Con todo y la inconformidad social frente al sismo, los partidos harán lo que sea para protegerse

Una de las consecuencias sociales y políticas del terremoto de 1985, fue el surgimiento de una sociedad civil pujante y con capacidad de discernimiento que, a la postre, se convirtió en la principal fuerza opositora al entonces régimen de partido hegemónico representado por el PRI. Hoy, 32 años después, lo deseable y lo esperable es que esta nueva cadena de tragedias —no sólo es la de anteayer, sino todas las que han ocurrido en el último año, que particularmente han golpeado al país— logre prender en la sociedad mexicana la idea centrar de que son urgentes más cambios que nos acerquen a la equidad, a la legalidad y a la democracia.

En efecto, parece que tenía que ocurrir una nueva tragedia, para que la sociedad mexicana se diera cuenta de la dimensión del drama que significa un terremoto. El sismo que azotó al centro y sureste del país el pasado siete de septiembre, principalmente dejó una importante estela de damnificados en la región del Istmo de Tehuantepec y en diversas regiones del estado de Chiapas. Pareció, sí, que como siempre la ayuda se volcó hacia los cientos de comunidades afectadas, pero sin la carga emocional que de inmediato se manifestó cuando un nuevo terremoto azotó, al mediodía este martes —doce días después—, la región centro del país y particularmente a la Ciudad de México.

El hecho fue significativamente más atendido. Ocurrió justo el día en que se conmemoraba el 32 aniversario de aquel terrible movimiento sísmico que dejó una cifra de muertos aún no cuantificada con exactitud —se dice que llegó a ser de 20 mil, la cifra aproximada de víctimas mortales por aquel terremoto—, y volvió a dejar muerte, dolor y devastación en la ciudad que bien puede ser considerada como el sistema nervioso central de la sociedad, la economía y la política mexicana. Por eso, a partir del nuevo 19 de septiembre resurgieron algunas de las más viejas demandas que hoy cobran plena vigencia no por el temblor, sino por las demandas genuinas de la sociedad mexicana.

Una de ellas fue la que se centró en la urgencia de que los partidos políticos entregaran lo que les corresponde a prerrogativas, para la atención de los damnificados y la emergencia nacional que significan los dos grandes sismos ocurridos apenas con doce días de diferencia. En la plataforma change.org surgieron de inmediato demandas para que los partidos políticos con representación y reconocimiento nacional donaran lo correspondiente a sus aportaciones gubernamentales para los meses siguientes, con el objeto de contribuir de manera solidaria a la situación de emergencia que vive el país, pero sobre todo para que lo hicieran como una forma de mostrar compromiso y apego con la ciudadanía.

De inmediato surgieron voces que, insensiblemente, apostaron por lo contrario. ¿Qué dijeron? Señalaron que, en realidad, la decisión sobre el destino de los recursos ordinariamente destinados a los partidos políticos no se encontraba en el Instituto Nacional Electoral, sino en el Congreso federal. Es decir, en la institucionalización de la partidocracia. Pues en un primer momento, el consejero Marco Antonio Baños dijo que la propuesta de usuarios de redes sociales y de algunos partidos políticos sobre donar las prerrogativas a los damnificados por los sismos que han sacudido al país el 7 y 19 de septiembre es ilegal.

Lo anterior, debido a que aún cuando los partidos podrían solicitar a la Tesorería de la Federación que disponga de una parte de sus recursos, lo que no pueden es darle un uso distinto del que se contempla en la ley. Incluso, ante el temblor del pasado 7 de septiembre con epicentro en Chiapas, el senador Armando Ríos Piter propuso reducir el 50 por ciento de los 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de partidos políticos y candidatos independientes de 2018, para destinarlo a los afectados.  Sin embargo, tanto la Constitución como la Ley General de Partidos Políticos prohíben los recursos para fines no partidistas y, en caso contrario, se estaría incurriendo en una falta.

LEGALISMOS FRENTE A LA SOCIEDAD

Las razones estrictamente legales pueden ser atendibles en un escenario ordinario. ¿Pero cómo entender eso mismo cuando se vive una tragedia que pudiera considerarse proporcionalmente equiparable a la de 1985, no por el número de víctimas, sino por la desconfianza de la ciudadanía frente a una situación tan compleja como un sismo de profundas consecuencias sociales?

Lo que queda claro, más bien, es que o la partidocracia no termina de comprender que un hecho, o una cadena de hechos fortuita bien puede ser el parteaguas de una situación excepcional de cuestionamiento hacia los partidos políticos, o en realidad se encuentra muy segura de que puede sostener ese control a pesar de que la mayoría de las personas estén en una ruta potencial de cuestionamientos.

Quién sabe qué ocurra en los días siguientes cuando se compruebe que, igual que en 1985, ninguna ayuda gubernamental es suficiente, y que así como la ciudadanía organizada es capaz de rescatar a personas de entre los escombros, también es capaz de derrotar a todo un conjunto institucional que pretende no tomarlos en cuenta. Eso fue lo que ocurrió a partir del temblor de hace 32 años, el cual a la postre derivó en el desmantelamiento del régimen de partido hegemónico (el PRI), y es exactamente lo mismo que podría ocurrir ahora con las consecuencias de mediano y largo plazo del sismo que también ocurrió un 19 de septiembre.

El impacto, al final, podría ser tremendo. Todavía hoy se vive la sordera propia de una crisis de la magnitud de la que vivimos. Pero conforme se desvanezca la polvareda de tragedia, desolación e insuficiencia de la ayuda gubernamental, se irán revelando también las grietas que existen entre los partidos y la sociedad mexicana. No serán heridas menores, sino más bien boquetes profundos, completos y quizá hasta en algunos momentos irreconciliables.

Quién sabe si la partidocracia tenga capacidad para recomponerse, o si lo próximo que nos queda ver es —por fin— un proceso de reconstitución social. No lo sabemos. Pero el primer reto corresponde a los propios partidos para corroborar si realmente están preparados para los retos sociales a los que se enfrentan.

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¿Cajiga? ¿Arnaud? ¿Tenorio?… Por favor… ¿A alguien les parecen suficientes? Es otro, al que todos, —o la mayoría de los oaxaqueños—, quiere ver en prisión…