UABJO: todos, ajenos a cualquier posibilidad de rescatarla

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+ Gobierno y grupos internos, todos a favor de la “familia real”


Lamentablemente, la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca enfrenta calamidades muy superiores a las de sus sindicatos, y sus chantajes y amenazas de huelga de cada año. La Universidad, en realidad, atraviesa por una situación crítica que se agrava por el desinterés e incapacidad tanto de la administración estatal, como de la mayoría de sus grupos internos, para impulsar cambios de fondo. Con la inercia que lleva, su única ruta posible es la de la ruina.

En efecto, el fin de semana la administración universitaria anunció el fin de la huelga que había sido decretada por una facción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) que, para variar, había sido resultado indirecto de las presiones y chantajes orquestados por el secretario administrativo de la Universidad, Taurino Amilcar Sosa Velasco, que es funcionario universitario y a la vez impulsor del grupo sindical que organizó la huelga. La huelga —ilegalmente estallada— terminó no por las acciones jurídicas impulsadas por la rectoría para declarar su ilegalidad, o por la capacidad de concertación del gobierno estatal, sino por la firma de acuerdos hasta ahora no del todo clarificados por parte del rector, Eduardo Bautista Martínez.

Aunque este fue un alivio, todos saben que en realidad el vía crucis anual de la Universidad por la relación con sus sindicatos apenas inicia. Dentro de no mucho tiempo vendrán las acciones que impulse el STEUABJO; y luego vendrán las de los demás sindicatos (SUMA, STAUO y los otros grupos con reconocimiento como organizaciones sindicales) que igualmente presionarán a la administración universitaria no sólo para que les cumpla sus demandas y presiones de orden laboral o económico, sino también porque a través de la vida sindical de la UABJO, se desahogan buena parte de los problemas políticos que ahí existen.

En ese escenario, resulta una voz solitaria la del rector Bautista Martínez, que cada que puede insiste en señalar los graves problemas financieros que enfrenta la Universidad, y la imposibilidad de continuar cumpliendo los caprichos y demandas de todos sus sindicatos. En reiteradas ocasiones, Bautista Martínez ha dicho que la crisis económica de la universidad es profunda, pero su actitud de sometimiento a la familia Martínez Helmes le ha impedido ir más allá para exigir la clarificación de las cuentas y los estados financieros e la Máxima Casa de Estudios, que en buena medida se encuentra en crisis gracias al prolongado y desbordado control que han ejercido durante mucho tiempo el ex rector Abraham Martínez Alavés y sus hijos.

Si ese es un problema en sí mismo grave, todo se profundiza cuando se reconoce que si bien el tema financiero es grave, éste no es el peor de los problemas de la Universidad. Impacta, sí, en el hecho de que la Universidad tiene una carencia enorme de personal académico capacitado y reconocido en sus competencias reales, y que la propia administración universitaria ha fomentado y permitido la existencia de toda clase de vicios, tales como la manipulación del alumnado, la tergiversación del voto universal para las elecciones universitarias, y el discrecional y totalmente opaco sistema de asentamiento de calificaciones.

Aunque al final, la permanencia de cada uno de esos vicios es un abono a la tergiversación de la vida universitaria, y la existencia de los estrictos controles políticos por parte de la llamada “familia real”, que en el fondo se combinan con otros problemas más de fondo sobre los que nadie tiene voluntad o decisión para enfrentar y resolver de fondo.

TODOS AVALAN

A LA FAMILIA REAL

Aunque tienen una de las peores famas dentro de todos los cacicazgos universitarios en el país, nadie se ha atrevido a intervenir el poder de la familia Martínez Helmes. No lo ha hecho el rector Bautista Martínez, que no sólo no tiene ninguna voluntad para enfrentar a los Martínez, sino que tampoco podría tener la capacidad de hacerlo. Él, que es un investigador de cierto renombre y al que sus compañeros le reconocen amplias capacidades intelectuales, está totalmente solo y copado en la administración universitaria por los distintos grupos, y por los afines a los Martínez Helmes; pero además es un Rector que no tiene ganas ni fuerza para enfrentarlos.

Ello es lo que explica por qué el rector Bautista se ha resistido a reconocer la existencia de facciones contrarias dentro de la Universidad, y por qué también se ha negado sistemáticamente a entablar diálogo con los grupos disidentes en facultades y en conflictos como el de Derecho, que cualquier día podría volver a hacer crisis si al rector “legal” le vuelven a dar ganas de enviar a sus porros a tratar de desalojar a quienes tienen en su poder el edificio central universitario.

¿Por qué el rector Bautista se niega a dialogar con la disidencia en ese conflicto? Toma esa postura, no sólo porque le es más cómodo evadir el problema y no reconocerlo en su dimensión real, sino sobre todo porque es muy evidente que tiene miedo de que eso contradiga las decisiones y los intereses del ex rector Martínez Alavés, y haga algo que ponga en riesgo su supuesto bastión político de la Facultad de Derecho. Por eso, él —con todo y sus supuestas resistencias y diferencias con la “familia real”— sigue siendo el principal aliado de la permanencia en el poder de los Martínez.

En esa lógica, es trágico que hasta ahora la disidencia en el conflicto de la Facultad de Derecho tampoco haya tenido la capacidad de generar el eco y la atención necesaria en el Gobierno del Estado. Particularmente, el Secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, tiene una situación más cómoda evitando involucrarse en el conflicto ya que tiene una particular cercanía con la ex rectora Leticia Mendoza Toro, secretaria General de la Universidad —el hijo de ésta, Nahum Carreño Mendoza, es el secretario Particular de Avilés—, que a su vez tiene una alianza cargada de intereses con los Martínez Helmes.

