+ Hasta ahora, incrementos han sido por pactos políticos, no por la inflación
El alza a los precios de los combustibles es caldo de cultivo para los oportunistas, no sólo en los partidos políticos y las organizaciones sociales. Lo es, de forma destacada, para los sectores económicos que de alguna forma sí dependen del costo de los energéticos pero que, sobre todo, los utilizan como estratagema para decidir los incrementos. Uno de ellos es el sector del transporte concesionado de pasajeros en Oaxaca, que siempre utiliza el costo de los insumos como un pretexto para los incrementos, aunque en realidad siempre los acuerda a través de presiones o de intereses políticos.
En efecto, el mega gasolinazo del 1 de enero tuvo efectos devastadores en el estado de ánimo de la ciudadanía, que se sintió agraviada no sólo por los pesos que subió el precio de la gasolina y el diesel, sino por el hecho de que el gobierno pareció desentenderse de su deber de corresponsabilidad en las medidas de austeridad. Por si eso fuera poco, el solo bosquejo de la posibilidad de un incremento a los combustibles, fue suficiente para que diversos sectores de la economía anticiparan una escalada de precios tomando como base el encarecimiento del costo del transporte de los bienes y servicios que se comercian.
Uno de esos sectores fue, en el caso de Oaxaca, el del transporte público concesionado. Desde el 1 de enero, algunas empresas del llamado ‘pulpo camionero’, y otras organizaciones de taxistas citadinos y de transporte foráneos, dejaron ver una intención clara de incrementar el costo del pasaje. El pretexto fue que el insumo principal de las unidades de transporte —el combustible— se había encarecido hasta un veinte por ciento, y que ello hacía insostenible la tarifa actual.
Momentáneamente, la Secretaría de Vialidad y Transporte, que encabeza Francisco García López, pudo contener la escalada de precios particularmente en el transporte urbano y suburbano; aunque en realidad le ha sido imposible controlar a las modalidades de transporte que no utilizan tarifas fijas, sino que son más bien discrecionales, las cuales van desde los mototaxis hasta el servicio de alquiler de la capital oaxaqueña, que inmediatamente escaló sus tarifas sin considerar los llamados de la instancia reguladora a mantener los costos al público de 2016.
Esto es apenas el aviso de que, si bien el incremento no se dio por el oportunismo del inicio del año, sí ocurrirá irremediablemente en los meses siguientes de 2017. A partir de ahora, y hasta que lo logren, los transportistas tratarán de presionar al gobierno para que paulatinamente vaya cediendo a la posibilidad de incrementar la tarifa.
En esto, el verdadero riesgo es que, como ha pasado en otras ocasiones, el alza en los precios del pasaje se decrete sin que existan a su vez medidas de corresponsabilidad por parte de los concesionarios. Pues en todas las ocasiones anteriores, o la autoridad del transporte termina timada por los transportistas, o bien termina coludida con ellos para darles el incremento como parte de un acuerdo político —y no de una necesidad apremiante—, y básicamente a cambio de nada.
EL USUARIO NO IMPORTA
Hace apenas poco más de un año que ocurrió el último incremento a la tarifa del transporte público, y en aquel entonces el aumento fue proporcionalmente muy superior a la tasa de la inflación, e incluso también superior al incremento al precio anualizado de los combustibles. En noviembre de 2015 —y luego de un intento de madruguete, ocurrido en mayo de ese mismo año, cuando los concesionarios acordaron el alza con el entonces titular de Sevitra, Carlos Moreno Alcántara, y luego fueron frenados por el Gobernador del Estado—, el gobierno estatal finalmente les autorizó el incremento de un peso a la tarifa a cambio de diversas mejoras al servicio al usuario que, como suele ocurrir siempre, terminaron no ocurriendo.
En aquel momento, noviembre de 2015, la Sevitra prometió cosas que no cumplieron. En el comunicado que entonces emitieron para justificar el incremento a la tarifa, dijeron: “con el propósito de instrumentar un conjunto de mejoras en el transporte público concesionado, los empresarios se comprometieron a trabajar por la calidad del servicio, a través de la renovación y modernización de sus unidades, capacitación y exámenes antidoping a conductores, verificación vehicular, programas de medicina preventiva en el transporte, revisión físico-mecánica, reparación de unidades y la salida de automotores que no cumplan con las normas establecidas”.
Hoy, los concesionarios del pulpo no tardan en comenzar a presionar —de hecho, el lunes pasado ya tuvieron un primer intento que fracasó— para lograr el incremento. Lo harán no porque lo necesitan o porque sea irremediable, sino porque utilizarán el pretexto del gasolinazo para elevar sus utilidades. Buscarán, como siempre lo han hecho, el pacto político disfrazado de necesidad, para conseguirlo. Es sólo cuestión de tiempo para corroborarlo.
¿Y LA AUSTERIDAD?
Nadie en el sector público oaxaqueño —estatal y municipal— se ha acordado que el país está en crisis, y que la ciudadanía espera que también la burocracia de primer nivel se apriete el cinturón al menos para solidarizarse con la gente que sí está haciendo esfuerzos cada día más grandes para salir adelante. Nadie habla de eso. Quizá todos están atenidos a que sea sólo el Presidente, y el gobierno federal, quienes paguen el costo de la irritación ciudadana. Bisoños.
