+ Cooperación internacional no sólo está en los autos: seguridad, prioritaria
No es una casualidad que el gobierno mexicano haya decidido jugar rudo, en un asunto específico, en vísperas de la toma de posesión del republicano Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Desde hace meses, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto —y el país entero junto a él— vive una pesadilla por los nocivos efectos económicos de la campaña sistemáticamente antimexicana lanzada por Trump como eje de su aventura presidencial. A partir de hoy, tendrán que menguar los escupitajos y las amenazas del Presidente estadounidense; pero México tendrá que demostrar que la relación bilateral tiene más temas que la presión a las armadoras de automóviles.
En efecto, en las últimas semanas ha habido una franca guerra epistolar directamente entre Trump, en su calidad de presidente electo, y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La base de las diferencias han sido las presiones ejercidas por el Presidente estadounidense a algunas empresas fabricantes de automóviles para dirigir sus inversiones y generación de empleo hacia el territorio estadounidense; y la aseveración del Presidente mexicano respecto .
En los últimos años, México ha sido uno de los países favoritos para las inversiones de la industria automotriz, porque representa costos de producción mucho más bajos que en los Estados Unidos, y una posición privilegiada respecto a los mercados consumidores más importantes del mundo. El problema, es que esa posición privilegiada provocó el cierre de fuentes de trabajo en los Estados Unidos, para trasladarlas a México.
Y esa fue una de las bases discursivas de la campaña del Partido Republicano para ganar la contienda presidencial en estados clave que fueron perjudicados directos por el traslado de la industria automotriz de Estados Unidos a México: prometer a esos miles, quizá millones de trabajadores estadounidenses que en los años de vigencia de Tratado de Libre Comercio, sintieron que perdieron los empleos, la capacidad productiva, y el poder adquisitivo que tenían gracias a que la producción automotriz, y de muchas otras industrias, se trasladó a México, que esos empleos y capacidad económica volvería a los Estados Unidos.
Ello es lo que explica el interés de Trump por presionar de entrada a las armadoras estadounidenses —Ford, General Motors, y Fiat-Chrysler— a cancelar sus inversiones en México para trasladarlas a los Estados Unidos; y amagar a otras empresas de origen no estadounidenses como Toyota o BMW con establecerle impuestos especiales de importación a los Estados Unidos, si direccionaban sus inversiones hacia México. Esas maniobras tuvieron un efecto inmediato en la estabilidad económica mexicana, aunque en realidad ninguna opinión seria ha logrado sostener que en el mediano plazo esa política traerá más beneficios a Estados Unidos, que daños económicos a México.
Lo interesante es que en eso se ha centrado la disputa entre Estados Unidos y México, a pesar de que todas las voces autorizadas señalan que la relación entre las dos naciones tiene más profundidad que el solo tema del empleo o del establecimiento de la industria automotriz. La abrupta extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán es clara muestra de ello.
MUESTRA DE VOLUNTAD
Cuando hace casi un año fue recapturado, los abogados del Chapo Guzmán anunciaron que interpondrían todos los recursos legales a su alcance para impedir que su cliente fuera extraditado. Incluso, cuando a mediados de año se dejó correr la versión de que el propio Guzmán estaba negociando los términos de su extradición directamente con la justicia de los Estados Unidos, sus abogados volvieron a reiterar que no estaba en la voluntad del capo ser enviado a una prisión estadounidense.
En esa lógica, la defensa legal de Guzmán cumplió su palabra presentando todos los mecanismos de defensa y recursos que provee la ley, para ser extraditado. Entonces quedó claro que el tema no era un asunto de voluntad por parte del criminal, pero que tampoco estaba cruzado de brazos para cuando el gobierno mexicano decidiera extraditarlo. Así, casi inmediatamente después de que un tribunal colegiado le negara la protección de la justicia federal en contra del procedimiento de extradición que se le seguía, el Capo fue subido a un avión y puesto la misma noche de ayer a disposición de una Corte federal del estado de Nueva York.
¿Qué significa esto? Que linealmente, la extradición fue resultado de la derrota judicial de la defensa de Guzmán Loera. Sin embargo, esto ocurre en el contexto en el que México está urgido de elementos que lo acrediten ante el gobierno estadounidense, en un tema tan delicado como el de la seguridad binacional. El otro eje político de Trump ha sido la construcción de un muro en la frontera con México, y una de las justificaciones ha sido la necesidad de reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, de la que Guzmán es su referente más icónico.
PAUTAS
México, en el fondo, estaría dando la pauta para demostrar al gobierno estadounidense que la cooperación en materia de seguridad rebasa la tirante relación entre Donald Trump y nuestro país, y que finalmente, como naciones, México y los Estados Unidos deben darse muestras recíprocas de voluntad para luchar contra la delincuencia organizada, que se supone que es un enemigo común de los dos gobiernos, y de las dos naciones. Con un acto como ese, en vísperas de la asunción presidencial de Trump, sería una invitación abierta a la cooperación binacional en un escenario en el que el nuevo Presidente estadounidense ha reprochado muy por encima de la necesidad de proponer soluciones.