Ahí, de hecho, la responsabilidad recae no sólo en la actitud deliberadamente indolente y convenenciera de Avilés —que, como casi siempre, calcula a favor de sus conveniencias sus movimientos, importándole poco si eso mismo le conviene al Estado—, sino también en el hecho de que los disidentes de la Facultad de Derecho no han logrado afianzar un movimiento que les permita el reconocimiento universitario, pero también la intervención política del Estado para darle cauce a su problemática de fondo.

Al final, la realidad apunta que por un lado los intereses políticos, y por el otro la displicencia, terminan beneficiando a los Martínez Alavés, que a pesar de tener de rodillas a la universidad, y sus arcas verdaderamente a punto del colapso, siguen gozando de cabal salud política. Nadie ni nada los ha movido, a pesar de todo el daño que le han hecho a la Máxima Casa de Estudios; y, como van las cosas, no habrá en el futuro cercano algún movimiento que permitan entrar de fondo a la revisión de su Ley Orgánica, de su funcionamiento interno, y de la auditoría a sus cuentas.

IMPUNIDAD

A estas alturas, ya a nadie le importa que uno de los tantos socios de Jorge Castillo Díaz, fue justamente el antecesor del rector Bautista Martínez, Eduardo Martínez Helmes. Los propios ex funcionarios universitarios de aquella administración, relatan cómo contabilizaron “utilidades” ilegales del presupuesto universitario, por más de 20 millones de dólares, que habrían ido a parar a las cuentas particulares de varios personajes, incluidos entre ellos los “facilitadores” financieros del gobierno de Gabino Cué.

El Ejecutivo debe preocuparse por reglamentar los gobiernos de coalición en Oaxaca

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+ Después de 2018, AMH va a necesitar figuras alternas que estabilicen su gestión


En lugar de generarse desgaste inútil en temas de poca trascendencia en el Congreso local, el Ejecutivo del Estado debería estar ya trabajando de forma muy detallada y pormenorizada todo lo que se relaciona con los gobiernos de coalición en la Constitución local. Hasta ahora hay sólo rastros generales de esa figura en las leyes locales, pero no existe el desarrollo pormenorizado que ya debería haber, para evitar que después de 2018 el gobierno se tambalee ante la inestabilidad derivada de los resultados electorales. Este es un resultado ampliamente previsible. Y por eso, en lugar de perder tiempo en frivolidades, intereses personales, y errores, los asesores del Ejecutivo, y la bancada priista, deberían invertir su capital político en el perfeccionamiento de ciertas figuras que después le serían de gran utilidad.

En efecto, hay amplias posibilidades de que la elección concurrente de 2018 sea un desastre para el priismo en la entidad. las razones no se basan sólo en el trabajo político que pueda desarrollar el priismo local en los comicios donde se elegirán diputados locales, diputados federales, senadores y Presidente de la República, sino en los factores nacionales que ponen a Oaxaca como un semillero de votos de un partido distinto al que gobierno.

En esa lógica, es ampliamente sabido que el Movimiento de Regeneración Nacional se beneficia reiteradamente de los votos que le suma Andrés Manuel López Obrador, y que del 2006 a la fecha ha sido una constante que en las elecciones en las que el tabasqueño es candidato, en Oaxaca todos los resultados le terminan siendo favorables. Esa fue la inercia que en 2006 llevó a Gabino Cué a la Senaduría; que en 2012 llevó también a Benjamín Robles Montoya —cuando todavía AMLO militaba en el PRD— al triunfo, en ambos casos acompañado de nutridas bancadas en la cámara baja federal. Y por eso mismo, no hay una sola razón para no suponer que ocurra lo mismo en 2018, con la agravante —para el PRI— de que ahora habrá elecciones concurrentes.

Sí. en 2018 se renovarán las cámaras federales y la Presidencia de la República, pero también se elegirán diputados locales. La LXIII Legislatura, de transición, sólo durará dos años. Y, en esa lógica, lo que resulta más relevante es que ese resultado electoral local, quedará en buena medida anclado a lo que ocurra en la contienda presidencial, y a cómo se desenvuelvan las campañas para las diputaciones federales y las senadurías.

Ello agrega ingredientes importantes de incertidumbre para el régimen estatal, que ya probó sus capacidades de triunfo, pero que no se ha enfrentado a la variable de tener ante sí una elección concurrente en la que son otros los factores, las inercias y las efervescencias entre los electores, que generalmente se animan más a salir a votar y eso hace los resultados mucho más inciertos en lo que corresponde a los factores locales.

En esa lógica, ¿el gobierno estatal ya tiene al menos lecturas y proyecciones preliminares del 2018? Porque para efectos del Gobernador, es claro que sí puede haber un gobierno con minoría legislativa; pero es también claro que esto se convierte en una pesadilla ante la imposibilidad de construir acuerdos con una mayoría parlamentaria que le es adversa. Por esa razón, si 2018 será un año en el que López Obrador y Morena pudieran avanzar en Oaxaca, lo lógico sería también suponer que en esa inercia se llevarían muchos triunfos en las diputaciones locales, dado el respaldo popular que tiene el tabasqueño en nuestra entidad, y la ausencia en general del voto diferenciado.

