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+ SSPE: ¿ahora sí hay intervención telefónica?
En temas de seguridad pública, desde hace años el Gobierno del Estado no encuentra su rumbo. Buena parte de los obstáculos que ha encontrado en la materialización de los esquemas de trabajo que ha tratado de implementar, los ha encontrado justamente en los titulares de esas áreas. Si en otros tiempos se cuestionó la actuación de personajes tan diversos como Alma López Vásquez, Lino Celaya Luría, Sergio Segreste Ríos, y Javier Rueda Velázquez, hoy el arribo de Marco Tulio López Escamilla a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no parece estar marcando pautas novedosas, o rumbos positivamente distintos.
El arribo de este personaje al Gobierno de Oaxaca, ocurrió prácticamente sin resistencia alguna. Proveniente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, la posición de López Escamilla no fue cuestionada ni exigida por grupo político alguno al gobernador Gabino Cué Monteagudo.
De hecho, se comprendió que en temas de seguridad el gobierno federal podría ser el único que tendría la posibilidad de hacer sugerencias sobre el nombramiento de los mandos policiacos estatales a través de la figura fáctica del mando único, y más en un gobierno como el actual, que en parte emanó del Partido Acción Nacional. Por eso, junto con los nombramientos en ciertas dependencias clave como la Secretaría de Finanzas y Administración, el Gobernador del Estado se reservó para sí la decisión sobre el nombramiento de López Escamilla.
Al venir a Oaxaca directamente de la Policía Federal, se esperaba que el ahora Secretario de Seguridad Pública renovara ciertos esquemas, y buscara romper con algunas inercias y estructuras burocráticas de la administración estatal anterior. Sólo que las actitudes, y las decisiones que ha tomado en los escasos veinte días que lleva en el cargo, no sólo comienzan a decepcionar, sino que también preocupan por el alto grado de paranoia y falta de respeto a la ley, que ha demostrado al ejercer sus funciones.
Para muestra, un botón —aclarando que aunque esto parezca una historia extraída de la Novela Policiaca, todo es absolutamente real y proviene de fuentes de la misma SSPE. Resulta que apenas unos días después de que López Escamilla asumiera la titularidad de la dependencia, implementó una serie de medidas de control respecto al personal que aún labora en esa institución —los cuales son objeto de sospecha permanente por el solo hecho de haber trabajado con otras administraciones—, entre las que se encuentran aparatos de intervención telefónica.
POLICÍAS Y LADRONES
Refieren que López Escamilla, al comenzar a utilizar dichos aparatos, no tenía conocimiento de que su antecesor había mandado a instalar un conmutador multimodal muy sofisticado, a través del cual se pueden realizar enlaces a diversos números telefónicos o transferir llamadas, según sea la necesidad de quien lo utiliza. ¿Qué relación tienen, entonces, un conmutador con los aparatos de espía del secretario López Escamilla?
Pues bien, resulta que a los pocos días de haber arribado a su nueva oficina en Oaxaca, el Secretario de Seguridad Pública —que trae consigo procedimientos “duros”, que lo ponen constantemente en estado de paranoia— fue avisado por uno de sus cercanos colaboradores de que un empleado de la dependencia “filtraba” información al crimen organizado.
Aseguran que sin dudarlo, personalmente encabezó un operativo de localización “intramuros”, apoyándose para el efecto en el numeroso grupo de su guardia personal, por lo que intempestivamente irrumpieron en otras oficinas de la misma dependencia, replegando al personal hacia las paredes y haciendo un minucioso “cacheo” a los empleados administrativos e incluso hasta a las secretarias, quienes también fueron sometidas obligándolas a poner las manos en alto. Diligentemente, aseguran, el secretario López Escamilla brincaba por las escaleras, abría cajones y husmeaba en los baños, ya que el foco rojo de su modulo interventor continuaba marcando un mensaje de alarma.
Sobra decir que esto motivó el asombro de todos los empleados, ya que nunca habían vivido o sufrido un operativo interno en donde se pudiera observar la habilidad de los nuevos jefes para jugar a los policías y ladrones. Esto porque, en su paranoia, cerraron puertas, sellaron cajones y escritorios; y al final de cuentas, dieron con una telefonista que trasmitía información a un ciudadano, sobre a dónde dirigirse para solicitar seguridad para una fiesta de su colonia.
Así, refieren que ante el interrogatorio al que fue sometida, la asustada secretaria le explicaba a la nueva camarilla de mando sobre las bondades técnicas del conmutador. Pero con ese hecho, todos los empleados claramente se dieron cuenta que ahora sí se encuentran intervenidos los aparatos telefónicos de la Secretaría, y por esa razón ya nadie quiere hablar por los números oficiales. A todos les asiste el temor de que sean sancionados, por el uso de este indispensable medio de comunicación.
Empero, por si ello fuera poco, hoy resulta claramente palpable el desorden imperante en prácticamente todas las áreas de la SSPE; no hay quien dé órdenes, y menos quien las ejecute, porque nadie más que él en esa Secretaría, tiene ya un nombramiento y funciones asignadas tanto en lo operativo como en el aspecto administrativo.
Las únicas conversaciones que tienen cabida, son las de todas las personas que a diario envía el ex procurador Roberto Pedro Martínez Ortiz. Sus enviados, son los únicos a los que se les da el derecho de audiencia; a los ciudadanos normales —o sea, aquellos en los que no media recomendación— no se les hace caso.
Todo esto ocurre mientras en Oaxaca la seguridad pública no precisamente pasa por su mejor momento. No existe aún certeza sobre qué pasará con las corporaciones policiacas; ninguna de éstas tiene mandos asignados, ni tareas tácticas u operativas ya definidas. ¿Así, en ese estado de desorden y paranoia, pretenden tener resultados positivos para los primeros 111 días? Ya llevan más de veinte, y nada.
LA LEY, FIRME
Luego de que el oficioso diputado Luis de Guadalupe Martínez anunciara la presentación de una iniciativa para eliminar la exigencia de titulo y cédula profesional a los integrantes del gabinete, el gobernador Cué se pronunció porque la ley no se modifique. Es cierto que la preparación profesional no es suficiente; ¿pero a poco dirían lo mismo si el gobierno fuera una empresa privada?
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