+ El Congreso de Oaxaca se resiste a la fiscalización y a mecanismos de eficiencia
Los ciudadanos y nuestros legisladores, vivimos en mundos paralelos pero opuestos. Nosotros, la gente de a pie, pensamos que en general la actividad de nuestros legisladores es demasiado onerosa y muy poco productiva, frente al cúmulo de problemas que existen en la entidad. Pero en su mayoría, los legisladores asumen que la demostración —y la justificación— de su eficiencia se basa en el número de iniciativas que presentan; y por eso, hay muchos diputados que enferman de “iniciativitis” durante todo su periodo; hay algunos otros que no se preocupan ni por presentar iniciativas; y, los menos, son los que verdaderamente se enfocan en proyectos de fondo para dar por lo menos un resultado positivo a la ciudadanía. Y en medio de eso, hay incontables resistencias que deberían terminarse.
En efecto, al hacerse un acumulado de los recursos públicos que se han gastado —porque esa, evidentemente, no ha sido una inversión— en las últimas tres Legislaturas en Oaxaca, veremos que la cifra es verdaderamente escandalosa. En promedio, los diputados han ejercido alrededor de 700 millones de pesos anuales, que multiplicado por los años que comprende el periodo antes mencionado, da como resultado una cifra estratosférica que, esencialmente, no corresponde al nivel de improductividad e ineficiencia que los diputados han demostrado ante la ciudadanía.
El problema de eso, de entrada, es que en realidad entre la gran mayoría de los legisladores no existe la autocrítica. Por un lado, algunos de ellos están convencidos de que la política tiene sus propias circunstancias —la pluralidad, entre ellas— que hace compleja la posibilidad de alcanzar acuerdos consensados, y que esa es una situación de hecho que entorpece la posibilidad de un trabajo legislativo más fluido. Por eso, de acuerdo con esa visión, la ciudadanía debe agradecer que a pesar de las circunstancias haya ciertos resultados, y debe entender que la aparente situación de improductividad es producto de una circunstancia que no alcanza a ser responsabilidad específica de alguien.
Otra idea que es muy común entre los legisladores, es la de que su productividad únicamente debe ser medidas en términos cuantitativos. Basta con ver la enorme cantidad de iniciativas que los diputados y las fracciones parlamentarias presentan en cada sesión, y que se turnan a comisiones para ahí tener un destino incierto.
En la gran mayoría de los casos, lo que los diputados buscan es ganar el reflector momentáneo de tener una iniciativa que presentar y por la cual subir a la tribuna legislativa, pero lo hacen sin ninguna convicción y sin ningún interés por darle seguimiento a las propuestas. En realidad, lo único que casi todos pretenden ganar es la titularidad en el record de iniciativas presentadas, aunque en realidad éstas no sirvan para nada porque nadie les da un seguimiento específico ni promueve el trabajo en comisiones.
Incluso, en el Congreso del Estado existe un enorme descontrol sobre las iniciativas que se encuentran archivadas, porque a pesar de que el Reglamento Interno del Congreso del Estado establece los casos en que se deben dar por precluidas las iniciativas presentadas por los diputados, al término de la Legislatura, lo cierto es que existe tal desorden en ese rubro que en apariencia se mantienen “en estudio” iniciativas que fueron presentadas hace dos o tres legislaturas, o las propuestas se “enciman” de Legislatura en Legislatura, porque los diputados de las posteriores reciclan los proyectos de ley de sus antecesores para volverlos a presentar como novedosos, cuando existen iniciativas idénticas en las comisiones legislativas ya que nunca se declaran esos asuntos como definitivamente concluidos, en los términos que señala la ley.
RESISTENCIAS
Si ya es un problema que los diputados asuman que con presentar muchas iniciativas —la mayoría de ellas, inútiles— ya son en automático muy productivos, lo que resulta igualmente alarmante es que en el Congreso del Estado no existan mecanismos de rendición de cuentas sobre el trabajo legislativo, y que tampoco exista preocupación alguna sobre la profesionalización sobre el trabajo técnico de la labor legislativa. Esos, que son temas tabú en el Congreso, podrían abordarse de una forma relativamente sencilla, pero no se hace porque nadie quiere asumir la responsabilidad de evidenciarse en los verdaderos alcances de su pingüe trabajo legislativo.
¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, la ya tradicionalmente inservible página web del Congreso del Estado no sólo no cumple ni con los estándares mínimos que requiere la Ley de Transparencia, sino que tampoco existe proyecto alguno para mejorarla o adecuarla a estándares mayores. Por ejemplo, es casi imposible saber si el compendio de leyes y reglamentos estatales contenidos en su página web, contiene las versiones más actualizadas según las resoluciones legislativas y las publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Como no hay certeza alguna de que esto es así, entonces todo el público usuario debe conformarse con confiar en que las normas publicadas en la página web del Congreso son las vigentes, y nada más.
Evidentemente, si respecto a algo tan simple como eso el Congreso no puede ofrecer certeza, ya sería mucho pedirle que también publicara el contenido de las iniciativas que por montones presentan los diputados en cada sesión, al menos para que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de conocer exactamente qué están proponiendo, cuándo lo hicieron, bajo qué condiciones y con qué alcances.
Nada de eso ocurre. Por eso, cuando algún particular desea analizar alguna iniciativa o propuesta, debe cumplir con una serie de requisitos burocráticos para acceder a la información, cuando lo que en realidad debería ocurrir es que esa información de oficio tendría que estar puesta a disposición de la gente, y debería ser publicada de la forma en que su acceso fuera lo más sencillo posible. Pero los diputados no quieren hacer eso, y por esa misma razón también esconden el trabajo legislativo en comisiones que la mayoría de ellos nunca realiza personalmente, y todo se limitan a hacerlo mediante actas llenadas y cuidadas por sus secretarios técnicos para no evidenciar la indolencia de los legisladores.
Al final, otro tema que debería ser analizado y abordado con más seriedad, es la de la profesionalización de los llamados “asesores legislativos”. El esquema actual es totalmente discrecional. Por eso, hay legisladores que sí se preocupan por contratar al personal adecuado para cumplir con las cuestiones técnico jurídicas que requiere el trabajo legislativo. Pero como para eso no existe ninguna regla, también hay diputados que contratan a sus amigos, a sus novias, o a sus compromisos políticos; y eso explica por qué hay diputados que durante toda la Legislatura tienen un trabajo escasísimo hasta en lo referente a las iniciativas de ley, y ha llegado a haber casos en los que hay legisladores que durante todo su periodo nunca suben a tribuna ni presentan iniciativa alguna.
LES VALE
Incluso, se pensaba que la apertura a la reelección consecutiva de diputados, los impulsaría a hacer un trabajo más apegado a la gente, como una demostración de eficacia para luego estar legitimados para pedir el refrendo del voto para un nuevo periodo. Pero ni así. La mayoría de los diputados evade sus responsabilidades y sigue asumiendo que el mandato legislativo fue un cheque en blanco que no se debe convalidar con nada, y menos con trabajo.
