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+ Seguridad y certeza, más que gran estructura
La regulación del transporte público ha sido un tema recurrente de gatopardismo para el Gobierno del Estado. Desde hace más de una década, las instancias públicas encargadas del rubro han aparentado buscar la fórmula correcta para dotar de seguridad y certidumbre a la vigilancia y reglamentación del sector, aunque lo único que han hecho es tomar medidas para seguir justificando la corrupción. Esto no debe ocurrir de nuevo. Y esa es la lógica que idealmente debería seguir el nuevo replanteamiento que viene, de lo que hoy es la Coordinación de Transporte.
En efecto, en los dos últimos sexenios se trataron de aplicar fórmulas que, según se pensó, eran las correctas, pero que por la falta de compromiso de sus titulares, terminaron siendo desastrosas. En el sexenio 1998-2004, el tema del transporte trató de ser colocado como un tema de primera importancia para la administración estatal. Para ello, incluso, se creó una secretaría que poseía todas las atribuciones específicas para regular el sector.
Este primer intento, en apariencia, era el correcto. En la Secretaría del Transporte se aglutinaban todas las facultades relativas al otorgamiento, permanencia y revocación de las concesiones de transporte público, y tenía los alcances para constituirse en una especie de “árbitro” de la función del transporte terrestre en la entidad, que iba desde los autobuses de servicio urbano y suburbano, taxis y automóviles de alquiler para el transporte foráneo de personas.
Aunque en apariencia esto funcionaba, finalmente todo terminó siendo un desastre. ¿Por qué? Porque apenas había terminado esa administración, los sucesores descubrieron que la Setran había sido un nido de corrupción, debido no a los fallos en el alcance de la instancia, sino justamente porque esas atribuciones habían sido usadas en exceso, y además porque los funcionarios que la encabezaban se dedicaron a defraudar a los particulares, expidiendo concesiones con la firma falsificada del Gobernador del Estado.
Para entonces ya se preveía que el transporte era un asunto no sólo técnico o estratégico, sino que en las circunstancias particulares de Oaxaca, era —para variar— un asunto político. Por eso la Setran fue reducida a una Coordinación, y fue incrustada en la estructura de la Secretaría General de Gobierno. Se pensaba que, teniendo menos facultades y estando supeditada al encargado de la política interna del Estado, el sector del transporte tendría una mejor regulación. El problema es que, en realidad, nada cambió.
Y nada cambió por una razón simple: aunque se habían hecho cambios cosméticos, todo en realidad seguía siendo igual que antes: los procesos de la Coordinación de Transporte seguían siendo opacos y discrecionales; la Coordinación se encontraba en manos de personas corruptas. Y, en general, el sector era territorio fértil para todo tipo de vivales que creían que, con dinero, podían arreglar todo, y conseguir todo, aún pasando por encima de la ley.
Al igual que en la administración anterior, al finalizar el sexenio 2004-2010, la corrupción en Cotran era, acaso, la más escandalosa de todo el Gobierno del Estado. Valiendo para nada la transformación hecha al inicio de la gestión, de nuevo esa instancia era objeto de todo tipo de señalamientos relativos a la corrupción de sus funcionarios, el tráfico de influencias, la discrecionalidad desmedida y también el fraude a personas que, por incrédulas, habían pagado grandes sumas de dinero por trámites legalmente gratuitos, pero complejos de llevar a cabo, y que al final habían sido timados.
Todo esto, por tercera ocasión, generó una exigencia de cambio y saneamiento que, en un primer momento, quizá sí fue escuchada pero no fue atendida por el Gobierno del Estado. Hoy, cuando por enésima ocasión Cotran es una bomba a punto de estallar, la administración estatal deja ver la posibilidad de un nuevo replanteamiento de esa instancia. Pero hasta ahora no ha dado pauta alguna sobre el modo en cómo piensa resolver el complejo y tentador asunto del transporte.
CERTEZA, ¿CÓMO?
Más allá de los cambios legales, en el ámbito subjetivo de las personas en las que recaiga la responsabilidad de la nueva instancia encargada de regular el transporte, se necesitan dos condiciones ineludibles: primera, un compromiso verdaderamente inquebrantable por cumplir con la encomienda que se le dé; y segunda, que garantice (a quien deba de garantizarle, si es que en realidad el Gobernador del Estado quiere hacer cambios reales y para bien) confiabilidad respecto al manejo de las atribuciones comentadas.
El asunto no es menor. La instancia encargada del transporte ha sido modificada en más de una ocasión, pero ésta ha seguido dando los mismos dolores de cabeza de siempre, justamente porque ésta ha sido dejada en las manos incorrectas, y porque las personas que han manejado el sector lo han hecho con un sentido eminentemente patrimonialista, y no con un verdadero sentido de servicio a la comunidad oaxaqueña.
¿El solo cambio legal, o incluso constitucional, frenaría el tráfico de influencias, o los actos de corrupción, tales como la falsificación de documentos o autorización irregular de concesiones? Evidentemente no. Esto, en un primer momento, por fuerza debe partir de la rectitud de los funcionarios, y de su decisión de negarse a cualquier tipo de acto de corrupción. Y en un segundo momento, debe estar reforzado por una regulación legal que permita la total transparencia en todos los actos de la instancia.
Esto es que, contrario a como es ahora, el otorgamiento de concesiones sea conducido a través de un trámite que sea público de oficio; que, quizá, la facultad de otorgar concesiones deje de ser discrecional del Jefe del Ejecutivo, para ser una decisión colegiada o validada por la Legislatura o los ciudadanos; y que desde las distintas vertientes del sector (taxistas citadinos, foráneos, camioneros, etcétera) se haga un compromiso expreso por ceñirse a las disposiciones legales que expida esa nueva instancia, y evitar ser los primeros que fomenten la corrupción en la misma.
Sin eso, de nuevo los cambios serán cosméticos. Y sin eso, de nuevo al final del sexenio estaremos presenciando otro escándalo generado por este mismo asunto, al que se han propuesto modificar… para que siempre siga igual.
REVISIÓN A SILVA
¿Se atreverá el gobierno a hacer una revisión de verdad objetiva del año que la Cotran estuvo en manos de Pedro Silva? Será una caja de pandora. ¿Lo hará?