En ese escenario, ¿el gobernador Alejandro Murat está preparado para gobernar con minoría legislativa a partir del tercer año de su gobierno? ¿Qué alternativas de gobierno está construyendo, en la política y en la ley, para encarar un escenario en el que no necesariamente cuente con la cómoda mayoría de su partido en el Congreso local?

Los escenarios de 2018 sólo auguran adversidades para el PRI en la entidad. Queda claro que en comicios federales, Oaxaca sigue siendo obradorista, y que el PRI no tendrá ningún candidato fuerte —ni el presidencial, porque quien resulte electo por el PRI de todos modos no tendrá ninguna conexión con Oaxaca; ni tampoco en las diputaciones federales y senadurías, como para asegurarle un equilibrio a AMLO y a quienes ponga de candidatos—. Por esa razón, sería más importante que nunca construir el andamiaje para los gobiernos de coalición, incluso —como se dice coloquialmente— vendándose el dedo antes de provocarse la herida.

BANCADA PERDIDA

Es muy lamentable que la fracción parlamentaria del PRI, que encabeza la diputada María de las Nieves García Fernández, tenga tantos problemas en el control de los temas que lleva a la arena legislativa. Hasta ahora, se han encargado de discutir temas en realidad poco trascendentes, y han perdido tiempo y capital político muy valioso en la corrección de los errores que cometieron quienes confeccionaron la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y lo hicieron mal.

Desperdiciar su fuerza menguante, discutiendo temas como el de Cortv, o el de un reglamento ecológico que por ignorancia, descuido o mala intención derogaron, es reflejo de que no tienen claras las prioridades no de algunos funcionarios, sino del gobierno para el que trabajan, del que todos dependen, y a los que todos necesitan que le vaya bien.

Todas esas, en realidad, han sido discusiones bizantinas que han surgido inopinadamente, y que se han convertido en problemas que nunca debieron existir. ¿Qué nunca se preguntaron no qué estructura quería el entonces Gobernador electo, sino qué estructura orgánica necesitaba su régimen? ¿Nunca entendieron que la estructura gubernamental debió haber sido resuelta antes del 1 de diciembre? ¿Siguen sin entender que lo que ahora inviertan en tiempo y capital político para resolver caprichos, será proporcional a su inmovilidad e incapacidad de interlocución posterior?

El mejor ejemplo de que no están discutiendo ni lo importante ni lo urgente, es el olvido en el que tienen a la figura del gobierno de coalición. ¿No entienden también, que lo más seguro es que el PRI pierda la mayoría legislativa en la LXIV Legislatura, y entonces el gobernador Murat tendrá que optar por un gobierno de coalición para poder mantener la estabilidad de su régimen e involucrar a algunas de las fuerzas de oposición en un esquema común de trabajo, para asegurar cuando menos las mayorías indispensables para poder gobernar?

En la actualidad existen sólo dos enunciados referentes al gobierno de coalición en la Constitución del Estado (artículo 59, fracción LXVIII y artículo 79, fracción XXVI), pero sin ningún tipo de desarrollo operativo, para hacer funcional dicha figura. Y si dentro de poco tiempo el Ejecutivo se ve en la necesidad de optar por dicha figura, se encontrará con una serie de problemas relacionados con la falta de reglamentación precisa, que habrá ocurrido por la enorme indolencia de la bancada priista de la Legislatura actual, que está empeñada en mantenerse en discusiones retóricas e ignorar los asuntos que serán previsiblemente importantes en un mediano plazo que está más cerca que nunca.

OPACIDAD

Otro de los temas que la Legislatura local tendría que discutir con cierta congruencia, es la profunda opacidad en la que desarrollan sus funciones tanto la parte legislativa, como la administración del Congreso. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar para que al menos funcione su portal de transparencia, o en general la deprimente página web del Congreso?

México no está preparado para recibir ni a los deportados mexicanos

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+ Deportaciones, un problema ante desinterés de 3 órdenes de gobierno


A pesar de que podría estar a punto de estallar una crisis humanitaria en México tanto por la transmigración, como por las deportaciones masivas desde los Estados Unidos, nadie en el gobierno federal, y los estatales y municipales del país, ha reconocido la importancia de tomar medidas para enfrentar los efectos devastadores de la nueva política migratoria estadounidense. Resulta que este ya no es sólo un problema de los estados del sur por el cierre de la frontera, sino que podría resultar un problema nacional por la previsión estadounidense de deportar a todos los ilegales a México, independientemente de si éstos son no de nacionalidad mexicana.

En efecto, esta semana algunos medios de información estadounidenses dieron a conocer que el gobierno de Donald Trump quiere deportar a México a inmigrantes que hayan cruzado de forma ilegal la frontera sur de Estados Unidos, sea cual sea su nacionalidad. De acuerdo con quienes dieron a conocer la información, en circulares del Departamento de Seguridad Interior para ejecutar las órdenes ejecutivas de Trump, se establece que las autoridades de Estados Unidos tienen la facultad de regresar a los inmigrantes indocumentados al país o “territorio contiguo” por el que llegaron.

Miles de inmigrantes centroamericanos llegan a Estados Unidos a través de territorio mexicano. En Guatemala, sin embargo, el secretario de Seguridad, John Kelly, descartó este miércoles que hayan deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados en su país, pero ratificó la construcción de un muro para reforzar la vigilancia en la frontera con México. La directriz de Trump, apunta la agencia independiente ProPublica, “podría llevar a los Estados Unidos a deportar a México a cientos de miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, brasileños, ecuatorianos e inclusive haitianos”.

