Carlos R. Aguilar Jiménez.
Según reporte de Carlos Medrano en el periódico Tiempo, la Secretaria de Inmovilidad (SEMOVI) podría cancelar concesiones a los integrantes de la mafia sindical Libertad y Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) por los enfrentamientos violentos que han efectuado, porque según el mandatario estatal, su gobierno aplicará la ley y no va a permitir más enfrentamientos con violencia, declaraciones que si bien son lógicas y razonables si se supone vivimos en un estado de Derecho en el que se debieran respetar las leyes e incluso las ordenanzas municipales, lo cierto es que estas únicamente se aplican a individuos solitarios o ciudadanos indefensos, quienes no son miembros de mafias sindicales, grupos políticos, colectivos en resistencia, agrupaciones indígenas o quienes sean, porque si pertenecen al sindicato Libertad, CATEM, normalistas, profes de la secta 22 o CTM entre otros, las leyes no aplican para ellos ni sus líderes.
Cancelar concesiones es una declaración ridícula, demagógica y risible porque quien sea la haya expresado, lo cierto es que lo dijo como impostura, porque nunca harán algo al respecto, jamás aplicaran la ley para castigar a los delincuentes y quienes violan las normas jurídicas, porque tienen al gobierno de rodillas, humillando a los funcionarios, ordenando desde el más pedestre vendedor ambulante que se apropia de espacios públicos, hasta las flotillas de taxis y mototaxis, destacando especialmente por crueles, violentos y gánsteres, los camioneros materialistas y todo aquel que maneja un vehículo pesado cuyo tamaño es directamente proporcional a su bestialidad. Nunca cancelarán una concesión porque en principio con una operan más vehículos y, si acaso fueran detenidos por agentes de vialidad, de inmediato son liberados en total impunidad, así que dispuesto a aceptar que me paso de listo y me equivoco, transcurrirán días, semanas y el año sin que se cancele una concesión, porque existen valores entendidos e intereses creados entre gobierno y mafias o concesionarios con lo que ambos salen beneficiados, principalmente los de transporte urbano de pasajeros, en una dinámica de intimidación y venta de protección, en la que ningún constructor o empresario puede edificar o trasladar material si no es con el consentimiento de las mafias sindicales. Usted ni el gobierno puede decidir a quien contratar porque de inmediato le secuestraran, intimidarán y obligarán a que contrate a quienes ellos decidan, sin que el gobierno intervenga y haga valer el estado de derecho que facilitaría usted contrate a quien se le de la gana. Dice la noticia que se elaborará un tabulador sobre los precios de los acarreos de materiales. Se establecerá de manera pública el rango y será delito rebasarlo, pero no dice que los transportistas serán sancionados legalmente por amenazas, agresiones, secuestros, balaceras y asesinatos…
