+ Congreso: deben mejorar, no copiar a Federación
Una de las premisas fundamentales de la democratización del poder, se encuentra en la inclusión y la participación de los ciudadanos en los procesos relacionados con la vida pública del estado o país, para que a través de ellos esos procesos y decisiones tengan legitimidad, credibilidad y aceptación general. Aunque en Oaxaca vivimos supuestos “nuevos tiempos”, y la democracia y la transición llegaron con la alternancia partidista en los poderes Ejecutivo y Legislativo, aún nos encontramos lejos de una verdadera ciudadanización y, al contrario, existe hoy el riesgo real de una potencial regresión o estancamiento democrático. Veamos por qué.
Como ya lo hemos dicho en otros momentos, el poder se ejercía tradicionalmente en Oaxaca en base a viejas reglas delineadas por los verticalismos propios de un régimen de partido y gobierno hegemónicos y, en buena medida, autoritarios. Desde mediados del siglo XX hasta hace apenas unos meses, gobernó la entidad un ente que, aunque era una unidad, estaba dividido entre un partido y un equipo de gobierno.
En efecto, la dualidad de gobierno-partido que aquí ejerció el priismo, fue característico de un régimen no de partido de Estado, sino más bien de partido hegemónico. Esto porque aún cuando se cumplía con todos los imperativos democráticos respecto al voto y la participación “democrática” (había elecciones, los votos se contaban, y todo se ajustaba a las reglas constitucionales de la renovación de los poderes), en realidad existía una inequidad visible entre las posibilidades de triunfo, y los medios —económicos, políticos, de coacción, etcétera— con los que contaba el llamado “partido oficial” para realizar su trabajo electorales, respecto a sus adversarios de la oposición.
Todo esto permitió que, en los hechos, el Gobernador del Estado tuviera un poder omnímodo, preponderante y avasallante respecto a los poderes Legislativo y Judicial. Unos y otros, en prácticamente toda la extensión de la palabra, asumían que el dictado del Gobernador era orden, que ellos eran empleados o subordinados suyos, y que por tanto nada valía más que una decisión tomada y anunciada por el Mandatario. Ese era, pues, el ejercicio vertical del poder, que luego se convirtió —y así fue señalado— en una práctica autoritaria.
Frente a ello surgieron dos grandes batallas. Una de ellas fue la de los partidos de oposición, y la otra la de los ciudadanos. Los primeros generaron, no sin innumerables fallas, las alianzas y los puentes necesarios para poder unirse y enfrentar civilizada y democráticamente a quienes ejercían el poder plenamente y no estaban dispuestos a cederlo sin antes oponer resistencia. A nivel federal, hubo alternancia y comenzó un proceso largo —e inconcluso, y ahora más bien inmóvil— de desincorporación de los verticalismos y autoritarismos.
La otra batalla, fue la que poco a poco fueron ganando los ciudadanos a través de los procesos y las tareas en las que fueron ganando terreno. La llamada “ciudadanización” particularmente permeó en todas aquellas tareas que tenían que ver con la fiscalización y control del poder a través de medios e instituciones distintas a las tradicionales.
En los órganos autónomos, particularmente, hubo necesidad de reforzar el paso hasta lograr que ciertos procesos como el de la rendición de cuentas, la fiscalización superior, la defensa de los derechos humanos, y la organización de los procesos electorales, quedaran en manos eminentemente de ciudadanos, para que a través de ellos, este tipo de procesos (que entrañaban en sí mismos la duda por el resultado de las votaciones, por el saqueo a las arcas públicas, la corrupción y los abusos cometidos desde el poder) tuvieran por primera vez la credibilidad y certeza que siempre les había hecho falta.
CAMINO EN REVERSA
Instituciones como el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de Acceso a la Información, o la Auditoría Superior de la Federación, constituyen hoy nuevos equilibrios al poder en el ámbito federal. En su esencia, se entiende que éstos órganos debían estar encabezados por ciudadanos que no tuvieran compromisos con el poder, para poder materializar los fines propios de esas instancias que van precisamente encaminados a vigilar, revisar y acotar al poder.
Sólo que esa esencia no ha sido respetada y, al contrario, en la actualidad ha sido seriamente puesta en duda. Al decantarse el otrora omnímodo poder presidencial, éste quedó en buena medida en manos de los partidos políticos. La lógica del poder los llevó a entender que una cosa es oponerse, y otra muy distinta detentar cierta cantidad de poder. En el primero de los casos, se exige el apego a las reglas democráticas. Pero en el segundo de los casos, se está dispuesto a hacer todo lo que esté al alcance —legal o no, confesable o no, ético o no— para mantenerlo, y para no perder ninguna porción del mismo.
Eso fue lo que pasó con los partidos, que si primero lucharon codo a codo con los ciudadanos para lograr la democratización, luego decidieron arrebatarles por completo esa bandera y ondearla solos para aprovechar todos los beneficios y los espacios de poder que habían logrado. Así, por ejemplo, desde antes del 2006 el IFE dejó de ser, en el ámbito federal, la institución ciudadana icónica, para pasar a ser un ente conformado por cuotas de partido, para responder primero a los intereses de éstos, y luego a los de la democracia y los ciudadanos.
Esos mismos intentos por “colonizar” a los órganos que debían estar conformados por ciudadanos y no por cuotas de partido, se han reproducido en prácticamente todos los entes autónomos. Y esa misma historia, es la que está ocurriendo en Oaxaca, ahora que los partidos representados en el Congreso, ya se dieron cuenta que tienen parcelas de poder, y que pueden utilizarlas como les venga en gana, independientemente de que eso sea o no benéfico o constructivo para la verdadera democracia.
DEMOCRACIA EN ENTREDICHO
¿Las fuerzas políticas intentarán, en estos supuestos “nuevos tiempos”, atender a cuotas y no al interés democrático, para integrar los órganos que eventualmente serán renovados? Ya dieron una primera pauta con la integración del Tribunal Electoral. ¿Harán lo mismo con el Instituto Estatal Electoral, la Auditoría Superior y el Órgano de Transparencia? Si lo hacen, como parece, estarían contribuyendo a forjar una democracia con malformaciones congénitas.
