+ ¿Crisis de representación o de legitimidad de los diputados y senadores?
El trauma social que causa el incremento de los combustibles en el país, hoy debe servir también como oportunidad para abordar algunos temas que molestan desde hace mucho a la sociedad mexicana, pero que no habían encontrado la oportunidad para encauzarse. El llamado ‘gasolinazo’ del inicio del año —y los que vienen— sensibilizaron y han presionado al sector público respecto a las demandas de austeridad, de honestidad, de combate a la corrupción, y de reducción de los costos operativos del sector público. De entre todo eso, resalta la reaparición de una discusión actual y necesaria: ¿México necesita 500 diputados y 128 senadores?
En efecto, desde el inicio del año el país se ha desbordado en protestas, que han ido de las más pacíficas y civilizadas hasta los actos vandálicos que vimos en la primera semana del año. Una decisión tan compleja como la de incrementar el costo de los combustibles en el país, implica también aceptar el fracaso de las políticas de contención de la inflación de los últimos años, y también cargar con el costo de las promesas fallidas sobre la reforma energética y sobre la aspiración general de los mexicanos no sólo de poder ganar más, sino de lograr un mayor poder adquisitivo con el salario ganado por su trabajo. Junto a todos esos costos, está uno más que es el del repudio social contra los privilegios y las resistencias del gobierno para eliminarlos y combatir la corrupción.
De entre todo eso, muchos han sido los reproches: que si el Presidente no asume la misma actitud de austeridad y privación de algunos satisfactores que hoy debieron asumir la mayoría de las familias mexicanas; que si los servidores públicos ya no deben tener salarios y prestaciones de privilegio; que si se deben eliminar gastos superfluos en toda la administración pública; que si los diputados y senadores deben abstenerse de recibir salarios y bonos extraordinarios; y, en el fondo de todo eso, cuestionar también si el país necesita a tantos legisladores que, en apariencia, son más una carga que verdaderos servidores de la patria.
Pues resulta que de forma casi irremediable, esa será una de las discusiones que presionen a la agenda pública de los próximos meses, y que incluso pueda convertirse en uno de los temas de la agenda de los próximos candidatos presidenciales. Parece clara la urgencia de someter al escrutinio el tamaño y el costo operativo de las cámaras federales, con relación a los resultados que éstas le dan al país y al compromiso real de sus integrantes con la ciudadanía mexicana.
¿QUITAR LEGISLADORES?
En teoría, los diputados y senadores son algo así como la materialización, los primeros, de la representación del pueblo mexicano ante el supremo poder federal; y los segundos, son la representación de los estados de la república ante el pacto federal. El problema es que esos diputados y senadores tienen una de las peores reputaciones que existen en el país, incluso por encima de la opinión general que tiene la gente de los agentes de tránsito, los empleados de las ventanillas de atención al público (que ‘muerden’ a la menor provocación) y hasta del Presidente de la República. De ahí nace la interrogante de si no sería mejor eliminar a una parte de ellos de la representación legislativa. Y aunque la respuesta parece muy atractiva, lo que se debe ver es que en realidad no es necesario quitarlos sino claramente reducirles los privilegios.
¿De qué hablamos? De que un país con 120 millones de habitantes debe tener órganos legislativos con una representación acorde a la inmensa población nacional. Pensar en lo contrario significaría pensar también en un mayor empoderamiento de las élites gobernantes y de una reducción de las posibilidades de que un ciudadano común pueda representar a un distrito determinado. Quizá habría que reducir la representación proporcional y repensar el número de distritos electorales uninominales, para que haya más diputados electos por mayoría, y menos legisladores de representación proporcional.
Junto a todo eso, otro tema de la mayor relevancia es la reducción de los privilegios. ¿Qué agravió a la nación en los últimos días de 2016? Que se dio a conocer, primero, que los diputados habrían de recibir un ‘bono secreto’ por una cantidad que oscilaba en los 500 mil pesos. Vino el escándalo, y algunos diputados anunciaron que devolverían, o que no aceptarían dicho bono, y sólo algunos, como los de la fracción priista, dijeron que sí lo aceptaban bajo la justificación de que era para dar gratificaciones de fin de año a su personal de apoyo.
Y luego, a pesar de ello, se supo que recibirían otro bono de 150 mil pesos por los remanentes en la operación de la cámara. Antes, cuando se discutió el paquete económico 2017, se cuestionó que, también, los diputados tuvieran ‘bolsas’ de recursos, para disponer de ellos para obra pública, según sus intereses políticos —y, todos sabemos, sus moches y otras prácticas igualmente repudiadas socialmente por corruptas.
REDUCIR PRIVILEGIOS
Básicamente, lo que debería reducirse —para no afectar el sensible tema de la representación nacional— es el enorme cúmulo de privilegios que hoy tienen los legisladores. Una discusión concomitante a esa, tendría que ser la de la eliminación, en el futuro cercano, de los senadores de representación proporcional que, en un contrasentido a la propia naturaleza del Senado, no representan a ninguna entidad federativa, ni a la ciudadanía, sino solamente a las cúpulas e intereses de sus partidos.
