+ No es posible aparentar que se hace justicia, cuando se quebranta la ley
Frente a la detención del ex secretario de Salud Germán Tenorio Vasconcelos, hay muchos que se siguen sintiendo indignados y agraviados, por el hecho de que el delito por el que es procesado, alcanza una pena máxima de nueve años de prisión. Hay voces que exigen que, por ejemplo, se le confisquen sus bienes o que “devuelva lo que se robó”. Para entender más allá de las apariencias si esto es posible, hay que voltear a ver, primero lo que dice la ley; y segundo, algunos ejemplos de cómo se ha aplicado el derecho y las negociaciones, en casos más o menos similares.
En efecto, cuando se comenta coloquialmente el asunto de Tenorio Vasconcelos, la gente acude a un ejemplo cercano: dicen, por ejemplo, que Bulmaro Rito Salinas apenas si pasó un año en prisión como pena por todas las tropelías que dicen que cometió a costa del erario oaxaqueño durante muchos años. Luego de un año y algunos meses en prisión, dicen, Rito se retiró a la vida privada a disfrutar de su patrimonio una vez que recobró la libertad y que sus procedimientos penales siguen un curso que ya no pone en riesgo ni su libertad personal, ni los bienes que acumuló —los cuales habrían sido producto de sus excesos como funcionario.
Frente a esto, la exigencia común es que se le confisquen sus bienes a los servidores públicos corruptos. Aunque esa es una exigencia que parece lógica y hasta mínima frente al tamaño de los quebrantos que se acusan, lo cierto es que este asunto no puede desligarse de lo que en realidad dicen y permiten las normas jurídicas. Es engañoso, frente a esto, pensar en ejemplos como el del vecino estado de Veracruz, en donde su Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, sí ha logrado la devolución de dinero y bienes que habrían sido producto de actos de corrupción cometidos por ex servidores públicos y particulares cercanos a Javier Duarte.
Señalamos que es engañoso, porque en realidad lo que hizo el gobernador Yunes ha sido una negociación lisa y llana de la ley. En concreto, lo que hizo desde que era Gobernador Electo, fue buscar a las personas —funcionarios y particulares— que pudieron haber sido cómplices de Duarte en actividades relacionadas con desvío de recursos y, literalmente, amenazarlos para poder negociar con ellos.
Acaso, el ejemplo más paradigmático fue el del principal socio y prestanombres de Duarte, Moisés Mansur, a quien el propio Yunes buscó en Canadá para entablar una negociación simple pero ilegal: que le devolviera los bienes producto de los actos de corrupción, y le diera toda la información sobre las tropelías presupuestales de Duarte en su calidad de Gobernador, a cambio de que no lo persiguiera judicialmente a él. Eso mismo hizo con varios otros ex socios de Duarte, y por eso Yunes obtuvo mucha información que luego fue la base de la PGR para acusar a Duarte de la comisión de diversos delitos.
¿Qué es lo cuestionable? Que esas negociaciones de la ley son a todas luces ilegales. No pueden ser mecanismos anticipados para la terminación de un juicio penal, porque los códigos procesales penales del país no permiten —ni siquiera a la luz del nuevo sistema de justicia penal— la negociación de los procedimientos cuando se trata de delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas y los cometidos en asociación delictuosa (en el caso de Oaxaca, sobre esto existe una prohibición expresa en el segundo párrafo del artículo 191 del Código Procesal Penal del Estado), que es exactamente el caso de todo lo que ha ocurrido con los gobernadores corruptos y su cauda de socios y prestanombres.
Por esa razón, es imposible pensar que legal y válidamente, un Gobernador se puede poner a negociar la aplicación de la ley en contra de personas que participaron en delitos relacionados con el servicio público, y en los que obviamente tuvo que existir la asociación delictuosa para cometerse; porque todo eso esencialmente significa perseguir un hecho ilícito a partir de mecanismos y prácticas que también están prohibidas por la ley.
Es entendible, en esa lógica, que la ciudadanía se indigne porque no se le confisquen de inmediato los bienes adquiridos por corrupción, a los ex servidores públicos que son acusados de ello. Sin embargo, en lo que más bien habría que pensar es que el aseguramiento y el remate de esos bienes ocurra respetando la ley, y no cometiendo el paradójico e inadmisible acto de tratar de hacer justicia violando el Estado de Derecho.
ABONAR A LAS INVESTIGACIONES
Queda claro que en México los delitos cometidos por servidores públicos sólo se castigan cuando hay presión social. Eso fue lo que pasó cuando el gobierno mexicano decidió perseguir a todos los gobernadores que hoy se encuentran en prisión, y es exactamente lo que debe seguir ocurriendo para combatir de fondo la impunidad en el país.
En esa lógica, a todos nos debe quedar claro que es la voluntad, y no los cambios en el orden jurídico, lo que hace que el sistema de justicia funcione eficazmente. Por eso mismo, el Sistema Nacional Anticorrupción no puede hoy ser visto como el mecanismo que ha permitido la persecución y procesamiento judicial de diversos funcionarios, como tampoco que ello sea el punto de arranque para el cambio necesario de paradigma respecto al combate efectivo a la corrupción entre los servidores públicos, y entre ellos en su relación con los particulares.
En el caso específico de Tenorio Vasconcelos —y de otros ex servidores públicos de la administración de Gabino Cué que son señalados por corrupción—, lo que debe ocurrir es que continúen las investigaciones no sólo respecto a los delitos por los que ya se encuentra en prisión, sino por otros que en algún punto sí podrían llevar al aseguramiento de sus bienes, como parte de las investigaciones. En esa lógica, tendría que haber procesos penales por delitos como enriquecimiento ilícito, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque a simple vista se aprecia que del desempeño de varios funcionarios podrían desprenderse conductas penadas por la ley.
¿Qué se necesita? Que la sociedad continúe exigiéndole a la autoridad, no sólo estatal sino también federal, que investigue a fondo el desempeño, el patrimonio, la situación financiera y el estado actual de los bienes y patrimonio de esas personas que son señaladas de corrupción.
En el fondo, la presión social fue el punto de inicio de las investigaciones que llevaron a caer a Duarte, a Roberto Borge y a varios de los gobernadores que se encuentran en prisión, y que si no hubiera tenido como causa la reprobación ciudadana —ya sea en términos de opinión pública expresada en encuestas, o en términos de electorado expresado en las urnas— seguramente todos esos ex gobernadores ahora procesados y en prisión, no sólo seguirían en libertad, sino que serían el ejemplo de impunidad del nuevo régimen. Obligadamente, el gobierno federal y los estatales se han decidido a investigar el pasado en la función pública. Eso mismo debería ocurrir en Oaxaca.
¿CAMBIOS EN LA CONSEJERÍA?
Desde el sábado se hablaba del posible cambio en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, el cual independientemente de que se confirme o no, es muy necesario. Ha quedado claro que el actual Consejero Ángel Alejo Torres, ha generado más problemas de los que ha resuelto, y que su último traspié fue en el veto que aplicaron a una porción de la recién aprobada ley electoral, cuando el problema pudo haberse resuelto a través de otras vías que la misma ley contempla y permite, y no a través de esa reprobación entre poderes que fue muy mal recibida en el Congreso, y que ocasionó ruidos en temas delicados como la elección de los fiscales especializados, la semana pasada.
