Con Avilés queda demostrado que en Oaxaca sí se premian los excesos

Aviles

+ No es buena noticia su arribo a delegación de Sedesol; pago, ¿a qué?


Ayer finalmente se consumó el arribo del ex titular de la Secretaría General de Gobierno en la entidad, Alejandro Avilés Álvarez, a la delegación en la entidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto ocurrió —aparentemente— como una forma de resarcimiento luego de su cese como funcionario estatal por el uso indebido de una aeronave gubernamental para fines particulares. Públicamente, nunca se aclaró la dimensión de ese acto indebido, ni tampoco de los resultados de la investigación administrativa que se prometió a la ciudadanía sobre el hecho. A pesar de todo, Avilés regresa a la función pública, ahora como funcionario federal, a pesar del negro historial que arrastra tanto en la función pública como en su actividad como líder legislativo y partidista.

En efecto, la asunción del nuevo Titular de la Delegación de la Sedesol en la entidad fue un acto político. A él acudió toda la clase política estatal que vio el regreso triunfante de quien hace apenas tres meses era símbolo de los excesos. Quién sabe de qué tamaño será el acuerdo o los débitos políticos que el régimen tiene con Alejandro Avilés, que a pesar no sólo del escándalo por el uso del helicóptero, sino de todo su historial político, fue revivido políticamente para asumir la representación de una de las delegaciones federales más importantes de la entidad.

Esta, de hecho, no debería ser una buena noticia para Oaxaca, ya que si se atiene a los antecedentes políticos de Avilés en la entidad, lo único esperable es que, por un lado, todos los beneficios sociales que otorga el Estado mexicano a través de la Sedesol quedaran nuevamente sujetos a los condicionamientos y las transacciones que son ampliamente conocidas como prácticas comunes de Avilés para hacerse de recursos; y que, por el otro, hubiera un manejo abiertamente político-electoral de los recursos destinados a los programas sociales federales.

En cualquiera de los supuestos, la situación es escandalosa. A Avilés no se le conocen dotes de destacado servidor público; tampoco se le conoce ascendencia académica, social o intelectual como para suponer que tiene alguna posibilidad de incidir en la política social del país aplicada a Oaxaca; mucho menos se le conocen antecedentes de sensibilidad social o política, como para asegurar que ha ayudado desinteresadamente a los sectores vulnerables, o que cuenta con trabajo social de bases. En esencia, Avilés ha sido un operador político que ha aprovechado cada una de las circunstancias políticas que ha tenido para sacar un provecho, tanto a nivel personal como para su partido, en ese orden.

Por esa razón no deja de ser una interrogante la motivación de la Secretaría de Gobernación, y de la de Desarrollo Social, para haber impulsado y autorizado su nombramiento como nuevo delegado de la Sedesol en la entidad; y tampoco cuáles fueron los motivos del gobierno de Oaxaca para impulsar y permitir su reincorporación a la vida pública estatal, cuando es perfectamente sabido que él no cuenta con ninguna experiencia ni ascendencia administrativa, y que sus únicos antecedentes son como operador electoral, en un contexto en el que ahora más que nunca se le cuestiona al gobierno federal de utilizar los recursos públicos con fines electorales.

PERSONAJE CONOCIDO

Las dudas sobre sus sucesivos nombramientos han sido ampliamente señaladas en este espacio. El 29 de junio señalamos en esta columna, que no parecían ser suficientes todos los negativos políticos con los que cargaba, y tampoco parecieron ser suficiente las muestras de opacidad toleradas en el Congreso durante el periodo trianual en el que, independientemente de las posiciones orgánicas, él fue el verdadero líder cameral. Durante la LXII Legislatura, fue escandalosa la forma en la que se administraron los recursos del Congreso del Estado; además, la Junta de Coordinación Política —que siempre estuvo bajo su potestad— nunca permitió la realización de auditorías y, al contrario, sistemáticamente bloqueó cualquier intento por transparentar la utilización de los recursos que les eran transferidos.

Asimismo, fueron ampliamente conocidos y documentados los mecanismos a través de los cuales se transferían recursos económicos, en efectivo y en especie, para que cada diputado hiciera labores de gestión legislativa con total opacidad; y cómo todos juntos se dedicaron a sangrar al presupuesto estatal a través de la realización de obra pública en los municipios que nadie sabía cómo era adjudicada, cuáles eran sus costos reales y quiénes sus beneficiarios de fondo.

Si todo eso fue lo que hizo Avilés en el tiempo que fue diputado y coordinador de la fracción priista en la LXII Legislatura, las cosas no cambiaron mucho durante su efímero paso por la Secretaría General de Gobierno.

Ahí, dos temas fueron particularmente ruidosos: primero, el afán que tuvo por mantener el control en el nombramiento y control político de los administradores municipales —a partir de la vieja práctica de nombrarlos, primero por los diputados y ahora por la Secretaría General de Gobierno, para luego pedirle ‘moches’ extraídos de los recursos del municipio adjudicado, para comprar la protección y el respaldo político para no ser removido de la administración municipal— aún contraviniendo las indicaciones del Titular del Poder Ejecutivo de que todos los administradores durarían en su cargo sólo el tiempo indispensable para el establecimiento de condiciones de gobernabilidad para la realización de elecciones, sin acceder ni administrar recursos municipales.

Y segundo: la utilización discrecional que desde su primer día como Secretario, hizo de los recursos de la Segego. De hecho, menos de una semana antes de ser removido por el escándalo por la utilización de un helicóptero oficial para la transportación de su hijo a un destino vacacional, se habían hecho públicas listas que detallaban el uso de recursos públicos para temas como el equipamiento de sus negocios personales, pagos sin sustento a particulares, y otros rubros que además nunca fueron explicados.

Incluso, en aquella ocasión dijimos que en esa idea del “PRI renovado” que muchos intentan impulsar para lavarle un poco la cara a su partido frente a la abrumadora realidad, ¿cómo podría encajar un candidato como Avilés, que carga con uno de los pasados y presentes más cuestionables de la clase política estatal? ¿Esa sería una demostración de que los excesos y los actos indebidos se perdonan, y hasta se premian? ¿Cómo pensarían sostener la idea de un “nuevo PRI”, pero que pondera los acuerdos entre grupúsculos por encima del deber mínimo de ofrecerle a la ciudadanía candidatos presentables y medianamente honorables? Incluso, ¿cómo hacer una comparación entre Avilés y Martín Vásquez Villanueva, sobre quién aún pesan innumerables interrogantes sobre su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca en el periodo del gobernador también priista, Ulises Ruiz?

FUTURO DESALENTADOR

En aquella entrega del 29 de junio nos hacíamos una pregunta que ahora cobra particular valor moral y político en el contexto de crisis que vive Oaxaca y el país, y que se agrava con gente como el nuevo delegado federal: ¿de veras vale tanto políticamente Avilés, como para que el Gobernador se juegue su propio futuro político con él, o con cualquier otro de los impresentables que día y noche ambicionan con seguir siendo candidatos a algo, o cuando menos aprovechándose de cualquier circunstancia favorable —para ellos— que esté a su alcance?