Acusar sin evidencia


Carlos R. Aguilar Jiménez.

Lo más probable es que sea cierto, siendo casi seguro que son responsables de saqueo, corrupción, engaños, fraude y muchos otros delitos, porque así es el sistema político mexicano invadido de impunidad, abusos, indolencia, ineptitud e improvisación en todos los niveles y cargos públicos, por lo que denunciar la corrupción de manera general o global es aceptable o creíble, ya que es difícil o imposible entre políticos encontrar a alguno honesto y respetable, porque si acaso lo son al comenzar su administración pública, es un hecho que al terminar dejan de serlo por la simple causa de haber entrado en política con todas sus consecuencias, no obstante, mientras no se tengan pruebas de algún delito cometido, evidencias de alguna violación a la ley o seguridad respecto de fraudes, malversaciones o desfalcos, la ley no permite se exhiba o haga alarde de probables delincuentes hasta que no se pruebe y demuestre su culpabilidad, como sucede en los Medios donde la ley obliga a enmascarar sus rostros u ocultar los ojos, presumiendo su probable inocencia.

Todos los medios de información cumplen con la ley y cuando muestran a alguien que se supone es delincuente, se protegen sus derechos humanos y encubre su rostro, no obstante, el presidente de México pone a la vista y exhibe exfuncionarios a quienes acusa de delitos sin tener pruebas, suponiendo violaron la ley o conjeturando fueron corruptos, pero sin evidencias o pruebas, que si las tiene o no, debiera primero respetar la identidad de los presuntos culpables y no vulnerar su ascendiente, sino hasta que sean enjuiciados y luego condenados, pero eso a AMLO no le importa, “Él” puede hacer lo que quiera porque tiene el apoyo de mucha gente, sin embargo, el consenso, mayorías, beneplácito de partidarios  o autoridad presidencial no es certeza ni argumento válido para condenar a alguien públicamente hasta que no se pruebe su culpabilidad, porque sino será como en tiempos de la Inquisición, cuando condenaban a herejes, brujas o impíos simplemente porque se suponía su culpabilidad o pacto con el diablo, en un dinámica de acusaciones, denuncias, asesinatos, tortura, encarcelamientos y excomunión sin pruebas que llevó a la hoguera a cientos de miles, que siendo inocentes, resultaban culpables simplemente porque así lo decía el inquisidor o los acusaba el párroco local. Los jueces, jurados o magistrados son quienes dictan sentencia respecto de los delitos que se imputen, para eso existe el Poder Judicial, y si es el Ejecutivo el que condena sin pruebas, comete perjurio y prevaricación, exactamente igual que los inquisidores del Santo Oficio.