Adrián Ortiz Romero Cuevas
La elección de la magistrada Berenice Ramírez como presidenta del Poder Judicial del Estado, reafirma al gobierno de Salomón Jara como un aliado incondicional del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ello parece reafirmarse que en el régimen estatal no hay titubeos: o se está con el régimen o se está en contra de él. No existen consideraciones a medias ni cavilaciones. Se milita o, según la lógica del régimen, no se tiene congruencia. Nada más.
En efecto, el pasado tres de enero fue electa la magistrada Ramírez Jiménez como presidenta del Poder Judicial del Estado. Fue despaldada por una mayoría amplia que fue precedida por la elección de varios integrantes del Pleno del Tribunal Superior y, sobre todo, por una amplia negociación entre los representantes del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Judicial del Estado. Engañando con la verdad, desde hace semanas el régimen dejó ver que la favorecida sería la hasta ahora integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Y así fue confirmada la designación en los primeros días del año 2024.
En lo general, la designación de la magistrada Ramírez Jiménez no representa necesariamente un cambio sustancial en la agenda ya perfilada del Poder Judicial del Estado: necesitan avanzar sostenidamente en los procesos necesarios para la consolidación del proceso de implementación del Sistema de Justicia Acusatorio Adversarial, y deben avanzar en la homogenización de los salarios de los funcionarios judiciales estatales, con respecto a los juzgadores de todo el país. Oaxaca es la entidad federativa en donde se les paga peor a los funcionarios judiciales y eso debe ser remediado, entre otros temas de gran relevancia para el poder juzgador de la entidad. Esos son dos de los grandes temas, de los varios que se deben abordar en el corto y mediano plazo en el Poder Judicial del Estado.
Sin embargo, la designación de la magistrada Ramírez Jiménez debe verse más en el contexto político. Fue la constatación de que el régimen del gobernador Salomón Jara no titubea: existe una conexión estrecha entre la magistrada Ramírez y la ministra Yazmín Esquivel —en virtud de que el marido de la primera es coordinador de la ponencia de la segunda—, y no importa cuáles, o de qué tamaño, sean los cuestionamientos profesionales existan hacia esta última, pues mientras todos sean aliados incondicionales del régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, nada puede moverse.
El régimen estatal hizo las reformas necesarias para permitir el paso de la magistrada Ramírez hacia la presidencia del Tribunal Superior. Todo ello ocurrió en el contexto de la designación y la toma de protesta de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte. La lectura, por ende, es que en estos tiempos no se admiten cavilaciones.
Y es que la ministra Esquivel, con todo y los cuestionamientos —fundados— por la forma en cómo obtuvo sus grados académicos, sigue siendo integrante de la Suprema Corte; y es una de las dos que avala incondicionalmente, en el Máximo Tribunal, las decisiones del Presidente López Obrador. Y sólo por ello, pareciera que estos tiempos no son los de los titubeos: o se está con el presidente o se está contra él.
VAN POR TODO
¿Cómo podría demostrar el gobierno oaxaqueño de mejor forma que está con el obradorato, si no designando a una incondicional de los aliados de la Corte —como ministra en la persona de Lenia Batres— en la persona de la magistrada Ramírez? Lo hizo, aunque el resultado de la designación no necesariamente sea lo que se esperaría del equilibro entre los poderes públicos en la entidad.
¿Por qué? Porque el Presidente AMLO sigue teniendo una evidente minoría legislativa; y porque quién sabe si Claudia Sheimbaum pueda reconducirla. ¿Tendrá la mayoría necesaria para poder mantener bajo control del Poder Judicial, en la próxima Legislatura federal? No lo sabemos. Sólo nos queda claro el hecho de reconsiderar su triunfo electoral, que es muy probable en la elección del presente año.
De mientras, el gobierno jarista sólo atina a mantener todos los parámetros de la gestión de la administración estatal, y a demostrar que puede conducir los poderes del Estado con sus aliados. Lo logrará sólo en la medida que pueda confiar y demostrar que son obradoristas puros en el contexto nacional. Esta es una prueba de ello.
Tal como parece, los jaristas deberán continuar en la línea ya trazada, pero acompañándose en la 4T por los duros. No importa el contexto nacional de personajes como Yazmin Esquivel: todos son aliados del régimen y eso es lo único relevante.
Todo esto vale más por las señales. Los retos locales deberá enfrentarlos la nueva Presidenta del Tribunal Superior. El contexto nacional corre por cuerda separada. Nada más. Y nada menos.
EPITAFIO
Este es un nuevo comienzo. Esta columna se publicará dos veces a la semana,. A partir de ahora. Agradecemos a nuestros amables lectores su preferencia e incondicionalidad. Seguimos, como siempre… Gracias!
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