En los documentos del Departamento de Seguridad Interior se establece que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en la medida en que sea “apropiado” y “razonablemente factible”, enviarán a los extranjeros indocumentados al territorio del país contiguo extranjero desde el cual llegaron, en espera de los procedimientos de remoción pendientes. Es decir,  los inmigrantes tendrán que esperar en México, y no en Estados Unidos, a que se defina su situación migratoria, si se les otorga asilo o persiste la deportación.

Frente a la magnitud del problema, el gobierno mexicano ha rechazado frontalmente esa posibilidad, aunque en diversas opiniones especializadas existe la preocupación de que de todos modos el gobierno estadounidense pueda implementar este tipo de medidas, para luego obligar, primero, al gobierno mexicano a recibir a los deportados como una cuestión humanitaria independientemente de su origen; y segundo, para que México entre en un proceso litigioso para defender su postura de sólo recibir a los deportados mexicanos pero no a los de otras nacionalidades. El problema es que, en cualquiera de los casos, de todos modos enfrentaría una llegada masiva de personas deportadas que, independientemente de su condición, necesitarían ayuda humanitaria para sobrevivir en lo que resuelven si situación jurídica ya sea para permanecer en México, para regresar a los Estados Unidos, o para ser repatriado a su país de origen.

PROBLEMA EN DOS FRENTES

La semana pasada apuntábamos en esta misma columna la parte que ya era desde entonces visible de la nueva política fronteriza de los Estados Unidos. Es decir, que el posible cierre de la frontera norte no frenará la transmigración que proviene desde el sur de México, pero sí provocará que cada vez más personas se queden aquí, y necesiten las provisiones mínimas para subsistir. Tijuana vive hoy un problema importante, aunque contextualmente distinto, con la migración proveniente de Haití. Pero nada indica que algo similar no pueda ocurrir en entidades como la nuestra a partir del endurecimiento de las políticas migratorias de los Estados Unidos. Y nos preguntábamos: ¿están conscientes de ello? Pues tal parece que no hay conciencia, o el suficiente trabajo, para reflejarlo no nada más en Oaxaca, sino en todas las entidades del país que padecen de las consecuencias de los fenómenos migratorios.

En ese contexto, en Oaxaca, por ejemplo, el fenómeno migratorio era visto únicamente en la zona del Istmo de Tehuantepec, desde Chahuites hasta Ixtepec, y marginalmente en ciudades como Juchitán y Tehuantepec, porque la intención de los transmigrantes nunca ha sido la de quedarse en México; y, sin embargo, en los últimos años se ha notado un enorme incremento de personas provenientes de Centroamérica en poblaciones y ciudades de Oaxaca que tradicionalmente no eran parte de la ruta del migrante, y que incluso en la capital hoy ya es común ver indigencia o trabajo informal de personas que abiertamente se presentan como transmigrantes que tienen dificultades para continuar su viaje.

En ese contexto —apuntábamos en nuestra entrega del 15 de febrero—, ¿el gobierno de Oaxaca estará claro que no puede continuar con su política de atención al migrante, sólo en la vertiente de los oaxaqueños que se encuentran en los Estados Unidos, sino que también debe voltear a la transmigración de paso; y ahora, además, quizá también contribuir en algo al problema que podría sobrevenir por los abusos de la Patrulla Fronteriza, deportando a todos los indocumentados a México independientemente de su nacionalidad?

Al final, se puede argumentar que la migración es un asunto de competencia federal o que no es algo tan grave como para voltear la mirada. Sin embargo, es también cierto que hoy varias ciudades de la región del Istmo viven problemas de seguridad importantes derivados de la transmigración; y que en ciudades como la capital de Oaxaca hoy se ven por doquier a migrantes en la mendicidad y el abandono, que hasta hace poco no era una escena cotidiana.

Esa misma interrogante tendrían que hacerse todas las demás entidades del país en las que hay fenómenos migratorios y que sistemáticamente se han resistido a reconocer la magnitud del problema. Hoy ya no sólo enfrentarían las consecuencias de lo que llega del sur, y de los paisanos que se van hacia los Estados Unidos, sino que el abanico de riesgos se amplía de manera importantísima con los amagues estadounidenses sobre las deportaciones. México, en sus tres ámbitos de gobierno, evidentemente no está preparado para enfrentar una situación de esa magnitud, y ello podría generar una crisis que hasta ahora ni siquiera hemos imaginado.

DOBLE MORAL

Es cierto que la primera fase debe ser la defensa y el establecimiento de posturas que rechacen la sola consideración de esa posibilidad. Sin embargo, ha quedado claro que el gobierno de Donald Trump no ha tenido ambages, ni los tendrá, en aplicar medidas de fuerza independientemente de cuál sea el resultado fuera de sus fronteras. Sea o no propio, este problema debe ser abordado con la mayor seriedad también como un acto de justicia frente a la doble moral mexicana con la que largamente ha exigido respeto para los paisanos en los Estados Unidos, pero con la que también ha permitido que el paso por México de los transmigrantes centro y sudamericanos, sea uno de los peores infiernos que uno pudiera imaginar.

Los estados son beneficiarios directos del IEPS a combustibles; ¿Por qué callan?

