Una derrota general, el nacimiento “mocho” del Sistema Anticorrupción

+ Revive usanza de dar el mecanismo para que otros lo pongan en marcha

Es una derrota para la democracia y la legalidad en México, la forma en cómo está entrando en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Ello ocurre en un marco de insuficiencia presupuestal, de servidores públicos y de estructura institucional, que lo único que revela es que el propio régimen político sigue resistiéndose al nacimiento del Sistema. La sociedad, y su exigencia organizada, ahora sí tendrían que impedir que la actual clase política intente posponer —como ha sido costumbre en muchos regímenes que se niegan a cambiar y dejan en otros lo que ellos no quieren hacer— hasta el siguiente sexenio la verdadera puesta en marcha del SNA.

En efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción debía arrancar este 19 de julio con todas las piezas en su lugar. Pero la maquinaria institucional comenzará a operar incompleta: sin fiscal que investigue ni magistrados especializados que sancionen los delitos de corrupción de funcionarios públicos y ahora, también, de particulares. Pareciera, incluso, que ha sido una cuestión casi organizada la de obstaculizar la posibilidad de la creación de una estructura anticorrupción afianzada, y que esa “alianza” entre políticos —gobierno federal, Senado, gobernadores, etcétera— está tratando de posponer la entrada en vigor del sistema, para que sean otros los que lo concreten.

De entrada, resulta que el Senado no cumplió con su responsabilidad constitucional de nombrar al titular de la Fiscalía Anticorrupción que operará desde la Procuraduría General de la República. Tampoco eligió a los 3 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que integrarán una nueva sección y a los 15 que inaugurarán las 5 salas regionales (cinco para cada una).

No sólo eso. Desde la misma Cámara de Senadores hubo flechas que apuntaron hacia el corazón del sistema: el Comité de Participación Ciudadana que vigilará su funcionamiento. En su contra disparó Pablo Escudero, presidente del Senado y legislador por el Partido Verde, quien cuestionó los criterios del Comité de Selección que tuvo a su cargo la integración del órgano ciudadano del sistema.

Como respuesta a los cuestionamientos que despertó el senador Escudero, la Comisión de Selección del SNA presentó el libro blanco del proceso, en el cual explican la metodología y los criterios para utilizaron para elegir a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. “Cuestionaron al Comité de Selección que los mismos senadores eligieron, con los criterios que ellos mismos pusieron”, afirmó en su momento Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. “Claramente hubo una intencionalidad política y evidentemente hay actores políticos que están incómodos”, aseguró.

El último episodio de desavenencia entre el Senado y ciudadanos que han participado en los distintos procesos de cambio que involucra el SNA ocurrió el pasado miércoles 12 julio. Ese día los integrantes del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción presentaron una carta de renuncia que los desvincula del proceso, porque consideran que el Senado ha incumplido con la ley al no haber nombrado al fiscal.

“Estamos, como ya lo habíamos anunciado, ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción”, apuntaron en un comunicado. En medio de estas omisiones, incumplimientos, disputas, rupturas y cuestionamientos cruzados comenzará a operar el SNA, la más fuerte apuesta del país por desterrar la corrupción.

“QUE OTROS LO HAGAN…”

Lamentablemente, esta resistencia institucional no es nueva ni tampoco rara. Pues de hecho, una de las “costumbres” de la clase política frente a la necesidad de los cambios, ha sido la de hacerlos tan graduales que hasta parezca imperceptibles. En ese afán —que ha caracterizado a México, que frente al mundo ha hecho cambios institucionales profundos sin pasar por una guerra—, lo que han hecho los gobernantes es crear las nuevas estructuras institucionales, pero legarle a otros su entrada en operaciones real. Es lo que ha pasado con muchos de los nuevos órganos del Estado. Y quizá es lo que estén nuevamente intentando con el Sistema Nacional Anticorrupción.

¿De qué hablamos? De que cuando crearon otros órganos, como los de transparencia, fiscalización y varios de los que funcionan hoy con autonomía constitucional, los respectivos regímenes —gobernantes y opositores— decidieron que no podían implementar y poner en funcionamiento esos órganos de manera inmediata. En muchos casos, crearon los órganos, pero pusieron como sus primeros titulares a personajes que no eran necesariamente una demostración de autonomía, y que tampoco respondían a la supuesta necesidad de ser los hombres o las mujeres más destacados para esa labor.

Más bien, eran “delegados” que el propio régimen enviaba para estructurar los órganos, para ponerlos a funcionar, y para dar la apariencia de que se había cumplido con el objetivo de la creación, pero sin cumplir el objetivo de fondo de dotar a esos órganos de la legitimidad, de la fuerza moral, y de la autonomía y profesionalización que según la ley constituían las bases fundamentales de esos nuevos órganos.

El complemento a esa “creación colonizada” de órganos independientes, venía en la apuesta de que dichos órganos ganaran su autonomía y su plenitud orgánica en momentos posteriores. Partían del supuesto de que el “legado” de esos gobernantes provenientes de un régimen que no quería cambiar, era justamente haber tenido la voluntad de ceder y hacer los cambios institucionales; pero también señalaban que sería tarea de otros (sus sucesores) dotar a esos órganos de la fuerza que necesitaban para funcionar en los términos en que ellos lo habían creado.

¿Por qué no pensar que todo el régimen actual —el gobierno federal, el Senado, los partidos políticos y todos los que de alguna manera serán sujetos a la potestad del Sistema Nacional Anticorrupción— se encuentran en esa resistencia, natural pero oprobiosa, a su funcionamiento pleno? No existe otra razón suficiente como para entender por qué están intentando detener o aplazar no su vigencia formal —ya está en vigor— sino su funcionamiento en los términos en que fue concebido.

La diferencia que existe entre cualquier otro órgano creado con anterioridad bajo estas circunstancias, y el Sistema Nacional Anticorrupción, es que éste último es consecuencia del consenso generalizado en México de que la corrupción y la impunidad constituyen los mayores y más corrosivos cánceres que pueden existir en nuestra sociedad, y que por ende no debe haber un solo minuto de tregua para combatirlos. Seguramente por eso cae tan mal, y es tan rechazada, la intención del régimen actual de que sean otros quienes pongan en marcha el sistema. Porque parece además, que el país ya no está para seguir aguantando esos aplazamientos a conveniencia sólo de algunos intereses.

DAÑO ECOLÓGICO

Por cierto, ¿al final quién responderá por el enorme daño ecológico que provocó la decisión de convertir las riberas del río Atoyac en un enorme basurero a cielo abierto? Porque sí, qué bueno que ya están retirando la basura. Pero ahí resultarán responsabilidades de diversas magnitudes —que deberían terminar alcanzando a funcionarios de los tres órdenes de gobierno— que no deben ser minimizadas ni escondidas, frente a ese muladar temporal que crearon a la vista de todos los oaxaqueños.