+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

AL MARGEN || Susana Harp: los claroscuros de su imagen como promotora de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas

Date:

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Como Senadora de la República, Susana Harp fue promotora de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esa sería una buena noticia, de no ser porque ella fue aliada de quienes, desde el Consejo Regulador del Mezcal, intentaron despojar a los pueblos indígenas de Oaxaca, y del país, de la posibilidad de seguir llamando mezcal… a su mezcal. 

En efecto, se dice que la señalada ley de protección cultural de los pueblos indígenas, tiene como objetivo el reconocimiento y protección al derecho colectivo de propiedad del que son titulares los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales. 

Con esa ley, en términos generales, se pretende que los pueblos originarios no sean despojados de sus textiles, gastronomía, telares, bordados y demás. Pero, ¿esa misma preocupación tuvo la senadora Harp en el caso del mezcal? La verdad es que no.

Entre 2020 y 2021 Susana Harp apadrinó el intento de perpetuación de Hipócrates Nolasco Cancino al frente del Consejo Regulador del Mezcal. Es cierto, que Nolasco hizo crecer la industria, pero a costa del crecimiento de prácticas indebidas en la producción masiva de mezcal; del llamado “huachicoleo” del producto; y del despojo de la propiedad originaria de los pueblos indígenas oaxaqueños respecto a su bebida.

Además, fue acusado de promover indiscriminadamente los trámites de ampliación de la Denominación de Origen Mezcal. La que ya de por sí es más grande del mundo, obviamente en detrimento del producto. Incluso, ellos pretendieron endurecer los requerimientos para que un destilado de agave pudiera llevar el nombre de mezcal, para que sólo los grandes productores pudieran cumplir con la norma, y los pequeños productores (los indígenas de Oaxaca y del país), no pudieran conseguirlo.

¿La razón? Los lazos familiares: Susana Harp es pareja de un hermano de Jaime Muñoz, dueños de la Destilería Los Danzantes. Muñoz fue el eterno tesorero durante las tres gestiones consecutivas de Hipócrates Nolasco al frente del Consejo Regulador del Mezcal. Intereses, complicidades y secretos, evidentemente, había muchos entre ellos. La mayoría, en contra de los pueblos indígenas oaxaqueños y del país, productores originarios de mezcal. Y apenas en 2021, la senadora Harp respaldó públicamente el intento de Nolasco de perpetuarse al frente del CRM, a través de terceros afines a su grupo. 

En aquel momento, Susana Harp ya era Senadora de la República y por ende debió estar enterada que, además, Hipócrates Nolasco y su cuñado Jaime Muñoz, entre otros, pretendieron excluir a los verdaderos magueyeros y mezcaleros —en su gran mayoría provenientes de pueblos indígenas— de la Asamblea General de Socios del CRM. Los pretendieron suplantar por la figura —a todas luces ilegal— de “delegados”, los cuales no fueron electos por nadie en ninguna asamblea. Esos delegados pretendían representar a miles de verdaderos productores de Oaxaca y del país.

Nolasco y Muñoz defendieron su intento hasta que fueron finalmente atajados, primero por una nutrida asamblea de socios, y luego por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien intervino personalmente para que se respetara la voluntad de los verdaderos mezcaleros, que estaban hartos de las tropelías y los intentos de despojo que reiteradamente cometió en su contra el grupo que pretendió eternizarse en el Consejo Regulador, y que finalmente se fue en medio de señalamientos e irregularidades, y sin entregar cuentas de los recursos captados por la certificación del producto durante más de 10 años.

Con esos antecedentes, ¿cómo puede ahora Susana Harp presentarse como promotora de la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas mexicanos, si con el mezcal, que es uno de los productos más apreciados de ese patrimonio colectivo, del que no deberían ser privadas las comunidades originarias, ella fue voluntaria o involuntariamente, cómplice de ese intento abierto y público de despojo?

El problema aquí, y como siempre, es de intereses y de incongruencias. Y aún así —escondiendo la basura bajo el tapete, de su desafortunada participación en la política y los intereses del mezcal—, con la bandera de la promoción y la protección del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, basó sus poco claras aspiraciones políticas de ser candidata a Gobernadora de Oaxaca.

Sobre eso, la senadora Harp le debe una explicación a los pueblos originarios oaxaqueños, más allá de sus líos y desencuentros con el grupo contrario al interior de Morena, con quien se disputa la candidatura a la gubernatura, en una clara medición de fuerzas basada en intereses políticos, pero no en una preocupación genuina por la preservación de la riqueza cultural de los pueblos indígenas.

EPITAFIO 

Aunque sigan instalados en la soberbia, la dirigencia y cúpula de Morena en Oaxaca deben reconocer que la elección extraordinaria en Santa Cruz Xoxocotlán, el pasado domingo, les deja varias lecciones: deben dejar de privilegiar los cacicazgos, el nepotismo y la torpe visión de que pueden mantener las castas nobiliarias que engendraron y heredaron de grupos como el PRD o la COCEI. Con todo y el poder de su marca partidista, la gente los rechazó. Así que en un acto de honestidad deberían bajar de su ladrillo y reconocer el mensaje que les mandó el pueblo bueno a través de las urnas.

http://columnaalmargen.mx

@columnaalmargen

@ortizromeroc

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