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+ Hasta ahora han buscado posturas políticamente correctas, que sólo los debilitan


Hasta ahora, los gobiernos de los estados de la República han evitado a toda costa involucrarse en la discusión sobre los llamados gasolinazos. Esta es una pésima estrategia que sólo revela la incapacidad de los gobernadores de comprender que problemas como el de los combustibles y sus impuestos, son compartidos por el gobierno federal y las entidades federativas. Han evitado involucrarse en la discusión para no pagar costos políticos. Sin embargo, continuar con esa estrategia sólo llevará a las finanzas de los estados a ser quienes carguen con la mayor parte del costo por una solución populista como la eliminación del IEPS a la gasolina y el diesel.

En efecto, el 2017 comenzó con un amargo sabor de boca por la decisión anunciada por el gobierno federal de eliminar el subsidio a los combustibles que consumimos todos los mexicanos, e iniciar el proceso de liberación del precio a los costos del mercado. Con el solo anuncio, en la última semana de diciembre, vino también la noticia de que al iniciar el año los combustibles incrementarían su precio final por lo menos en un 20 por ciento. Esto provocó un profundo malestar en la ciudadanía, que en el mes anterior se reflejó en innumerables protestas a lo largo del país —junto con actos vandálicos que aparentemente se derivaron del mal humor social—, y que incluso en la actualidad todavía tiene a algunos sectores inconformes y manifestándose periódicamente.

Frente al panorama, el gobierno federal dijo que sólo tenía dos opciones, y que se había decidido a favor de la menos costosa socialmente hablando. Dijo que una de las posibilidades era mantener los subsidios a los combustibles, pero a costa de recortar programas sociales, y el funcionamiento de servicios públicos básicos como la salud, educación o la inversión en infraestructura y obra pública.

La otra opción, que fue la que finalmente tomó el gobierno federal, consistía en eliminar los subsidios y el precio controlado —con el que el gobierno podía ganar si compraba la gasolina más barata del precio fijado, pero que también le podía significar una enorme sangría si el precio de mercado se incrementaba y la diferencia en contra tuviera que pagarse con dinero público para respetar el precio controlado— para pasar gradualmente a un esquema en el que el mercado fijara el precio de la gasolina y el diesel. En esto, el costo a pagar no sería en recortes presupuestales, sino en la aceptación e imagen del gobierno federal y el Presidente, que son los que finalmente han pagado el costo político del incremento a las gasolinas.

Luego vinieron las propuestas de solución de varios partidos. El PAN, por ejemplo, propuso que se redujera a la mitad el monto que los consumidores finales pagamos de Impuesto Especial de Producción y Servicio (IEPS) por cada litro de gasolina que utilizamos. Según el panismo —que hoy gobierna más entidades del país que nunca en su historia— el volumen de IEPS que recauda el gobierno federal era lo que estaba encareciendo indiscriminadamente los combustibles a sus consumidores finales, y por eso propuso que fuera la federación, y no la gente, quien se apretara el cinturón. Todo, para que las gasolinas volvieran a precios de hace varios años, porque el IEPS significaba alrededor del 40 por ciento del costo de las gasolinas.

Para reforzar esa idea, Excélsior publicó a inicios de enero un ejercicio en el que calcularon el precio real de los combustibles, antes de impuestos. Según sus números, el alza en la gasolina fue de más del 30 por ciento, por lo que el total de impuestos, en Magna, Premium y diesel era de 5.83, 6.56 y 6.34 pesos, respectivamente.

Así, decía la nota (que puede ser consultada aquí) consumidor de combustible en México paga por litro de Magna 2.15 pesos de IVA y 3.67 de IEPS. En la Premium, el IVA es de 2.4 y 4.16 del IEPS. En el diesel, el incremento fue de 37 por ciento, por lo que el IEPS es de 4.16 y el IVA de 2.4. Y según la información que difundió Excélsior, s>i se eliminaran los impuestos en las gasolinas, llegarían a bajar hasta los 8.85, 10.20 y 8.07 pesos en magna, premium y diesel, respectivamente.

En términos generales, esa era parte de la brillante propuesta panista. Sin embargo, se les olvidó que el IEPS recaudado de los combustibles está sujeto a un proceso de distribución entre las entidades federativas. Y, de forma por demás medrosa, resulta que ahora los gobernadores protegidos por el membrete de la Conago, están haciendo consultas con la Secretaría de Energía para saber qué tanto los golpearía esa reducción del IEPS que en realidad lastimaría tanto a las finanzas de los estados, como a las arcas del gobierno federal.

IMPUESTO DISTRIBUIBLE

La Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios establece que a los combustibles automotrices provenientes de fuentes fósiles, se les aplicará una cuota de 4.30 pesos a la gasolina menor a 92 octanos (o sea, la magna); 3.64 pesos a la gasolina igual o mayor de 92 octanos, y al diesel 4.73 pesos por litro. Este impuesto es independiente al IVA. La misma Ley del IEPS establece otro impuesto adicional en el artículo 2-A, que es el correspondiente a las entidades federativas. Éste impuesto oscila en los 50 centavos por litro de gasolina o diesel. Y según la ley, los recursos que se recauden en términos de ese artículo, se destinarán a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Ahora bien, ¿qué dice la Ley de Coordinación Fiscal? Que del total recaudado por ese impuesto, 9/11 corresponderán a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio, de acuerdo con la información que Petróleos Mexicanos y los demás permisionarios para el expendio al público y la distribución de gasolinas y diésel proporcione a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, complementada, en su caso, con la información del Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Reguladora de Energía, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

¿Qué significa todo esto? Que los impuestos establecidos en la Ley del IEPS a los combustibles tienen un impacto no sólo en las arcas del gobierno federal sino también en las de las entidades federativas, que hasta ahora sólo se han limitado al silencio, y a disimular su preocupación a través de las consultas que están haciendo al gobierno federal, a través de la Conago, sobre el impacto de la posibilidad de que se toquen los impuestos que les corresponden.

