+ Partidos: Cuotas y prebendas, no compromisos
La decisión tomada sobre la conformación de la Comisión de Acceso a la Información, confirma que en Oaxaca las fuerzas políticas tienen bien entendido para qué sirve la partidocracia, pero que eso sólo lo usan para lo negativo. Si los gobiernos de coalición deben estar determinados por compromisos y programas, queda claro que en Oaxaca la alianza de partidos ha servido únicamente para la repartición del botín. Eso ha quedado claro con distintas decisiones, pero particularmente en las decisiones que se han tomado en los órganos autónomos, que fueron flagrante e impunemente asaltados por los partidos políticos.
En efecto, en todo el mundo se entiende —menos en Oaxaca—, que las alianzas de partidos se hacen para la búsqueda de objetivos comunes. Esos objetivos compartidos, en esencia, deben estar encaminados a la consecución del bien común. Se supone, además, que una coalición debe tener finalidades específicas, y debe estar enmarcada por el establecimiento de programas y compromisos específicos a cumplir, un tiempo y formas no determinadas por los beneficios que da el poder.
El problema es que en Oaxaca nada de eso ha ocurrido. Las coaliciones que han existido han tenido como único objetivo el de la lucha por el poder. Aunque las normas electorales establecen que los partidos que se coaligan deben conformar una plataforma política conjunta, que debe ser la base de su trabajo político, lo cierto es que en el caso oaxaqueño las plataformas conjuntas han servido únicamente para cumplir con un requisito de la ley, pero no para establecer la ruta, las causas y los temas que se habrán de abordar si esa coalición llega al poder.
En eso se explica el hecho de que los partidos aliancistas en Oaxaca no sólo no tengan rutas específicas, sino que su trabajo real sea deficiente, contradictorio y carente de toda coherencia. En el plano de la formación de leyes, por ejemplo, la agenda de temas a legislar está determinada por la ocurrencia, por los caprichos y por los intereses de los diputados (y del Poder Ejecutivo, en casos determinantes), pero no por temas específicos que por acuerdo común deban ser abordados.
En ese sentido, si nos vamos a los hechos podremos darnos cuenta que la gran reforma constitucional llevada a cabo en abril de 2011 no refleja ningún tema o causa establecido previamente como compromiso conjunto de las fuerzas aliancistas. De hecho, en esa reforma no se tocaron temas sustanciales que pudieran reflejar los principios ideológicos o la plataforma política de una u otra fuerza, o las bases democráticas del gobierno de coalición tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso del Estado.
Esa reforma, pues, fue confeccionada y decidida en un despacho de asesores jurídicos, y después en la mesa de tres o cuatro personas (los líderes de facto de la Coalición), para finalmente ser legitimada por el proceso legislativo formal y por toda la faramalla con la que se trató de vestir con democracia, a un armatoste legislativo que era sólo la respuesta a puros intereses y pretensiones del grupo gobernante.
PARTIDOCRACIA EN EL ESPEJO
Como no hay programa, ni hay compromisos, ni existen objetivos claros, entonces lo que le queda a un régimen de coalición como el oaxaqueño, es la repartición del poder. Engañosamente, creen que los objetivos de la coalición se cumplen con el solo hecho de asignar cuotas, repartir espacios, y establecer un pacto de respeto mutuo en territorios y temas que quedan vedados para la decisión de cada partido.
Eso, al final, es lo que ha ocurrido en todos los temas administrativos del Gobierno del Estado (en el que cada dependencia, desde el más alto nivel hasta los más modestos, está repartida en base a criterios partidistas); y es también lo que ocurre entre las fracciones parlamentarias que integran el Congreso del Estado, que en su propio ámbito entendieron esa condición, y desde entonces no han hecho otra cosa que repetir el patrón del reparto como “forma” básica de hacer cumplir los objetivos-botín de la coalición de gobierno.
Revisemos, sólo para reafirmar lo que en este espacio hemos dicho hasta el cansancio: que todos los espacios que la misma Constitución concede a la ciudadanía (producto del empuje democrático para acotar el poder de los partidos en el ámbito público), fueron groseramente repartidos por los partidos, como si los órganos autónomos no fueran eso, y fueran simples extensiones de las fuerzas políticas. Lo peor de todo ese asunto, es que esas decisiones, además, han implicado una disminución profunda del alcance y potencial de los órganos autónomos.
Y es que los diputados no sólo no han decidido en función a los principios constitucionales (esos que, letra muerta, dicen que sus titulares deben responder a los principios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, y que la elección debe estar determinada por la pluralidad, la paridad de género, el apartidismo y la no discriminación), sino que han tomado esos espacios, que son de funcionamiento eminentemente técnico y profesional, para cumplir con más cuotas y compromisos, a través de personas que no cumplen ni con los requisitos constitucionales y morales mínimos para llevar a cabo esas responsabilidades según lo contempla la propia Carta Fundamental.
Lo hemos dicho antes, y lo refrendamos ahora: ¿Qué podemos esperar de un Instituto Electoral conformado fundamentalmente por cuotas de los partidos aliancistas, han demostrado no poder garantizar procesos electorales confiables? ¿Qué de positivo se puede pedir a un Defensor de los Derechos Humanos que ni siquiera cuenta con el título de abogado que, por razones hasta de dignidad y legitimidad, la propia ley debía exigir? ¿Puede tener un buen porvenir una Auditoría Superior encabezada por un individuo que no pudo comprobar el hecho de contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría gubernamental y de responsabilidades.
ARTEROS APRENDICES
Eso es lo que son los nuevos Comisionados de Acceso a la Información. Ninguno, ni Esteban López José, ni Gema Ramírez, ni Eréndira Fuentes, pudieron comprobar que eran los idóneos para los cargos para los que fueron electos. Los partidos, en esa misma lógica, omiten explicar por qué eligieron a ellos y no a otros. Nadie dice nada porque, al final, lo que ocurrió fue un mero reparto. Les importó un cacahuate la autonomía, el funcionamiento, la profesionalización y la vanguardia de esos órganos. Pregonan la democracia, pero sólo para la casa del vecino.
