En Oaxaca también hay que dejar de simular en el combate a la corrupción

 

Germán Tenorio

+ Reformas pendientes; organismos con atrasos; ¿Cuál es el compromiso real?


El país entero vive un momento transicional en el combate a la corrupción: estamos viendo los últimos coletazos de un sistema que se ha resistido largamente a cambiar, y parecemos también ver los primeros estertores del cambio de fondo que la sociedad mexicana reclama. En medio de eso, resulta paradójico que aún existan personas y grupos que insistan en la simulación. Oaxaca no es la excepción en ello. Por ello, es necesario —en todos los partidos— impulsar los cambios de fondo indispensables para no seguir en el terreno del disimulo institucional por todo lo que no se está haciendo.

En efecto, a nivel nacional existe una discusión de gran calado respecto a la forma en cómo se está estructurando el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Éste, que fue un mecanismo impulsado por más por las circunstancias y por el descrédito de la partidocracia frente a la ciudadanía, que por un acuerdo de voluntades para cerrar las llaves de la impunidad y la corrupción, ha tenido un inicio atropellado no sólo por lo intrincado de su estructura, sino sobre todo por la falta de voluntad institucional para establecerlo y ponerlo en operación.

En el Senado de la República, por ejemplo, ha habido una desesperante discusión relacionada con el nombramiento del fiscal anticorrupción, a quien no han podido nombrar básicamente porque a decir de las fuerzas políticas no existen los consensos para sacar adelante la decisión. Aún falta el establecimiento de las demás figuras relacionadas con el sistema, y luego será necesario dar los pasos siguientes para lograr que todas las entidades federativas cuenten con sus propios sistemas, y que éstos sean acordes con las necesidades nacionales y con la efectividad que se espera de ellos, además de la transformación de las otras instituciones que son concomitantes al SNA, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, además de los organismos estatales.

El problema es que así como no existe la voluntad suficiente para nombrar al Fiscal Anticorrupción, el gobierno y los partidos tampoco parecen tener mucho compromiso con lo que ellos mismos establecieron. A lo largo de las últimas semanas, en el Senado intentó darse la discusión relacionada con el nombramiento del Fiscal, que terminó en el punto de lo vergonzante, porque los partidos enmascaraban en las diferencias relacionadas con el nombramiento, su cada vez más evidente falta de voluntad para dar los pasos necesarios para que al margen de las personas, pueda comenzar a funcionar la institución; es decir, la Fiscalía de combate a la corrupción que, adscrita a la PGR, pero con autonomía, estableció la reforma constitucional que estableció el andamiaje anticorrupción.

GOLPES CONTRA EL SNA

Ese desgano parece que no fue suficiente. La misma semana pasada, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al acuerdo por el que se crea la citada Fiscalía, pero con un retroceso que es realmente alarmante. En ese sentido, Viridiana Ríos Contreras, una de las integrantes del Comité de Selección de quienes finalmente integran el Consejo de Participación Ciudadana del SNA, denunció con concreción y preocupación que en dicho acuerdo se enmascare una nueva intención por demeritar el funcionamiento del SNA y de la fiscalía de combate a la corrupción, con disposiciones que menguan el contenido y la intención constitucional relacionada con el combate a la corrupción.

En un artículo publicado ayer en Excélsior (http://bit.ly/2pTnufc), Viridiana Ríos señalaba por lo menos tres aspectos preocupantes del acuerdo administrativo que intenta limitar a la fiscalía anticorrupción de la PGR.

“1.- Se permite a la Fiscalía Anticorrupción investigar y perseguir la corrupción de todos los funcionarios, excepto la que se pudiera presentar en la PGR. A todos, la ley, a la PGR, otra cosa. La PGR que, reitero, firma el acuerdo podrá ser investigada, pero sólo por la visitaduría. El conflicto de interés suena obvio, porque lo es. Los agentes del ministerio público, los agentes de la policía federal ministerial, de los oficiales ministeriales, de los peritos y demás servidores públicos de la PGR estarán exentos de ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Claramente, y dadas las enormes áreas de oportunidad que existen para eliminar la corrupción al interior del sistema de procuración de justicia, esto es inaceptable.

“2. El fiscal Anticorrupción tendrá que pedirle permiso (i.e., “proponer” es el término utilizado) al procurador para nombrar de las personas que estarán a su cargo. Esto significa que, nunca podrá contratar a alguien con quien el procurador tenga disgusto. La (pésima) broma aquí se cuenta sola.

“3.- El fiscal Anticorrupción no tendrá peritos propios, sino que utilizará los de la Coordinación General de Servicios Periciales. Esto no estaría mal, de no ser porque el caso de Ayotzinapa (la evaluación del GIEI) ya ha dejado en claro que pudiera existir cierta parcialidad en los peritos de la PGR (ya sea por falta de entrenamiento, o por presiones políticas cuando se les exige tener resultados, sí o sí).  Aun asumiendo que no sean parciales, hay un enorme problema de subcapacidad en Servicios Periciales. Hay más delitos esperando en Servicios Periciales que los que pueden ser investigados. Sumarle a la Coordinación General toda la labor de la Fiscalía Anticorrupción sin darle mayores recursos es una crueldad para los trabajadores de la coordinación y una mala jugada para la lucha anticorrupción. Esto hará que los casos de corrupción se pongan al final de una muy larga fila de casos o se investiguen antes que otros casos (que igual merecen justicia), sólo porque son mediática o políticamente atractivos.”

Si esto ya es un problema, resulta todavía más preocupante el hecho de que hasta ahora la estructura en general del SNA siga siendo relativa e inoperante, gracias a que la implementación del sistema ha estado llena de baches y contratiempos que no sólo menguan la capacidad de operación de lo establecido en la Constitución sino que, en el fondo, siguen siendo la manga ancha de la impunidad, de la corrupción, y del descrédito institucional que hoy ya no sólo ahoga a un gobernante o a un partido, sino a toda la estructura institucional en México, en los tres órdenes de gobierno.

Si este problema existe en el ámbito federal, en el ámbito estatal las cosas son aún más preocupantes. En Oaxaca, por ejemplo, no contamos aún con una Ley estatal anticorrupción, y tampoco están delineados los alcances y la estructura del sistema en el que se supone que el gobierno va a afianzar su confiabilidad frente a la ciudadanía en el mediano y largo plazo. Lo más alarmante es que Oaxaca no es el único ni el estado más atrasado en esas cuestiones. En el fondo, así como la corrupción es un mal endémico, también parece serlo la resistencia de quienes deberían estar trabajando en las rutas de implementación, aunque en realidad están dilatando intencionalmente las discusiones de fondo —independientemente de las grillas— relacionadas con este tema.

IR POR EL LARGO PLAZO

Es muy lamentable cómo en esta ruta sólo se piensa en el corto plazo. Todos se resisten al SNA porque ven la posibilidad de que se mengue su capacidad de operación mientras dure su administración que, a lo mucho, es de seis años. ¿Nadie ve en México el largo plazo? ¿Nadie piensa en la siguiente generación? Esa indiferencia parece ser uno de los signos distintivos de nuestro tiempo.