+ Contra la corrupción, impulsan figuras alternativas para controlarla
Para nadie es un secreto que la corrupción es, por mucho, uno de los principales problemas del Estado mexicano. Llega a tal nivel, que a gran escala las autoridades hoy son cuestionadas por los problemas de ilegitimidad que enfrentan. No sólo tiene que ver con las dádivas o con los actos indebidos, sino también con cuestiones como la persecución a la delincuencia organizada y todo el entramado institucional que se supone que soporta la actuación del Estado. En ese marco se inscribe la implementación del sistema Nacional Anticorrupción, pero también diversos intentos —y amagos— de la comunidad internacional para tratar de presionar al gobierno mexicano para que tome medidas más eficaces o, en otra vertiente, para tomarla ellos mismos a través del mecanismo implementado en Guatemala, por el que enjuiciaron al presidente Otto Pérez Molina.
En efecto, uno de los ejemplos de la presión internacional en contra de México por un acto que en el fondo entrañaba posibles actos de corrupción, fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, del Penal de Máxima Seguridad de El Altiplano, en 2015. Una vez que se supo que el capo criminal se había sustraído del centro penitenciario, de inmediato se habló de su capacidad operativa para lograr evadir el penal más vigilado del país, pero también de la posibilidad de que en su fuga hubiera servidores públicos involucrados tanto como posibles partícipes activos, como otros que hubieran colaborado con omisiones en el desempeño de sus funciones. Esto activó las alertas de Estados Unidos relacionadas con la corrupción, que ya tenían antecedentes por temas como Ayotzinapa o la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto.
De hecho, exactamente una semana antes de la reaprehensión del Chapo Guzmán, el icónico diario estadounidense The New York Times dedicó su editorial (4 de enero de 2016) a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.
El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.
TERQUEDAD
El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.
Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.
Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.
Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.
Esa Comisión Investigadora es la que después determinó responsabilidades en contra del propio presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que se vio obligado a dejar el poder antes de culminar su mandato, y luego fue procesado y recluido por las acusaciones de corrupción instaurada en su contra.
PRESIÓN INTERNACIONAL
¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos intentó formalmente presionar al gobierno mexicano para que aceptara la instauración de una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció con la reaprehensión del Chapo, ocurrida también en enero, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión. O, como se habla también ahora, del establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción con jurisdicción en México, como ya también se comienza a mencionar.