En esa lógica, resulta muy cuestionable no sólo que los gobiernos estatales sigan en esa actitud de indiferencia frente a un problema que también los alcanza, y que se empeñen en seguir en la actitud de dejar que sea el gobierno federal el único que pague las consecuencias de la política de precios aplicada a los combustibles sin manifestar ningún tipo de solidaridad no con la federación o con el presidente, sino con la ciudadanía.

GOBERNADORES, INDIFERENTES

Hasta el momento ningún estado del país, ninguno, ha generado alguna propuesta en la que los estados también contribuyan al bienestar de los bolsillos a través de un ahorro de fondo como serían los ajustes presupuestales derivados de la eliminación al impuesto especial a los combustibles, que favorece sus arcas. Más bien, quieren seguir en la política de ver la austeridad pero en la casa del compadre, y ellos continuar ajenos a un problema, y una discusión nacional, de la que ellos son una parte muy relevante.

Diálogo con la Sección 22: ¿cuándo superará los temas de la crisis política?

 

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+ En la agenda, ningún tema relacionado con la educación; ¿qué se negocia?


En los últimos dos meses el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE han llevado a cabo diversas rondas de negociación de cuyo contenido y alcances prácticamente no existe información disponible. Los únicos indicios de los temas que se están tratando en las mesas de trabajo, han salido a través de las comunicaciones que el sindicato magisterial emite para conocimiento de sus agremiados. Si en el corto plazo no se establece una ruta, de cara a la sociedad, sobre lo que se negocia y los alcances posibles de dichos acuerdos, entonces el propio gobierno estará abriendo la posibilidad de negociaciones y chantajes infinitos, y daños profundos a la gobernabilidad, por parte de la Sección 22.

En efecto, desde el 1 de diciembre ha habido dos reuniones publicitadas entre el Ejecutivo del Estado y la dirigencia de la Sección 22. La primera ocurrió el 2 de diciembre, cuando se estableció el acuerdo por el que se regularizaban tres mil 600 plazas de trabajadores de la educación; y la otra ocurrió a finales de enero, en la que el gobierno entabló diálogo con la nueva dirigencia magisterial, y en la que se delineó el establecimiento de mesas de trabajo para resolver asuntos laborales y políticos. Derivado de esas mesas, cuyo contenido ya ha sido cautelosamente reservado a la opinión pública, la noche del lunes ocurrió un bloqueo por parte de normalistas e integrantes de la Sección 22, del que nuevamente se informó prácticamente nada. ¿Es correcto dejar tanto espacio al silencio, en un tema de vital importancia para los oaxaqueños?

Evidentemente, la respuesta tendría que ser negativa, aunque en realidad parece que el gobierno estatal pretende establecer nuevos parámetros, sobre bases lamentablemente ya por todos conocidas. En esa lógica, es claro que la administración estatal busca generar una relación más civilizada con la Sección 22, pero lo que habría que ver es si el propio sindicato tiene ánimos de atender a esa nueva relación, o si su pretensión es continuar con la lógica del chantaje que los ha caracterizado avasalladoramente al menos en la última década. Para atajar esta última posibilidad, cualquier negociación tendría que pasar por el tamiz mínimo de la transparencia.

¿Por qué? Porque lamentablemente en Oaxaca, el gobierno estatal está negociando quién sabe qué temas con la dirigencia de la Sección 22, pero lo único seguro es que no está discutiendo nada relacionado estrictamente con la educación. Y si se supone que, por un lado, la administración de la educación pasó a ser un tema federal a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente; y que, en el otro extremo, el gobierno concretó la regularización de las plazas docentes a partir del acuerdo del 2 de diciembre con la anterior dirigencia de la Sección 22, entonces no quedaría del todo claro qué se seguiría discutiendo, a menos que fueran temas estrictamente educativos.

El problema es que hoy en día ni el IEEPO, ni la Secretaría General de Gobierno, dejan lo suficientemente claro qué se sigue negociando. Esa opacidad es parte de los viejos usos y costumbres del diálogo entre la Sección 22 y el gobierno, aunque no debería ser algo aceptable a la luz de la nueva relación entre el Estado y el magisterio, y de las particularidades que en ello ha presentado la relación específica del gobierno estatal con la Sección 22.

En esa lógica, llama la atención el silencio que ha mantenido la SEP frente al tema, y los sorpresivos movimientos y anuncios internos de la Sección 22 frente a sus agremiados. Nadie debería apostar al privilegio de los espacios de silencio y las interrogantes, porque ello únicamente alimenta la idea de que, la larga historia de desencuentros entre la educación y la gobernabilidad en Oaxaca, no ha servido para nada porque de nuevo son temas políticos los que se discuten.

PRESIONES Y CHANTAJES

No debería echarse en saco roto las lecciones iniciales que dejó la implementación de la reforma educativa, y la relación —similar en muchos aspectos a la que ahora pretende el gobierno estatal— que intentó el gobierno federal con la Sección 22 y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué ocurrió?

