】
+ Reintegrar órganos del Estado oaxaqueño no debe ser para “acomodar cuates”
Con la elección del nuevo Fiscal General del Estado, tanto el gobierno como el Congreso de Oaxaca se enfrentan a una decisión trascendente no sólo para sus respectivos destinos políticos, sino también para la estabilidad de las instituciones del Estado en el largo plazo: al iniciar el proceso de reintegración de los órganos constitucionalmente autónomos, el Ejecutivo y los diputados deben ahora sí buscar a las mejores personas para esas responsabilidades, y evitar repetir la tentación de convertir esos procesos en la agencia de colocación de sus amigos y compromisos. Al hacerlo, reducirían de nuevo a los órganos autónomos a entes deslegitimados, sexenales e incapaces de cumplir con su función de ser contrapesos del poder, como en gran medida ocurre actualmente.
En efecto, la semana pasada el Congreso aprobó una reforma constitucional para homologar el mecanismo de designación del Fiscal General del Estado, a los parámetros federales. Ello ocurrió luego de que hace dos semanas, Héctor Joaquín Carrillo Ruiz presentara la renuncia al cargo de Fiscal, tras un periodo de varios meses en el que el propio gobierno le restó importancia operativa al Fiscal bajo la peligrosa idea de que éste pertenece al régimen anterior, y que por ende debía ser primero relevado de sus responsabilidades al interior de la Fiscalía, hasta lograr que voluntariamente —o bajo alguna negociación— presentara su renuncia al cargo.
En la lógica de los organismos constitucionalmente autónomos estas dimisiones obligadas por la desconfianza sobre las lealtades al régimen antecesor, no debería ocurrir. Aunque a la luz de los hechos, es claro que la responsabilidad política de que esto ocurra nuevamente —pasó algo muy similar cuando pasó del gobierno de Ulises Ruiz al de Gabino Cué, y los titulares de los órganos autónomos fueron relevados exactamente por la misma circunstancia— recae en gran medida tanto en el gobierno de Cué, como en las dos Legislaturas de aquel sexenio, porque uno y otros lejos de ponderar la urgencia de dar estabilidad y certidumbre a la reintegración de los órganos autónomos, prefirieron el camino fácil y cómodo de domar su autonomía con personajes no sólo cercanos, sino directamente ligados al régimen, y que además carecían de la legitimidad técnica, profesional y social que se supone que debía ser el pilar de la credibilidad de esos entes como contrapesos del poder público.
Basta con ver algunos ejemplos para corroborarlo. Eso fue lo que ocurrió cuando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca era integrado por una decisión del Congreso: en lugar de buscar a los mejores y más legitimados profesionales en la materia para integrar el órgano electoral, hicieron un burdo reparto de posiciones, en la que al Consejero Presidente (Alberto Alonso Criollo) lo impuso el Gobernador; y los demás espacios de consejeros se los repartieron groseramente el PAN y el PRD independientemente de los perfiles profesionales que ellos mismos impulsaron. Y luego hicieron lo mismo con las direcciones ejecutivas del órgano electoral.
Luego, la LXI Legislatura hizo algo muy similar con la integración de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ahí impusieron, incluso en contra del consenso social, a Arturo de Jesús Peimbert Calvo, un individuo que carece de la más mínima ascendencia entre los distintos sectores relacionados con la defensa de los derechos humanos, por no haber sido alguien destacado social, profesional, académica o políticamente entre ellos.
A lo más, Peimbert tiene ascendencia con algunos grupos locales ligados a lo más radical de la lucha social y la iglesia católica. Pero en realidad es alguien impresentable casi en cualquier otro círculo que no sea en los que lo apadrinaron, y que fueron los mismos que influyeron a Gabino Cué para que lo nombrara, aún cuando sabían que éste no tendría forma de traspasar el cambio de administración justamente por sus evidentes ligas políticas, y el débito hacia el gobierno que lo nombró.
Algo muy similar ocurrió con Carlos Altamirano Toledo en la Auditoría Superior del Estado, que al igual que Alonso Criollo y Peimbert Calvo, llegó a ese cargo gracias a los compromisos políticos que existían entre el gobierno de Cué y los grupos que lo respaldaban. En su caso, el conflicto de interés era aún más evidente, ya que él salió de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para llegar a la Auditoría.
Es decir, que de ser subordinado de Cué, se convirtió en el funcionario nombrado ex profeso para revisar las cuentas y los ejercicios de quien era su jefe. Si eso era ya un problema, Altamirano terminó de minar su credibilidad cuando aceptó que a su esposa la hicieran subsecretaria del mismo gobierno al que él tendría que revisar.
Así podríamos seguir repasando la integración de los órganos autónomos durante el gobierno de Cué, con el mismo resultado: él mismo provocó, con sus afanes de colonizarlos, que éstos se convirtieran en entes sexenales, deslegitimados e inconsistentes. Y por eso mismo, el gobierno actual no debería caer en el mismo error.
INTEGRACIÓN INTELIGENTE
La elección del Fiscal es trascendente no sólo por quién resulte electo, sino por el rasero que demuestren tanto el Ejecutivo, como el Congreso, respecto al nombramiento: ¿De qué servirá poner en el cargo a un funcionario cercano o de los afectos del Gobernador, si su responsabilidad será de nueve años, y al Ejecutivo actual le quedan menos de seis? De hacerlo, únicamente estaría condenando a tener un buen aliado en la Fiscalía, pero que tendría que dejar su cargo antes de cumplir su periodo —ya en la siguiente administración— por el mismo cuestionamiento político por el que denodadamente hicieron renuncia al ex fiscal Carrillo Ruiz.
Así, en el campo del deber ser, el Fiscal tendría que ser la persona más legitimada social, profesional y políticamente para ocupar ese cargo. No necesita ser un subordinado ni un allegado incondicional del Gobernador porque esa no es la naturaleza del cargo. La Fiscalía está diseñada para no estar supeditada al Gobernador, porque las tareas de investigación y de procuración de justicia —entre todo ello, el ejercicio de la acción penal, como un punto clave— no deben estar puestas al criterio o conveniencia del Ejecutivo. Evidentemente, debe haber una interacción constructiva y civilizada, pero sin que ello signifique que el Fiscal seguirá siendo un subordinado del Gobernador, porque ello rompe con la naturaleza y el anhelo de la autonomía que se plasmó en la Constitución.
Algo muy similar tendrá que ocurrir con los demás órganos, si es que gobierno y Congreso están dispuestos a dar pasos para estabilizar a las instituciones y darles viabilidad en el mediano y largo plazo. Pronto lo veremos.
INTRIGAS PANISTAS
Entre todo esto, se dice que la más interesada en apurar el proceso para el nombramiento del Fiscal General, es la diputada Eufrosina Cruz. Quiere que eso se resuelva antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emita el fallo final sobre la elección del dirigente panista. Básicamente, comentan en el mismo Congreso, a Cruz Mendoza le viene bien la celeridad del proceso porque intentará negociar vicefiscalías regionales, direcciones y demás espacios administrativos con el nuevo Fiscal, independientemente de que también busca influir en el cambio de coordinador en su bancada. No tiene certeza de que finalmente el TEPJF les dé la razón. Por eso quieren hacerlo todo dentro de esta semana que inicia, en esos ejercicios de política que a estas alturas son francamente indeseables para Oaxaca.
