Violencia en el país sigue siendo la forma más eficaz de desmovilización social

 

Escesa del Crimen

+ Criminalidad, ataques a libertad de expresión e impunidad, signos más visibles


Aunque pareciera una conjura, en realidad el clima de violencia, criminalidad e impunidad que prevalece en el país tiene como ingrediente de fondo el miedo de distintos sectores a un nuevo periodo de insurrección social. Tal es la manifestación de esos temores, en un país que sigue presionado por sus propias circunstancias, pero al mismo tiempo conteniéndose frente a un posible mal mayor. En el entendimiento de la situación habría también capacidad para entender el límite al que nos acercamos.

En efecto, resulta alarmante que el mes de marzo de 2017 El pasado mes de marzo haya sido el mes con más homicidios dolosos en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo se alcanzó el registro de dos mil 020 casos de asesinato. Nunca antes en lo que va del sexenio se había rebasado la cifra de los dos mil casos en un mes, de carpetas e investigación iniciadas por homicidios dolosos, según los datos que reportan las procuradurías estatales.

De hecho, los datos se asemejan a los de 2011, uno de los años más violentos del sexenio de Felipe Calderón, cuando en mayo, junio, julio y agosto también se superó la barrera de los 2,000 homicidios dolosos. Desde entonces no se había rebasado ese tope, en las cifras mensuales (el conteo inicia en 1997).

Esas cifras se alimentan con un crecimiento lineal en prácticamente todas las entidades del país del número de homicidios ocurridos durante el periodo, y no pueden dejar de ubicarse en el contexto en el que la administración actual se encuentra cada vez más cuestionada y con menos capacidad de respuesta frente a la ciudadanía. Por un lado, pues, el gobierno federal retrocede en su legitimidad, pero la delincuencia organizada gana terreno a veces a través de la violencia, o de la manipulación e incluso del miedo social a todo lo que pueda ocurrir en un contexto de gran incertidumbre.

En esa lógica, una de las cosas que no puede dejar de verse es la incapacidad que tienen todos los actores institucionales para conseguir no sólo que disminuya la violencia sino también que la ciudadanía confíe un poco más en las instituciones. Ubicados en el terreno de las apariencias, pareciera entonces que tanto el Estado como la criminalidad continúan en una carrera desenfrenada de autodestrucción: por un lado, el Estado que a pesar de todo lo que haga ni puede parar la criminalidad y tampoco puede ganar un ápice de credibilidad frente a la ciudadanía; y por el otro, la delincuencia que gana terreno silenciosamente a partir del miedo, la violencia y el incremento acelerado de índices como el de las muertes violentas que ocurren en México.

El problema es que nada de eso puede verse como una cuestión sólo de casualidades, sino como un fenómeno que en realidad está también conteniendo los brotes de enojo social,  que quién sabe si logren traspasar la frontera del 2018 y el posible resultado de las elección presidencial.

EL MIEDO

A principios de este mes vimos una nueva forma de infundir miedo. En distintos mediso de la capital del país, circularon notas periodísticas en el sentido de que el peso mexicano se depreciaría frente al dólar en caso de una victoria de Delfina Gómez, de Morena, en las elecciones para gobernador del Estado de México, un bastión clave del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según un sondeo hecho por la agencia de noticias Reuters.

La agencia internacional consultó a 16 economistas, operadores y analistas; 14 de ellos prevén una baja para la moneda nacional que actualmente se cotiza en alrededor de 19 pesos por dólar si gana el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pues consideran que ello elevaría las probabilidades de que López Obrador resulte victorioso en las elecciones presidenciales de 2018. Y, de hecho, López Obrador es visto por algunos analistas como un riesgo por sus amenazas de revisar algunos elementos de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto y por la posibilidad de que imponga políticas nacionalistas como lo han hecho otros países de la región.

Hoy es el temor en el bolsillo de la gente, a pesar de que aún con acontecimientos como el triunfo del republicano y nacionalista Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, no fue suficiente para socavar el peso —ocurrió, aunque de forma temporal— como lo están asegurando ahora ante un posible triunfo de la candidata de Morena, más como una forma de propagación de temores que como verdades constatadas o de predicciones infalibles.

El problema es que esta es sólo una más de las formas de infundir miedo con un solo motivo: desmovilizar a la ciudadanía. Felipe Calderón inició la guerra contra el crimen organizado en enero de 2007 justamente como un mecanismo de “despresurización social” —si es que se le puede llamar así— luego de que en los meses previos hubiera todas las posibilidades de una pequeña o gran insurrección nacional, a partir de la incertidumbre generada no sólo por el resultado de la elección presidencial —que la ganó Calderón por menos un punto porcentual sobre Andrés Manuel López Obrador— sino también por el empecinamiento del tabasqueño por cuestionar el resultado de la elección e incluso organizar una protesta callejera en la capital del país, que en varios momentos pudo llegar a tener las características de un movimiento violento, aunque finalmente se moderó.

De hecho, en una de las aristas del análisis del inicio de la guerra contra el crimen organizado en 2007, en el contexto del conflicto post electoral de 2006, se explica bien cómo la guerra contra el crimen organizado no sólo no apaciguó los índices de violencia en el país, sino que los incrementó sustancialmente; y cómo, de manera concomitante, la ciudadanía comenzó a sentirse atemorizada al grado de repensar en la posibilidad de salir a las calles a protestar.

Así, en la década que ha transcurrido desde entonces, puede verse que la delincuencia ha sido un factor tronante en diversas regiones del país de forma intermitente, y que eso ha evitado otro tipo de movilizaciones más de orden social o político, como ya pudo haber ocurrido a partir de índices como el de la pobreza, los bajos salarios, o algunos otros muy visibles y hoy a flor de piel en nuestra sociedad.

En esa lógica, pareciera entonces que el Estado no se preocupa ante el descrédito porque en el fondo ve todo esto como un mecanismo de defensa; y que, al mismo tiempo, el desbordamiento de la criminalidad tiene también por objeto evitar no sólo que impere el Estado de Derecho, sino sobre todo que la gente intente cambiar el estado de cosas en sus localidades. En medio de todo eso estamos los ciudadanos, que aunque pareciera que vivimos en un ambiente de civilidad, lo cierto es que estamos asolados por calamidades que en el fondo tienen que ver con disputas entre cárteles, o con corrupción, pero que también tienen el ingrediente de desmovilización social que nunca debiéramos perder de vista.

DESAPARECIDOS, UNA DÉCADA

La próxima semana, el 25 de mayo, se cumplen 10 años de la detención-desaparición de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario en Oaxaca. Es una década de silencio que encierra temas muy significativos: la guerrilla participando en la lucha social; los actos de sabotaje; y el clima tan complejo que vivimos actualmente. Es, en el fondo, un registro que tampoco debemos pasar por alto.