+ Confunden derecho con la defensa económica
Los maestros de la Sección 22 aún intentan legitimar la lucha por la defensa de sus intereses, a partir de un grupo de banderas que son reivindicables, pero que poco o nada tienen que ver con sus planteamientos, y que mucho menos están relacionadas con los intereses de fondo que dicen tratar de preservar. En su defensa formal, los maestros oaxaqueños dicen defender la educación pública, la pluriculturalidad y los derechos de la niñez y juventud a una educación integral y acorde a su entorno, cuando en realidad lo que busca su defensa fáctica es preservar es el conjunto de conquistas y canonjías cuyo fin se decretó con la reforma educativa federal.
En efecto, parece un contrasentido que mientras la gran mayoría de los trabajadores de la educación en el país aceptaron la reforma educativa, haya otros que, a partir del mismo argumento de la defensa de la educación pública, combaten la modificación constitucional. Se supone, en apariencia, que este asunto implica la disputa por un interés general, que es el de la educación que imparte el Estado. ¿Quién está bien, y quién mal? Y lo que es más importante: ¿Esta pugna radica en realidad en la defensa de la educación pública?
Sobre esto, la Sección 22 ha afirmado categóricamente que el PTEO tiene como base la oposición a los intentos del gobierno federal por privatizar la educación. Han asegurado que la educación debe ser pública y que en los procesos de evaluación se deben considerar no sólo los criterios dictados por la SEP, en la ciudad de México, o por organismos internacionales confeccionados desde el extranjero, sino sobre todo las características sociales y económicas de cada comunidad, particularmente en entidades de presencia mayoritariamente indígena, como la nuestra.
Frente a ella, la reforma educativa federal establece la necesidad de criterios específicos de evaluación de la educación; que éste (la evaluación) sea el criterio fundamental para el ingreso, permanencia, ascenso e incluso remoción de los profesores en todo el país. Y establece bases generales sobre qué órganos del Estado serán los encargados de llevar a cabo esa tarea.
Al final, según la Constitución, la educación sigue teniendo los mismos enfoques de siempre (el combate a la ignorancia, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, etcétera). Lo que cambia es la forma en cómo se relacionan los educadores con la autoridad, y las bases que tiene ésta para ser quien norme y rija todo lo relacionado con la educación.
La Sección 22 dice que las normas educativas federales no toman en cuenta los criterios etnolingüísticas, y las particularidades sociales y económicas de las distintas regiones del país. No toman en cuenta que esos derechos están asimismo garantizados por el artículo segundo constitucional, y que por esa razón desde hace años existen programas especiales de adecuación del marco educativo a las particularidades de las más de cincuenta etnias que existen en el país, y que si bien es cierto que tanto la Alianza por la Calidad en la Educación, como la reforma reciente están hechas desde el centro del país, esto no significa que se pretenda hacer un daño a la educación, o que lo que se pretenda sea únicamente dañar los derechos legítimos de los alumnos, maestros o padres de familia. ¿Qué ocurre entonces?
DEFENSA DE SUS INTERESES
Los profesores de la educación están en todo su derecho de defender sus intereses. Sin embargo, el primer paso para que lo hagan de cara a la ciudadanía, y no con engaños, debiera ser que hablaran con la verdad. Es decir, que dejaran atrás todos sus intentos por enmascarar la defensa de sus intereses a partir de los relacionados con la educación, y que de frente dijeran por qué no quieren ser evaluados, por qué no quieren acatar las nuevas normas educativas, y por qué plantean soluciones que, en el fondo, a lo que se refieren es a la preservación del mismo estado de cosas que prevalece hasta este momento.
Por eso, los trabajadores de la educación argumentan por ejemplo a favor de la pluriculturalidad, pero en realidad lo que pretenden es defender la continuidad de la contratación automática de los normalistas; dicen combatir la privatización de la educación, cuando lo que en realidad quieren es que siga imperando el poder del sindicato en las decisiones administrativas y laborales de sus agremiados; dicen estar en contra de los criterios aculturizadores y homogeneizadores, cuando en realidad lo que buscan es que nadie se involucre en la educación pública de bajísima calidad que se imparte en las comunidades, y que no sólo tiene que ver con las condiciones de pobreza o marginación de los niños y sus padres, sino también con la dejadez y la falta de compromiso de los profesores con su labor.
En todo esto, los profesores oaxaqueños descuidan los aspectos verdaderamente sustanciales: su defensa de la educación debía empujar el perfeccionamiento de la capacidad del Estado para construir, equipar y mantener a las instalaciones de todas las escuelas públicas de la entidad; debieran poner todo su empeño y fuerza política —y en eso la sociedad no tendría forma de estar en desacuerdo— para exigir que se combatiera de mejor modo el hambre, la pobreza y la imposibilidad del acceso a servicios básicos en todas las comunidades rurales y marginadas de la entidad oaxaqueña. Debieran hacer todo porque verdaderamente el Estado se abocara a atender las necesidades de la educación, por encima de los intereses de los maestros.
Por eso la lucha de la Sección 22 está destinada al fracaso. No tienen forma de dirigirse de frente a la ciudadanía para explicar cuáles son las razones de su lucha. No hay legitimidad en sus planteamientos. No tienen forma de justificarse. Por eso toman banderas legítimas para defender intereses que, a la vista de todos, no pueden seguir sosteniéndose. Por eso, el sureste de México se está quedando como un polo aislado en el que los maestros parecen luchar contra un mundo que no quiere que sus intereses sigan siendo los dominantes, por encima de los de la mayoría.
¿Y EL PLAN ALTERNATIVO?
Por cierto, estamos en medio de un caos por el PTEO y… ¿Alguien conoce tal documento? Es el colmo que todos hablen de algo que, públicamente, nadie ha visto.
