Aurelio Ramos Méndez
Los periodistas propensos a incurrir en conductas antiéticas pervertidoras de su oficio, tales como mentir, calumniar, manipular y sesgar datos, enjuiciar de manera sumaria y poner su pluma a disposición del mejor postor, dejarán de hacerlo el día que se topen de frente con la ley, no con cándidas recomendaciones de un defensor de las audiencias o un código de ética tan coercitivo e inhibitorio como un llamado a misa.
Viene a colación este aserto a propósito de la emisión por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias –ya en proceso de consulta pública–, los cuales implican un retroceso de más de tres décadas en la regulación de las relaciones de los medios con sus audiencias.
Estas directrices, en efecto, requieren ser modificadas no en el sentido que reclama el coro de sus impugnadores mediáticos, sino para elevar su drasticidad y obligar al gobierno asumir su rol de garante de una genuina libertad de expresión y del derecho a la información, y hacerlos realmente útiles para la sociedad.
Como era previsible en un ámbito de periodismo alebrestado, las orientaciones han levantado polvo debido entre otras cosas a que establecen la mínima obligación de las empresas de radio y televisión de instituir un defensor de las audiencias y un código de ética, en un esquema de autorregulación equivalente a poner a Julián Quiñones cantar sus propios goles.
Desde el trámite legislativo de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, hace un año, un sector considerable de la opinión pública esperaba que esta norma pudiese propiciar un avance hacia la asunción de mayores responsabilidades profesionales, rigor ético y, en general, profesionalización de los periodistas. Sueño guajiro.
El contenido de dicha ley y el inicio de su operación por la CRT han disipado toda esperanza de depuración gremial, saneamiento mediático y despeje de la turbia atmósfera periodística.
Lo que viene es el reforzamiento de la normatividad y la autorregulación que propugnaban los comunicadores –la UPD entre otras organizaciones– a finales de los 80, algunas de cuyas expresiones fueron la creación, en consonancia con la tendencia internacional, de códigos de ética y defensorías del lector, de conmovedora ingenuidad y total inocuidad, en varios medios, el primero El Economista en 1993.
¡Premio a quien recuerde un caso, uno solo en las últimas tres décadas, en que las disposiciones del código o las observaciones del ombudsman hayan sido determinantes para la corrección de una cobertura, el resarcimiento de un daño reputacional, algún “usted disculpe” o una denuncia de connivencia entre medio y fuente, en especial el gobierno de turno, o del disfraz como noticia de la publicidad!
Mal podría haber semejante muestra ilustrativa, si como defensores de los lectores en la mayoría de los casos fueron habilitados directivos milusos, que sin pudor hacían un refrito del código del pionero en esta materia en nuestro idioma, el español El País, y conjuntaban todas las funciones regulatorias.
Es decir, que ellos “redactaban” el código, fungían como “defensores”, y como directivos autorizaban los materiales para su publicación, vía por la cual terminaban como “corresponsables” de los yerros y anomalías. Desopilante ficción.
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión –1200 afiliados– ya dijo que, si bien hay “temas que preocupan”, la propuesta de lineamientos no entraña censura alguna, mas ni siquiera esta postura de los presuntos afectados ha ayudado a morigerar las exigencias del coro fácil que, vociferante, advierte de coerciones a la libertad de expresión y límites al derecho a la información.
Sobre este último punto, la presidenta Sheinbaum adelantó que en breve el gobierno federal emitirá un “decreto para la transparencia”, en la administración pública, tendiente a evitar que las dependencias reserven información de manera discrecional. Pero los objetores de los lineamientos, como Gabino Barreda andando en la borrachera, nomás no entienden razones.
A los concesionarios les preocupa en especial que las sanciones en caso de incumplimiento pueden alcanzar uno por ciento de los ingresos anuales de cada concesionario o programador; las tildan de “en exceso elevadas”. ¡Caramba!
Cualquiera que haya visto la fastuosidad –las camionetas de alta gama, los trajes, las viandas, el enjambre de escoltas—en la tradicional comida anual de la radio y televisión convendría en que el monto de la multa es apenas justo… Mal no les va a los barones de esta industria.
También consideran que los lineamientos son ambiguos y propician discrecionalidad, pues permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, lo cual –afirman—desvirtúa los mecanismos de autorregulación y anula al defensor de las audiencias, porque queda subordinado a la autoridad.
Sin verbalizarlo de modo explícito, apenas de manera tácita pero inequívoca, los concesionarios buscan despojar al Estado de su facultad reguladora.
Impugnan la introducción de un recurso de inconformidad –“¡amenaza a la libertad de expresión!”– que permite al gobierno revisar las decisiones de los defensores, porque aspiran a ser ellos quienes –vía su defensor de bolsillo y su código a modo—definan qué es información falsa o descontextualizada.
O sea, quienes dispersan la información falsa o fuera de contexto, o carente de éste, buscan mantener bajo su férula la capacidad de determinar la calidad de la información. ¡Que viva la autorregulación!
Del lado del gobierno, la presidenta Sheinbaum demandó pluralidad. “Es importante que se den los distintos puntos de vista”, dijo. Pero ya vimos lo que pasó en tiempos en que, por su iniciativa, los medios abrieron sus puertas a las distintas visiones de la vida política.
Valga para ponderar la patraña de ser juez y parte en el proceso de la comunicación, recordar esos tiempos en que los periódicos –al margen de la actual polémica sobre las audiencias, competente sólo a medios electrónicos– acogieron la pluralidad con una noción harto pobre del concepto.
Incorporaron a sus páginas editoriales a representes de los partidos políticos, de quienes incluso exhibían sus cargos partidistas, asterisco de por medio, al pie de sus escritos. “Fulano de tal, secretario de Acción Deportiva, o diputado o senador del PRI, el PAN, o del PFCRN, del partido del ferrocarril”, por ejemplo.
Se trataba de personajes que nada aportaban al debate público en el campo del periodismo, pues en sus trabajos obviamente sostenían las mismas posiciones que en los espacios naturales de su actividad política, la plaza pública o las tribunas legislativas.
Y medio hubo –El Periódico de México—que inauguró la moda de tomar por bobos a los lectores, anotando incluso los géneros periodísticos en cada publicación, como signo de calidad: Noticia, Crónica, Reportaje, etcétera… Algo de lo cual todavía quedan resabios en el mercado de diarios y revistas.
Para no ahondar en la necedad que ha hecho carrera, la supuesta imposibilidad de separar información y opinión.
“Hay que reconocer que el periodismo moderno rara vez presenta una frontera absoluta entre hechos y opiniones. Un conductor puede contextualizar una noticia, un analista puede interpretar un dato y un entrevistador puede cuestionar una declaración pública”, escribió el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Jorge Bravo.
¡Pues seamos menos modernos, pero más respetuosos con las audiencias, porque de que se puede hacer tal separación, se puede!
RESCOLDOS
La existencia en México de cárteles que controlan territorios y que tienen la capacidad de matar, extorsionar y secuestrar a cualquier persona, es la razón por la que ni el sistema judicial ni el sistema político de nuestro país funcionan. Esto dijo Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump. Alguien debería decirle a este deslenguado que, asimismo, los cárteles existen debido al descomunal volumen de gringos adictos a drogas que son caras porque su gobierno las ha declarado ilícitas. Y que el dinero de esos viciosos les confieren a los cárteles inmenso, incomparable poder económico, capaz de sobornar a quien se les ponga enfrente, en uno y otro lado de la frontera común.
aurelio.contrafuego@gmail.com
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