tiene, para ésta y cualquier sociedad, la pluralidad informativa. Debe reconocer que de los medios dependen cientos, quizá miles, de empleos y familias en Oaxaca, y que son un eslabón más de la cadena productiva y de empleos de la entidad.