+ La ASE es un ente débil; en esas condiciones nunca podrá dar resultados
Uno de los temas que cobrará mayor relevancia una vez que se discuta formalmente el paquete de reformas que completará el marco jurídico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, es el del fortalecimiento a las capacidades institucionales para la fiscalización. Los diputados locales podrán decir misa, pero en las condiciones actuales es imposible que la Auditoría Superior del Estado (ASE) tenga más alcances de los que hasta ahora se ha demostrado. Por eso, al margen de nombres y circunstancias políticas, lo que le vendría muy bien a Oaxaca es el fortalecimiento de la fiscalización, como una demostración de que en el Congreso toman en serio el combate a la corrupción y a la impunidad, y de que están dispuestos a dejar de ser cómplices y alcahuetes de los actos de corrupción.
En efecto, como institución, la Auditoría Superior del Estado enfrenta grandes problemas, siendo el presupuestal el mayor de ellos. Como es sabido, la ASE ha enfrentado reducciones y regateos presupuestales sostenidos por parte de los diputados, quienes a pesar de sostener en el discurso político que ellos son aliados de la legalidad y de la rendición de cuentas, en los hechos han mermado de forma profunda los alcances del órgano de fiscalización superior, al rehusarse a incrementar los recursos económicos de la Auditoría, como una forma de fortalecer no a su titular, sino los hasta ahora muy limitados alcances de revisión que tiene.
El asunto no es menor. La Auditoría Superior de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto —antes incluso de que en 2014 le redujeran otros 18 millones de pesos a su presupuesto para la creación de un elefante blanco legislativo denominado Órgano Técnico de Fiscalización, que depende de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado—; la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada servidor público, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.
Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?
Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que cada año sólo puede auditar a alrededor de los 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que por eso sean también las revisiones a las entidades del gobierno estatal sean aleatorias y por muestras, dada su enorme incapacidad técnica para llevar a cabo más revisiones.
Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Congreso del Estado, que ni ha hecho una Auditoría fuerte, ni ha generado las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio, y tampoco ha demostrado con hechos tangibles su supuesta convicción por la legalidad y la rendición de cuentas, incluso en estos tiempos en los que ha quedado demostrado que uno de los asuntos que más agravia a la ciudadanía es justamente la excesiva tolerancia del Estado a los actos de corrupción que cometen sus funcionarios, en colusión con particulares que alientan, toleran o permiten esos actos indebidos.
AUDITORES EXTERNOS
Una de las propuestas que el Congreso del Estado deberá valorar con seriedad y determinación, si es que ahora sí tiene la voluntad por fortalecer las capacidades institucionales de la Auditoría Superior, y convertirla en un órgano de revisión digno y decoroso que sea útil para el funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, es la de integrar en las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que realicen próximamente, la posibilidad de que despachos externos contribuyan a las funciones de auditoría que debe realizar la ASE, pero que por su reducida capacidad instalada no puede realizar en todos los entes susceptibles de auditoría.
Ese mecanismo de revisión, planteado técnicamente por el sub auditor Ramón Icazbalceta Carrete, ya se utiliza en otras entidades del país, y tiene un funcionamiento práctico que multiplica las capacidades de fiscalización: a través de despachos especializados y certificados en auditoría, los propios Ayuntamientos contratan y pagan la dictaminación de sus estados financieros —en este caso, de su Cuenta Pública—, en la misma forma en que las personas físicas y morales contratan a un contador público certificado como auditor, para que elabore los estados financieros de su actividad económica o empresa, y al hacer la dictaminación de los mismos, el contador auditor es corresponsable de lo que ahí se asienta.
En términos contables, los estados financieros elaborados por un auditor certificado tienen plena validez frente a terceros, porque es corresponsabilidad del propio auditor establecer la situación que guardan las finanzas que revisa, bajo la posibilidad de que al no dictaminar correctamente corra el riesgo de perder su certificación o patente para realizar ese tipo de actividades. Por eso, cuando se trata de estados financieros, difícilmente un contador público se presta a asentar datos falsos o inexactos, ya que lo que está de por medio es su prestigio, su reputación, y su actividad profesional.
De este modo, en algunas entidades del país ya se utiliza la figura de los despachos externos coadyuvantes a la Auditoría Superior. Éstos realizan la auditoría y ponen los resultados a disposición de la ASE, evitándose así todo el trabajo de gabinete. En Oaxaca esa posibilidad potenciaría los alcances de la Auditoría ya que nuestra entidad es la que tiene la mayor cantidad de entes auditables del país, y —como se estableció en líneas anteriores— la ASE es el órgano de fiscalización presupuestal y técnicamente más débil de todo el país.
Al final, en cuestiones como esa se verá si en realidad los diputados locales de la LXIII Legislatura tienen convicción por fortalecer las tareas de fiscalización superior, o si sólo están buscando repetir grosero el “quítate tú, para que me ponga yo” que dentro de poco consumarán respecto a la posición de Carlos Altamirano Toledo. En el fondo, si no demuestran esa voluntad ajustando la ley y dotándola de mayores recursos, todos terminarán pagando el costo social y político de no fortalecer a la ASE y a los demás órganos que participarán en las tareas propias del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.
PRÓXIMAS CONVULSIONES
Aseguran que no pasará mucho tiempo antes de que los sindicatos universitarios comiencen nuevamente a movilizarse, ahora para defender el viejo privilegio de tener espacios de ingreso para diversas escuelas y facultades, los cuales comercializan de forma pública como si ello fuera una mercancía. Ello se potencializa en facultades como la de Medicina, en donde un ingreso puede llegar a cotizarse en cantidades de seis cifras. Si de verdad la administración universitaria logra erradicar esa práctica, habrá dado un paso importante aún cuando eso genere inestabilidad de quienes no quieren perder el coto económico de esa práctica inadmisible, pero por demás común en la UABJO.