Que inicialmente se intentó que la relación fuera política y no educativa. La conducción le fue encargada al entonces subsecretario de gobierno de Segob, Luis Enrique Miranda Nava, que se dedicó a buscar la forma de transigir con la Coordinadora a partir de la concertación de espacios a cambio de una mejor gobernabilidad. Todos los intentos fracasaron, incluso los que pretendían pasar por la cooptación de la dirigencia y por la entrega de recursos ilimitados a cambio de la civilidad por parte de las secciones sindicales integrantes de la Coordinadora. La CNTE nunca cedió en su exigencia de la abrogación de la reforma educativa.

Esto no ocurriría, como tampoco el cese de las hostilidades de la CNTE. Por eso, a la larga la única solución posible fue la de la intervención de la fuerza pública, y el traspaso de la responsabilidad de la implementación de la reforma educativa a la SEP. Por el lado de la fuerza, Gobernación replegó a la CNTE; y la SEP estableció que cualquier negociación con la Coordinadora tendría que darse a partir de la aceptación de la reforma educativa, mientras le requisaba el IEEPO a la estructura política de la Sección 22.

Lamentablemente, en el camino se atravesó Nochixtlán, en junio del año pasado, y ello cambió las variables de la negociación para devolverlas a Gobernación, que a la larga se dedicó a los temas de la justicia por el enfrentamiento, pero evitó regresar a los temas de la negociación política de espacios y posiciones con la Sección 22.

¿Qué refleja todo eso? Que en su momento el gobierno de Gabino Cué, como el federal, buscaron por todas las vías evitar que el conflicto magisterial volviera a aterrizar en las negociaciones relacionadas con la reforma educativa. Y hoy, a pesar de todas esas duras lecciones —y lo mucho que todo ese proceso le ha costado a Oaxaca, en todos los sentidos— ya no queda claro si lo que se negocia son espacios para los normalistas, o la inaplicación de lo que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente en Oaxaca, o simplemente en los temas de justicia relacionados con Nochixtlán; o con la ubicación de los trabajadores regularizados a partir del acuerdo del dos de diciembre.

Lo único cierto es que a nadie le benefician esos espacios de silencio y de opacidad que hoy se privilegian en la nueva relación del gobierno con la Sección 22. Es muy lamentable que las instancias encargadas de la gobernabilidad prefieran mantener en la discreción el contenido de las negociaciones, y que la ciudadanía sólo sepa que existe diálogo cuando las protestas salen del recinto donde se negocia y se instalan en las calles, como ocurrió la noche del lunes y la tarde de ayer con los normalistas.

El gobierno debía informarle a la ciudadanía qué pretende la Sección; qué exigen los normalistas; qué ofrece el gobierno y, sobre todo, cuáles son las condiciones y los límites de ese diálogo. Ello implicaría el establecimiento de condiciones mínimas para un diálogo verdaderamente civilizado. No hacerlo abre la puerta a los chantajes y a los amagues magisteriales que tanto daño le han hecho a Oaxaca.

DE LUTO

Armando Navarrete Cornejo falleció anoche, luego de una larguísima lucha contra el cáncer. Fue un hombre cabal, idealista y congruente, que supo siempre brindar amistad y consideración a sus seres queridos. Su familia tendrá la fortaleza para superar esta pérdida, siguiendo su ejemplo de entereza, tenacidad y valor para enfrentar las adversidades. Un abrazo solidario para sus deudos en estos momentos de profunda pena. Descanse en paz.

 Sí podría haber en México una segunda alternancia pactada… ¿pero a cambio de qué?

Andres Manuel Lopez Obrador

+ Pacto de gobernabilidad debería apuntar hacia transformación, no hacia la impunidad


México ha sido un ejemplo particular de cómo pueden darse los cambios de régimen sin que se dispare una sola bala. Ocurrió en el año 2000, cuando de forma pacífica, civilizada y por la vía democrática, el PRI entregó al PAN el poder presidencial que había ostentado por más de setenta años. Hoy, no sólo de cara a la elección presidencial de 2018 sino del momento caótico por el que atraviesa el sistema institucional, pareciera que la única ruta posible es la de una segunda alternancia de partidos en el poder con Andrés Manuel López Obrador. Suponiendo esta posibilidad, ¿tendría que ser una segunda transición pactada? Y si sí, ¿a cambio de qué?

En efecto, hay circunstancias que hacen por demás imprevisible quién será el próximo Presidente de México. En los últimos años —y teniendo enfrente el ejemplo abrumador de la reciente elección presidencial estadounidense— se ha constatado el hecho de que hoy las encuestas son todo, menos un aliciente para los pronósticos electorales.

En esa lógica, habría que añadir que hoy Andrés Manuel López Obrador es el principal aspirante presidencial en las encuestas, a partir de que es el único político mexicano que abiertamente está haciendo campaña con miras a una tercer candidatura en 2018, y de que esa popularidad se intenta enlazar con la mala percepción que tiene la gente del gobierno, como única conexión posible para una eventual derrota priista y/o triunfo anticipado del inminente candidato presidencial de Morena.

Sin embargo, dentro de la posibilidad de una segunda alternancia pactada, habría que considerar no sólo las condiciones favorables que se le estarían poniendo a López Obrador para ayudarlo a llegar ahora sí a la Presidencia, sino sobre todo las condiciones del país. ¿De qué hablamos? De que la posibilidad de una segunda transición arreglada entre los partidos que reiteradamente se disputan el poder, tendría que pasar por variables hasta ahora inexploradas entre los grupos de poder, y tendrían que apuntar a cambios institucionales de fondo más que a cuestiones de revisión de ejercicios, protección judicial e impunidad.

