¿El PRI va a terminar siendo cómplice de Cué al protegerlo vs juicio político?

 

cuemurat

+ El juicio político sólo puede desahogarse en el año siguiente de dejar el cargo


Es una paradoja, pero parece que algunos diputados de la Fracción Parlamentaria del PRI fungirán ahora como aliados y encubridores del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo. Los últimos movimientos en el Congreso del Estado, respecto al procedimiento de juicio político que ahí se desahoga en contra del ex Mandatario, así lo confirman. Parece que el priismo está dilatando el proceso para finalmente terminar excluyendo de responsabilidad política a Cué por el simple paso del tiempo y por la inacción legislativa.

En efecto, en el Congreso del Estado se desahoga ahora mismo un procedimiento de juicio político, promovido ante la Comisión Instructora por cercanos al senador y ex aspirante a la gubernatura, Benjamín Robles Montoya. Dicha Comisión es encabezada por la diputada de Morena María de Jesús Melgar Vásquez, y dentro del trabajo técnico ha venido dando seguimiento a la solicitud de juicio que presentaron tres personas.

En el punto en el que se encuentra el trámite del procedimiento, ahora se le debe dar vista al acusado —el ex gobernador Cué— para que éste tenga oportunidad de presentar sus alegatos y defensas, y una vez ocurrido esto, el Pleno del Congreso se erija en jurado de sentencia para resolver el asunto y decida si lo encuentra responsable y qué sanción podría aplicarle —que en este caso tendría que ser la inhabilitación para ocupar comisiones o cargos públicos, y de representación popular, hasta por un periodo de 12 años.

Frente a esto, la diputada del PRI Mercedes Rojas Saldaña salió al paso para defender, quién sabe si por voluntad o inopinadamente, al ex gobernador Cué. Mediante un comunicado, la Legisladora sostuvo que la fracción parlamentaria del PRI “considera que el inicio de juicio político en contra del ex gobernador coalicionista, Gabino Cué Monteagudo, es un acto mediático”.

La legisladora —dice el comunicado— justificó que el no haber firmado el inicio del procedimiento del juicio político, es debido a que como fracción buscan un juicio serio, con todas las pruebas suficientes que permitan sancionar al ex mandatario de manera contundente. En ese contexto, reveló que la actual Comisión Instructora solo cuenta con copias simples de auditorías realizadas hace un año, y sin especificar cuántas observaciones se realizaron a la administración del ex gobernador Gabino Cué.

“Por eso indicó que es importante se recaben pruebas claras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se inicie un proceso serio en contra del ex mandatario estatal. Dijo ser respetuosa de la Comisión Instructora, pero ella no firmó el documento de inicio de juicio político por las razones expuestas. Pidió a sus compañeros sensatez y cordura para que el juicio político a iniciar a Gabino Cué sea contundente”, finaliza el comunicado.

¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esta decisión francamente poco clara de la fracción priista? En el esquema más simple, pudieran estar confundiendo la responsabilidad administrativa y penal que pudiera derivar de la gestión del ex gobernador Cué, con su responsabilidad política. Pues queda claro que para las dos primeras, sí es necesario contar con los resultados de auditoría y todo un esquema de probanzas arrojadas por revisiones tanto de las instancias estatales como federales encargadas de la fiscalización de los ejercicios anuales de la administración anterior.

Sin embargo, la responsabilidad política corre por un sendero que, aunque es paralelo al anterior, es distinto de aquel. Pues aunque pareciera verdad de Perogrullo, es claro que el juicio político tiene como finalidad incidir en los derechos políticos de la persona que a juicio de la Legislatura tuvo actúa, o actuó incorrectamente, durante el periodo en el que fue servidor público.

Ello se refleja en la destitución del cargo —cuando se encuentran en activo—, y inhabilitación para ocupar nuevas responsabilidades públicas por un periodo determinado de tiempo. ¿En dónde impactan esas dos decisiones posibles? Lo hacen directamente en los derechos políticos de la persona que es hallada culpable de responsabilidad política. Por eso la afirmación de que el juicio político es —y aunque parezca juego de palabras— tiene efectos de naturaleza política, independientemente de lo que pudiera ocurrir por las vías administrativa y penal, que no son afectadas por el juicio político.

PROBLEMAS CONSTITUCIONALES

Hay un problema aún mayor que no ve la diputada Rojas Saldaña. El artículo 114 de la Constitución del Estado de Oaxaca establece que “el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento”.

¿Cuál es el problema? Que si la diputada Rojas Saldaña opta por esperar a que, como dice, se recaben las pruebas suficientes aportadas por los resultados de las revisiones practicadas por la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos tendría que esperar hasta el mes de septiembre para que dicha instancia entregue sus resultados de auditoría correspondientes al año previo, y sólo después de conocer lo que resulte de ellos, iniciar un trámite “contundente” de juicio político, con el enorme riesgo de que en el solo desahogo del procedimiento podría llegar el 30 de noviembre, plazo en el cual se cumple un año de que Cué dejó la gubernatura, y entonces quedar inhabilitado el Congreso para desahogar el juicio político por la prescripción que la propia Constitución establece para este mecanismo.

En esa lógica, puede entenderse que se pretenda cierto rigorismo; sin embargo, en estas condiciones tal rigorismo más bien parece una excusa aparentemente bien planteada para mantener el halo de impunidad, que cada vez se ve con mayor claridad que algunos grupos del propio régimen actual quieren procurarle al ex Gobernador, quién sabe a partir de qué acuerdo o compromiso. Fuera de ello, no existe una lógica clara para pretender que el trámite actual no continúe, a pesar de que dentro del abanico de posibilidades se encuentra —como en todo procedimiento jurisdiccional, incluso dentro de la justicia ordinaria— de presentar pruebas supervenientes cuando se tenga noticia de nuevas probanzas que son trascendentes para el resultado de un juicio.

Al final, si no existe voluntad de continuar este trámite de juicio político por parte de quienes tienen la mayoría de diputados en la Legislatura —mayoría que, por cierto, no es alcanza para determinar el desechamiento de un trámite como éste—, sí debería haber demostraciones claras de voluntad y capacidad en el propio gobierno actual para indagar la gestión de los funcionarios anteriores, y comenzar a proceder en su contra.

El problema es que en todo se ve silencio, evasivas y apariencias de incapacidad. No les queda claro que su peor escenario es terminar siendo cómplices de quienes dejaron colapsada la economía y las finanzas públicas de la entidad, y defraudados y desilusionados a millones de oaxaqueños.

CORREN APUESTAS…

Doble contra sencillo, a que cualquier acuerdo que se construya entre el Gobierno del Estado y el Comité de la Sección 22 que se encuentra en las mesas de trabajo para la atención de su pliego petitorio, será rechazado por la Asamblea Estatal. En el proceso de entender la lógica magisterial, deberían saber que la clave de los acuerdos no está en el Comité Seccional sino en la Asamblea Estatal, que cada que sesiona evoca la noche de los cuchillos largos. Para dejarlo registrado. Y volver después a ello.

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