+ Opacidad, signo de los tiempos de partidocracia legislativa (que está agotándose)
En la misma medida en que debe haber un Congreso materialmente auditable y con posibilidades de demostrar que rinde cuentas sobre los recursos que ejerce, debe haber un órgano de fiscalización superior que tenga capacidades comprobables de autonomía y legitimidad. No existe lo primero, como tampoco existe lo segundo. Por eso, en el cambio de paradigma sobre la transparencia y el combate a la corrupción, debe haber una transformación profunda de la forma en que se desenvuelven el Congreso y la ASE, cada uno en su respectivo ámbito.
En efecto, de acuerdo con una nota publicada por TIEMPO en su edición de ayer jueves, el Titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo señalaba que los 42 diputados que integran el Congreso local se distribuyen 700 millones de pesos al año sin que nadie les pida cuentas o informen a la sociedad en qué y cómo los gastan.
Altamirano Toledo, consideró que se debe iniciar una auditoría al Congreso, pero son los mismos diputados los que autorizan el presupuesto para ello y éste ha sido insuficiente. Señaló que los legisladores gastan enormes sumas de dinero sin rendir cuentas ni permitir la fiscalización respectiva. Dijo también que los legisladores no deberían oponerse a la auditoría, puesto que son recursos públicos y es una exigencia de la sociedad conocer cómo se maneja, y además consideró que el problema no es de leyes, pues la de Oaxaca está considerada como una de las mejores legislaciones del país en materia de auditoría, sin embargo, no se aplica.
Ante ello, habría que desmenuzar un poco las afirmaciones del Titular de la ASE que, además, ocurren en el contexto en el que, paralelamente, se discute en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado la posibilidad de la reintegración del órgano de fiscalización como parte de la reconfiguración de los entes públicos que serán parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Hay que entender, por un lado, las afirmaciones de Altamirano Toledo con relación a la opacidad que priva en el Congreso del Estado; y que, por el otro, esas afirmaciones bien pueden estar ocurriendo en este momento en específico como una forma de presión desde la ASE hacia los diputados, mientras éstos discuten si se reintegra o no dicho órgano.
En el primero de los contextos, habría que entender que en realidad la opacidad legislativa no data de la actual Legislatura, sino que más bien los legisladores locales actuales han continuado con la “tradición” de opacidad que heredaron de las dos legislaturas anteriores, en las que la ASE quedó verdaderamente sometida a las presiones y designios políticos de los anteriores pastores camerales para que no hubiera revisión.
Si hacemos memoria, en la LXI Legislatura se vieron involucrados diputados de varias fracciones parlamentarias —Juan Mendoza del PAN, Francisco García López (actual titular de Sevitra) por el PRI, y Emanuel Alejandro López Jarquín por el PRD— en abultados señalamientos por haber impedido por todos los medios posibles que se auditaran los millonarios recursos que ellos habían ejercido, máxime cuando se comprobó que al menos en el caso de López Jarquín y de García López, habían ocurrido posibles manejos irregulares de recursos que incluso habrían ido a parar a sus cuentas personales. Con todo y las evidencias, ninguno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política en aquella Legislatura se abrieron a las auditorías y más bien prefirieron dejar pasar la crisis a través de pactos políticos con el entonces gobernador Gabino Cué.
Luego vino la LXII Legislatura, que por mucho fue la más escandalosa de todas, y en la que tuvo una activa participación el ex funcionario estatal Alejandro Avilés Álvarez. Fue, de hecho, Avilés, quien manejó la mayor cantidad de recursos discrecionalmente, gracias a que logró dividir a las otras fracciones parlamentarias integrantes de la Jucopo, y con base en ello pudo tener un margen amplísimo para utilizar el presupuesto legislativo discrecionalmente durante los tres años que duró la anterior Legislatura.
Incluso, Carlos Altamirano Toledo tendría también que aclarar una de las tantas historias que vociferaba Avilés, de cuando en particular lo citó en el restaurante de un conocido hotel para decirle, entre insultos y amenazas, que no permitiría que realizara ninguna revisión al Congreso del Estado, a pesar de que desde el inicio de la anterior Legislatura se impulsó un acuerdo del Pleno para solicitar que la ASE llevara a cabo una auditoría, cuestión que como sí reconoce, nunca ocurrió.
ARIETE POLÍTICO
Por el momento en el que ocurren las declaraciones de Carlos Altamirano Toledo, éstas no fueron bien recibidas en el Congreso local. Y no, no se trata de que los diputados se hubieran ‘ofendido’ porque el Auditor haya señalado que ahí se ejercen los recursos con total opacidad —eso todo el mundo lo sabe—, sino más bien porque ello ocurre en un contexto específico en el que parece haber una intención de continuar la disputa retórica entre el anterior régimen y el actual, por las responsabilidades derivadas de posibles actos de corrupción.
En esa lógica, no es casual que esta misma semana hubiera accedido el ex gobernador Gabino Cué a reaparecer en una entrevista con la Agencia Quadratin, para atajar los señalamientos relativos a que en su administración hubo desvíos, y asegurar que finalmente todo quedará aclarado ante las instancias correspondientes.
Una de esas instancias es justamente la que aún encabeza Carlos Altamirano Toledo, y coincidentemente él salió en solitario a dispersar las presiones que vive el anterior régimen, acusando a un tercero —los diputados— de opacidad y corrupción. Por eso, en realidad, Carlos Altamirano parece estar sirviendo más como ariete del régimen para el que trabajó —y que lo puso en la posición política en la que hoy se encuentra—, que como una voz autorizada para hablar sobre rendición de cuentas, antes, ahora o en el futuro.
Al final, lo que queda claro es que en la misma medida en que el Congreso del Estado dé los pasos relativos a la implementación efectiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, debe también abrirse a la rendición de cuentas de su propio ejercicio. Sería ilógico y por demás cuestionable que —como lo ha hecho en los últimos años— siga insistiendo en que la transparencia ocurra, pero sólo en las yuntas de los demás, y que al mismo tiempo siga evadiendo su propia responsabilidad de abrir su ejercicio al escrutinio público y a la fiscalización superior.
Los diputados deben terminar con el régimen de discrecionalidad, con el galopante uso de dinero en efectivo, con los gastos para gestión que nadie sabe bien a bien dónde terminan, y con todas las resistencias ampliamente conocidas relacionadas con la transparencia en su propio ejercicio.
RECONFIGURACIÓN TOTAL
Pero también, la ASE, debe pasar por un proceso de transformación profunda, en el que queden como integrantes sólo los mayores expertos en fiscalización, y se le dé salida a personajes como Altamirano Toledo que sólo se ha dedicado a cuidar su posición, y que, aislado y en solitario, ahora también parece decidido a hacerse parte de las presiones entre grupos políticos.