¿De qué hablamos? De que si el signo distintivo del viejo PRI en el poder radicó en el reparto del poder como fórmula para mantener la hegemonía del partido gobernante, los tiempos de la primera transición han tenido como rasgo diferenciador el florecimiento de la corrupción. Es cierto que el sistema institucional de México nunca ha sido particularmente un ejemplo de honestidad ante el mundo.

Sin embargo, queda claro que nunca como en los últimos tiempos el poder público se utilizó con fines de beneficio particular, y que a pesar de que los últimos 15 años han sido de gran abundancia presupuestal, México enfrenta problemas mayúsculos por no poder demostrar que ejerce correctamente los recursos públicos del presupuesto federal, y que eso mismo ha pasado en los gobiernos estatales y municipales que lamentablemente han sido extensiones de esa corrupción galopante que distingue al poder público de la primera transición.

En esa lógica valdría preguntarse cuáles serían las condiciones, puestas desde el poder, para generar una segunda alternancia pacífica y, de hecho, allanarle el camino a López Obrador como pareciera —aunque es muy temprano aún para afirmarlo— estar ocurriendo. Y no obstante que junto a esas condiciones puestas desde el poder para generar un nuevo cambio de régimen, hoy sería imposible no hablar de las condiciones que impone el país. a esa nueva circunstancia tendrían que atenerse los cambios y los pactos, para ser verdaderamente de fondo y para darle viabilidad real a la democracia y a las instituciones en México.

CONDICIONES

Sobre el primer tipo de condiciones, López Obrador ha dado ciertas luces. Hace algunos meses, por ejemplo, dijo que de llegar a la Presidencia en 2018 no perseguiría a la mafia en el poder. Eso lo dijo, según él, en aras de no asustarlos y, más bien, de invitarlos a que dejen voluntariamente el poder y no se apresten a orquestar un nuevo fraude electoral.

Sin embargo, todo aquel que conoce la operación real del sistema político en México sabe que a nivel municipal, estatal y federal han existido siempre esos pactos que lo que buscan es impunidad entre quien entrega y quien recibe el poder, sin pasar por una transformación de las instituciones y las reglas del juego. Es, de hecho, harto común escuchar historias, inventadas o reales, de cómo entre gobernantes (salientes y entrantes) se generan complicidades, acuerdos, asociaciones de negocios y hasta continuidad en las prácticas corruptas.

¿Eso sería suficiente para generar no el arreglo de la entrega del poder, sino la estabilidad de un eventual gobierno de López Obrador? Evidentemente, no. Pues hoy en día queda claro que las condiciones necesarias para la estabilidad del gobierno pasan ya no nada más por los acuerdos entre cúpulas. Hoy, de hecho, la agenda nacional está atiborrada de temas que ya no pasan por los desacuerdos entre gobernantes, sino por el tiradero administrativo generado por las últimas tres administraciones federales, y por la obsolescencia del propio sistema de gobierno.

En esa lógica, lo primero que tendría que desmontarse es la idea de que el pacto de impunidad es suficiente para lograr una segunda alternancia pactada. De llegar a la presidencia, sería insostenible un Andrés Manuel López Obrador —o quien sea que llegue al poder en 2018— que no revise a fondo a sus antecesores, y no sujete su actuación a los nuevos parámetros del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ello significaría una primera aduana que ya no está en el margen de operación de los partidos o los gobernantes, sino que constituye una estruendosa demanda ciudadana. Por eso, a estas alturas pensar que la impunidad es un buen pasaporte al poder, resulta un contrasentido similar al de quienes pensaban que con el Pacto por México, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ganaría el respaldo popular y lograría la permanencia inmediata del PRI en la presidencia.

Junto a ello, hay una segunda aduana que tendrá que cruzar López Obrador, o quien sea Presidente, si quisiera obrar en la lógica de una segunda alternancia pactada —o, incluso, sin ella. ¿De qué hablamos? De que quien llegue al poder en 2018 debe entender que el ejercicio del poder no puede seguirse dando en las mismas condiciones que ahora. Bajo el modelo actual, los tres últimos presidentes han comenzado a agonizar políticamente después del tercer año de gobierno, cuando se quedan sin márgenes de maniobra a partir de que la ciudadanía es castiga en la integración del Poder Legislativo, por las decisiones de la primera mitad de su gobierno. El cambio tendría que ser profundo y basado en las necesidades funcionales de la administración, y del país, para poder generar no un nuevo régimen de partido hegemónico o un caudillismo, sino un sistema democrático basado en la certidumbre.

PACTO DE GOBERNABILIDAD

¿Qué tendría que ocurrir, con una segunda transición pactada —y aún sin ella? Un pacto de gobernabilidad y de corresponsabilidad, no basado en reformas temáticas y aisladas como el Pacto por México, sino tendiente —ahora sí— a reformar el poder. El pacto de impunidad, a estas alturas, resultaría no sólo inviable y corto, sino hasta peligroso. Más bien, para no matar a la gallina de los huevos de oro que ha sido México, con transición pactada o no, quien asuma el poder en 2018 tendrá que pensar en el replanteamiento más amplio y profundo del sistema democrático y de gobierno en México, desde 1917.