+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

UABJO: En Derecho quieren definir próximo Rector

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+ Violencia, intimidación y manipulación: joyas de CU

Por lo menos en las últimas dos décadas, todos los personajes que han pasado por la rectoría de la UABJO, han prometido resolver los no pocos problemas que existen en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales… y todos han hecho exactamente lo contrario. Esa Facultad, ha sido utilizada como un mero coto de poder, como un bastión electoral, o como un trampolín político. Y ahora mismo no es la excepción.

Tal parece que hoy en las definiciones políticas y académicas de la Facultad de Derecho de la UABJO, algunos personajes y grupos fácticos pretenden comenzar a dirimir la lucha por la rectoría. En efecto, aunque a Rafael Torres Valdez le queda alrededor de un año y medio de gestión como Rector, por lo menos los bloques políticos tanto del ex rector, y líder moral del SUMA, Abraham Martínez Alavés, como del ahora también ex secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, ya pretenden ir tras la dirección de Derecho, pero no para hacer algo por esa atropellada escuela de la UABJO, sino para utilizarla como el paso intermedio hacia sus respectivas ambiciones por la rectoría.

No obstante, para comprender de mejor modo esta feroz y aparentemente circunstancial lucha de poder, es necesario voltear un poco hacia el pasado reciente. Hace casi tres años, Alejandro Paz López ganó formalmente la elección de Director en la Facultad de Derecho de la UABJO. Dicho personaje, fue apoyado por su antecesor, Jesús Villavicencio, quien dirigió la Facultad gracias a la alianza que tejió con Martínez Alavés.

Sólo que al imponer a Paz como su sucesor, Villavicencio no respetó los acuerdos a los que había llegado con su otrora aliado. Así, Abraham Martínez tejió una nueva alianza pero ahora con el entonces Procurador General de Justicia (Evencio Martínez) para desestabilizar la Facultad, y así poder derrocar a un temeroso Alejandro Paz, que pronto fue absorbido en un cargo administrativo en el Congreso del Estado.

El designado para concluir el periodo fue Noé Mathus Romualdo, quien llegó a la dirección de Derecho, como una concesión al entonces procurador Martínez Ramírez por parte de Abraham Martínez Alavés, pero cercándolo por todos lados, para impedir que dicho grupo pudiera tener avances políticos en la construcción de aspiraciones o candidaturas de otro nivel, y ni siquiera pudiera asumir el control territorial de la Facultad.

¿Qué hizo el ex rector Martínez Alavés para ello? Que a través del manejo de las redes institucionales del poder, siempre exigió y consiguió que Mathus Romualdo fuera un director maniatado. Además de los constantes conflictos que se generaban a partir de las intrigas que salían desde la oficina del rector Torres, a Mathus nunca se le permitió tener el control administrativo de la Dirección, la disposición de los recursos económicos, y mucho menos la disposición sobre el ingreso de alumnos y catedráticos.

Todo quedó, como era de esperarse, en manos de la familia Martínez Helmes, que gracias a sus cotos de poder designó a personas afines en más de las 40 coordinaciones académicas de la Facultad, y decidió plenamente sobre el personal docente que se contrataba para los ciclos escolares. Así, en poco tiempo pudieron tener el control territorial y administrativo de la Facultad, para luego someter a Mathus a la presión porril y estudiantil que, en general, nunca le permitió dirigir la escuela que, se supone, aún hoy encabeza.

La pugna, pues, no era ni académica ni estudiantil e incluso ni siquiera porril: fue, siempre, una abierta y grosera medición de fuerzas entre el ex rector Martínez Alavés, y el otrora respaldado oficialmente procurador de Justicia, y luego designado secretario General de Gobierno, Evencio Martínez, por ver quién tenía el control de ese espacio para luego utilizarlo como botín político.

LUCHA FEROZ

En ese contexto se inscribe tanto la improvisada competencia electoral que a partir de hoy se desatará plenamente en la Facultad de Derecho, como los actos de violencia e intimidación con los que desde ayer amaneció el campus central de la UABJO. Lejos de las prácticas comunes del acarreo y la cooptación con fines electorales, hoy uno y otro grupo emprendieron sendas estrategias de desmovilización y generación de incertidumbre entre la comunidad docente y estudiantil, para tratar de influir desde ahí en el resultado de la votación.

Por si eso fuera poco, curiosamente decidieron que la elección del nuevo Director de la Facultad de Derecho, ocurriese no en un momento de alta concurrencia de votantes, sino justamente el último día formal de actividades para la comunidad universitaria, antes del periodo vacacional de fin de año. En efecto, en medio del clima de violencia y conflicto, los comicios ocurrirán el próximo 16 de diciembre. Y ganará no quien acumule mayor grado de aceptación, sino quien aplique una mejor estrategia de manipulación electoral.

¿Quiénes posiblemente aparezcan como candidatos y, sobre todo, para qué? Se asegura que, por un lado, el grupo de Abraham Martínez pretende impulsar a su hijo Eduardo Martínez Helmes —secretario Particular del rector Torres—, o a alguno de sus incondicionales, para que luego decline el cargo a su favor. Por otro lado, el grupo de Evencio Martínez seguramente buscará competir, también a través de una tercera persona. Ambos grupos, saben que este es el momento preciso para incrustarse, desde una posición importante, dentro de la lucha por la rectoría universitaria, que ocurriría dentro de poco tiempo.

El grupo de Martínez Alavés ha ejercido el poder plenamente: para eso ha buscado hacer crecer la plantilla de catedráticos, ha mantenido la cooptación de los alumnos a través del intercambio de calificaciones por votos, y ha tratado de desmovilizar, a través de todos los medios posibles, a los demás integrantes de esa facultad, con el objeto de que sólo emitan sufragio los votantes asegurados.

GUERRA SUCESORIA

El grupo de Evencio Martínez, sin embargo, no está manco. A pesar de ya no tener el respaldo y los medios económicos que permitía el cargo de Secretario de Gobierno, buscará hacer frente a esa embestida. El ex Procurador de Justicia también tiene en sus planes ser rector. Para ello, tampoco dudará en aplicar el mismo remedio: desmovilizar, atemorizar, violentar e intimidar. Pero los Martínez Helmes pretenden hacerse de esa posición, al precio que sea, porque es el escalón intermedio hacia la Rectoría. ¿Y la academia? Esa que se joda. Lo que importa, para ellos, es el poder.

 

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