Carlos Villalobos
Hoy, dejar atrás nuestros dispositivos inteligentes podría parecernos una locura, ya que la dependencia que hemos generado a las tecnologías de la información y de la telecomunicación conectadas a la red mundial es un hecho, sin embargo, al haber volcado nuestras vidas al entorno digital se ha generado una incertidumbre: ¿qué pasa con la ciudadanía y las políticas en el ciberespacio? De esa pregunta se desprende lo necesario que se vuelve la elaboración de políticas y estrategias públicas de seguridad en el entorno digital.
Lo anterior no solamente se vuelve necesario por el vuelco de la vida a nuestras pantallas de última generación, además, se ha vuelto necesario por el incremento de los ataques e incidentes digitales que cada vez ponen en mayor riesgo a comunidades enteras, en donde la protección de la seguridad se pone en riesgo día con día. No hace falta ser un experto en esta materia como para saber que las recientes filtraciones de bases de datos completas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son un riesgo para la población mexicana, por citar el ejemplo más esclarecedor cercano.
En este panorama, los gobiernos en el mundo, especialmente los de Latinoamérica, no han sabido responder a estas nuevas necesidades, ya que con cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones tan sólo seis de 33 países miembros de la región tienen algún tipo de política o estrategia al respecto; de los resultados mejor ni hablamos.
En donde sí tenemos que reconocer algo, es que hasta el momento no existe un consenso de cómo entender la seguridad digital, ya que la respuesta de esta pregunta podría derivar en el respeto, o en su defecto en el quebranto, de los derechos humanos. Sin embargo, lo que sí nos tendría que quedar claro es que la seguridad digital y derechos humanos deben existir en dos esferas distintas, pero a la vez tienen que ser complementarias, ya que se refuerzan mutuamente.
Personalmente creo que la definición que más se acerca a lo esperado y que debería de ser seguida para lograr consenso, es la que nos brinda la Freedom Online Coalition la cual nos indica que “La ciberseguridad es la preservación, a través de políticas, tecnología y educación, de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información y su infraestructura subyacente a fin de mejorar la seguridad de las personas tanto online como offline”.
En la definición podemos encontrar la importancia del respeto de los derechos humanos, dentro y fuera de las plantas, considerando la innovación como un motor para promover la mejora de la información libre y veraz en medios digitales. Con esta definición se buscaría promover la simbiosis entre la seguridad digital y derechos humanos, que a la postre logre promover la libertad y la seguridad.
Dado a que la esfera digital, es una arena más de la vida pública del ser humano en donde ya no es descabellado pensar que existen un sin fin de acciones de parte de gobiernos, empresas e individuos que atentan contra derechos humanos como: censura; control y manipulación de contenidos; retiro de contenidos en línea sin un debido proceso; filtraciones de datos personales; prácticas de los operadores y proveedores de servicios para limitar la calidad del acceso a fin de dar preferencia a ciertas aplicaciones y contenidos; aplicación radical de la legislación de propiedad intelectual, espionaje, cibercrimen, por citar los casos más importantes. Por lo anterior es fundamental que sin importar el nivel de penetración tecnológico y/o el nivel de la alfabetización digital, desde cada ámbito de acción ya se estén tomando acciones para salvaguardar la vida de todas y todos en el mundo físico y en el mundo digital, todo esto con un enfoque de derechos humanos.
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