+ Falsa “ciudadanización”; PGJE debe actuar
La semana pasada, apenas unos días después de que se declarara como desaparecido el profesor Carlos René Román Salazar, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, como el procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, anunciaron que el Gobierno del Estado ofrecía una importante suma de dinero a quien proporcionara datos efectivos que llevaran a la localización del mentor.
Ayer, fue el propio gobernador Gabino Cué quien hizo un anuncio similar respecto al millonario robo que sufrió una empresa transportadora de valores. Más allá de cualquier calificativo, el gobierno de Oaxaca debe ser cuidadoso a la hora de suplir con recompensas el trabajo de investigación. Esto porque tanto la seguridad pública, como la procuración de justicia, no se acaban en la localización de los bienes jurídicos u perdidos, y mucho menos con la tasación de la facultad coercitiva y el derecho de fuerza que tiene el Estado.
En primer término, es claro que el Gobierno del Estado ha tenido un gravísimo problema con la procuración efectiva de la justicia. Asimismo, es evidente que, derivado de ello, la ciudadanía no cree, ni confía, en que la autoridad pueda hacer algo, eficiente y rápido, para verdaderamente honrar la justicia.
Es tal el grado de inmovilidad y escepticismo que prevalece, que por ello medidas como el ofrecimiento de recompensas podrían parecer innovadoras, efectivas, e incluso necesarias. Habría, sin embargo, que tal tales medidas no con aversión, pero sí con cierto grado de reserva.
Hasta donde se tiene memoria, ni la Procuraduría del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública —o su equivalente—, habían utilizado el sistema de recompensas, como uno de los caminos posibles para castigar delitos y reparar los quebrantos.
No lo utilizaban porque las autoridades respectivas, siempre aseguraban que era suficiente con el trabajo de investigación que realizaban los agentes policiacos, y que era innecesario (e incluso una muestra de debilidad) ofrecer dinero para que la ciudadanía hiciera el trabajo que no podía o no quería hacer la policía.
Sin embargo, lo grave no era eso, sino que las autoridades policiacas ni involucraban a la ciudadanía en una labor en la que ésta sí debe tener cierto grado de participación o colaboración, pero tampoco mostraban eficiencia a la hora de hacer el trabajo de investigación del que, lejos de alentar, apartaban al ciudadano.
Los resultados hoy están a la vista: la ciudadanía no confía en sus autoridades; las cree incapaces de realizar cualquier trabajo de investigación policiaca hasta concluirlo. E incluso, siempre el primer sentimiento ciudadano frente a casos de alto impacto como los que ahora se mencionan, es mucho más de duda que de certeza de que la policía podrá esclarecerlos y castigar a los responsables.
ELEMENTOS DE RIESGO
Cuando se supo de la desaparición del profesor Román Salazar, el gobierno y la sociedad oaxaqueña se consternaron no sólo por el hecho en sí, sino porque esa parecía —y era— una premonición directa de que los conflictos entre la Sección 22 del SNTE y la administración estatal no sólo no se resolverían, sino que irían en ascenso.
Incluso, se “entendió” que el ofrecimiento de una recompensa de 500 mil pesos a quien proporcionara datos efectivos que ayudaran a la localización del profesor desaparecido, era más que una mera acción estimulante de la investigación, parte de una estrategia política definida para darle certidumbre al Sindicato Magisterial de que en realidad sí se estaba haciendo todo lo necesario para dar con el paradero de su compañero presuntamente levantado.
En este sentido, llama particularmente la atención la reacción que tuvo la Sección 22 frente al ofrecimiento de la multicitada recompensa: los dirigentes reales y visibles de la 22, se mostraron molestos no porque el gobierno estatal —por un motivo político— de antemano esté renunciando a su encomienda constitucional de investigar y esclarecer, a través de las instancias idóneas, la comisión de un ilícito, sino porque la cifra de 500 mil pesos era “demasiado baja” como para ponerle precio a la vida de uno de sus militantes.
Frente a ello habría que preguntarse si la Sección 22 habría estado satisfecha si el gobierno estatal, de todos modos renunciando a sus atribuciones constitucionales, tasara en un mayor “precio” la vida del desaparecido.
Parece claro que aún cuando para la ley el bien jurídico de la vida de las personas no tiene valor pecuniario, para ellos sí es trascendental el importe económico que se le ponga a una recompensa. Pareciera que mientras a unos les preocupa el paradero y la vida del profesor Román Salazar, a la 22 lo que le interesa es que nadie, bajo ninguna circunstancia, “haga menos” a sus militantes.
No obstante, allende esas cuestiones existe un tema mucho más preocupante: ¿A partir de ahora el gobierno estatal dispondrá de fuertes sumas de dinero para esclarecer ciertos delitos de alto impacto? Incluso, más allá de esa denominación (“de alto impacto”), ¿a partir de qué criterios o circunstancias en las que se comete un crimen, decidirá si ofrece o no una suma pecuniaria a cambio de información?
En realidad, buena parte de lo que preocupa es que el Gobierno del Estado pretenda relevar de sus respectivas misiones, a las instancias encargadas de la seguridad y la investigación estatal. Es cierto que tanto la SSPE, como la Procuraduría, necesitan importantes recursos para abatir sus rezagos (y es ahí donde debía haber más atención e inversión).
Sin embargo, consideramos no sólo innecesario, sino también riesgoso, que ahora se pretenda distorsionar la función que tiene la población en el esclarecimiento de delitos. Esto debe quedar claro: el ciudadano, por un deber cívico, debe contribuir a la seguridad a través de la denuncia.
En este sentido, un mal planteamiento de esas medidas económicas, o una implementación excesiva de éstas, puede llevar a la justicia a contaminarse con vicios y ambiciones personales que no resuelven de fondo los problemas que hoy mismo enfrenta.
¿CAZARRECOMPENSAS?
En primer término, el gobierno estatal debía poner a prueba el sistema de procuración de justicia para saber, con datos duros, si funciona o no. Al relevarlo a través de las recompensas, lo único que promueve es el surgimiento de cazarrecompensas. Y Oaxaca no está para esos vicios o frivolidades.
