Los ajustes salariales de la burocracia, deben responder a la realidad

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+ Bajar salarios, sin compensar con otros incentivos, alienta corrupción


Una de las razones esenciales por las que el Poder Judicial de la Federación buscó incrementar los salarios de los funcionarios judiciales, fue para desalentar la corrupción. Aunque ésta sigue existiendo, se entiende que es más complicado y costoso corromper a alguien que tiene un salario que le permite cubrir sus necesidades. Eso es algo que no se ha comprendido en la administración pública y, lejos de eso, siempre que se quiere mostrar sensibilidad se anuncian recortes salariales. Habría que ser muy cuidadoso en esas medidas, porque lo realmente importante y urgente en nuestra sociedad debiera consistir en la disminución —o erradicación— de los privilegios, antes que de los salarios.

En efecto, hoy ante la contingencia presupuestal que vive la entidad, y el país, muchos han apuntado a que nuevamente deben disminuir los salarios de la burocracia. A nivel federal y local, sin embargo, existe una brecha muy importante entre los salarios que percibe la llamada alta burocracia, con relación a los sueldos de la clase trabajadora del sector público en puestos medios y de mejor jerarquía. Esa brecha también existe en otros ámbitos como el Poder Legislativo, en donde pocas veces tiene relación el salario y las abultadas prestaciones de los diputados, respecto a las modestas percepciones que tienen los demás empleados de dicho poder. Esto, en los últimos años, se ha extendido a los órganos autónomos. Por eso la necesidad de distinguir entre jerarquías burocráticas; y entre la disminución de salarios y la eliminación de privilegios.

¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, en el caso de los diputados y senadores, el argumento fácil apunta a que debe disminuirse el número de legisladores en México. Dicen, quienes apoyan dicho argumento, que 500 son demasiado diputados, y que 128 constituyen, asimismo, un exceso de senadores. Dicho argumento, en realidad, es retórico: un país con casi 120 millones de habitantes necesitaría tener cuando menos ese nivel cuantitativo de representación popular, para poder demostrar la legitimidad de las decisiones tomadas y las leyes emitidas. Disminuir la representación significaría, proporcionalmente, restar legitimidad a las decisiones, con el enorme riesgo político que eso representa.

¿Qué debiera hacerse? Disminuir, en realidad, los privilegios que tienen esos 500 individuos en la Cámara de Diputados, y las abultadas prerrogativas de quienes integran el Senado, con una salvedad: los 32 senadores de representación proporcional sí deberían desaparecer, ya que ellos no representan a ninguna entidad federativa —que es la esencia del Senado— sino a las cúpulas de sus partidos, lo cual resulta un contrasentido a la naturaleza de la cámara alta.

En ese sentido, sería determinante llevar a la ley la cancelación de privilegios indebidos a los diputados y senadores, que hoy en día reciben incentivos económicos casi hasta por respirar, y que han incurrido en excesos tales como los denunciados a finales del año pasado de los aguinaldos y bonos extraordinarios que, para cada uno de ellos, habría rebasado los 650 mil pesos sólo por pagos decembrinos.

NO CASTIGAR A LA BUROCRACIA

En una lógica parecida debiera revisarse lo relacionado con la burocracia. Pues, en primer término, los recortes salariales siempre terminan afectando más a la burocracia media y baja que a la alta: ello se puede entender a partir de un razonamiento simple de proporcionalidad. ¿De qué hablamos?

De que no es lo mismo quitarle el 10 por ciento a un salario de 120 mil pesos mensuales, que restarle ese mismo porcentaje a un percepción mensual de 8 o 10 mil pesos. El golpe económico por el recorte, es proporcionalmente más profundo en los salarios bajos que en los medios y altos. Pues mientras esa cantidad recortada a un salario bajo golpea directamente el nivel de bienestar y satisfacción básica de la persona y su familia, en el medio y alto significa, cuando mucho, cancelar algún gasto superfluo o suntuario, pero sin comprometer su nivel y calidad de vida.

Ahora bien, junto a eso debiera también reflexionarse lo relacionado a la vulnerabilidad que generan los recortes salariales. ¿Qué no se supone que todos los servidores públicos y gobernantes en este país están preocupados y comprometidos con el combate a la corrupción? ¿Y entonces qué harán si en lugar de dignificar, precarizan aún más la función pública, y la ponen al mismo nivel de quienes prefieren la corrupción como una forma de tomar ventaja para conseguir un ingreso que no pueden lograr a partir de la competencia abierta en el mercado?

Esa no es una cuestión menor. Y, de hecho, es lo que también debe llevar a que se considere la reducción de privilegios antes que el golpe a los salarios de toda la burocracia. En esa eliminación se encuentran diversas formas en las que la burocracia de alto nivel recibe beneficios —legales o no— por el solo hecho de desempeñar un cargo, lo cual va desde un simple teléfono celular, hasta el reembolso de diversos gastos que no deberían estar comprendidos dentro de sus percepciones.

DIGNIFICAR EL SERVICIO PÚBLICO

Es retórica apuntar a que el servicio público debe ser un sacrificio o un apostolado. Se trata, de hecho, de establecer un marco mínimo de dignidad en el desempeño y remuneración por cada función, que al menos en Oaxaca, y en México, tiene muchos años extraviado completamente. En cada ciclo sexenal, hay estratos de la burocracia que pasan de la medianía a la superabundancia, mientras todos los demás siguen esperando simplemente la justicia salarial. Eso es lo que debía verse antes de caer en la demagogia de las soluciones fáciles que sólo profundizan las deficiencias del servicio público.