+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Finanzas y el crack con el Grupo Oaxaca

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+ Martínez Álvarez sólo habla de lo evidente

El martes pasado, a través de su cuenta de Facebook, el contador Jesús Martínez Álvarez relató una anécdota relacionada con el manejo de las finanzas públicas de Oaxaca. Además del contenido concreto de su publicación en las redes sociales, la revelación del ex Secretario General de Gobierno deja ver tres cuestiones concretas: primera, que a pesar de todos los intentos recaudatorios y de “disciplina fiscal”, las finanzas estatales nada más no cuadran; segundo, que los altísimos presupuestos siguen siendo una verdad a medias para la entidad; y tercero, lo desgastadas que se encuentran las relaciones entre la cúpula gobernante y el llamado Grupo Oaxaca.
En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. En principio, el relato de Martínez Álvarez versa sobre un asunto concreto: a) Que el gobierno estatal tiene —o tenía— invertidos dos mil millones de pesos a plazo fijo, por los que una institución bancaria pagaba rendimientos; b) Que esa cantidad de dinero, otorgaba rendimientos en dinero, pero también permitía que dicha institución bancaria prestara servicios adicionales al gobierno estatal; c) Que al margen de esos rendimientos —ojo— “se deposita una cantidad mínima o adicional para dárselos a quien maneja las finanzas”; d) Que los encargados del manejo de esos recursos habían decidido mover su inversión hacia una institución que no tiene sucursales ni presta servicios en la entidad, y; e) que por ese movimiento se habían beneficiado dos personajes en concreto, a quienes la nueva institución bancaria en la que se hizo la inversión les pagaría una suma adicional “por fuera” .
Esto, al margen del “rendimiento” extraordinario que quizá habrían recibido indebidamente los dos personajes a los que alude Martínez Álvarez, pone en el centro de la atención una pregunta clave: ¿Es posible que el Gobierno del Estado pueda disponer discrecional y libremente de una cantidad tan grande de dinero, proveniente o de los recursos de su recaudación propia, o de las transferencias que recibe de las arcas federales, para destinarlos a una inversión bancaria a plazo fijo sólo para generar intereses?
Este asunto es el que en primera instancia debe ser clarificado. Pues desde el inicio de la actual administración se han venido aplicando una serie de medidas para incrementar el monto de la recaudación estatal, basados en el hecho de que la cantidad de dinero que recauda el Gobierno del Estado es mínima, y que eso les reducía el margen de maniobra para llevar a cabo inversiones propias, o para exhibir los “pari passo” que establecen diversos programas federales para que el gobierno estatal pudiera acceder a recursos extraordinarios.
Esa recaudación se incrementó, es cierto, pero gracias a medidas como la resistencia del gobierno estatal a eliminar o modificar el Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, la reducción de las exenciones en el Impuesto sobre Nómina para las empresas, o el cobro de derechos por la realización de espectáculos y eventos públicos, que en otro tiempo omitía cobrar el Gobierno del Estado, bajo la lógica de alentar el empleo o diversas actividades que de otro modo no podrían realizarse.
Como dato adicional, a diferencia de los recursos federales que son fiscalizados con mucho más detalle, los recursos provenientes de la recaudación estatal tienen mucho mayor margen de ser destinados con mayor libertad a fines e intereses propios de la administración estatal. Ahora bien, ¿es posible que puedan desviarse dos mil millones de pesos de recursos federales —que generalmente vienen “etiquetados” desde el presupuesto federal— para llevar a cabo una inversión a plazo fijo con el solo objetivo de obtener rendimientos? ¿O es que dicha “inversión” se hizo del “ahorro” realizado con recursos de procedencia estatal, y más específicamente, de los impuestos cobrados a los oaxaqueños?

¿Y EL ESTADO DE LAS FINANZAS?
El mismo martes, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Enrique Arnaud Viñas admitió que se va a contratar una nueva deuda para atender los problemas de la entidad. Señaló que “se buscará un financiamiento autorizado pendiente de contratar hasta por 2 mil 400 millones de pesos, que se clasifica como una deuda directa para proyectos estratégicos, infraestructura y reparación de daños causados en 2012”. Ante esta afirmación, no sobra la pregunta: ¿Y los presupuestos históricos de los últimos años para la entidad?
Ese es otro asunto que los oaxaqueños ya debemos ver con mucha menos alegría que antes: en los últimos años, o nuestros legisladores y gobernantes (locales y federales) nos han engañado sistemáticamente con la estratagema de los presupuestos federales “históricos” que se otorgan a la entidad, o en verdad algo ocurre con el gobierno estatal que sigue sin poder encontrar el camino adecuado para ejercer y comprobar, cada año, los recursos que la Federación le otorga, pero que al mismo tiempo le condiciona a la presentación de los proyectos respectivos, a la ejecución en plazos y forma específicos, y a la comprobación del destino que se le dio a dichos recursos.
Este es un tema que viene ligado con el anterior. Pues contrasta fuertemente que, mientras se revela que existen inversiones multimillonarias (dos mil millones de pesos son muchísimo dinero) destinadas sólo a la obtención de rendimientos y servicios bancarios institucionales (considerando en el supuesto, que en dichas operaciones nadie saliera particularmente beneficiado, como no sabemos si en realidad ocurre o no), también se diga que la entidad contratará nuevos empréstitos para hacer frente a sus compromisos y al desarrollo de proyectos estratégicos y de infraestructura que, según pensábamos, serían concretados a partir de los incomparables recursos que en los últimos años se han gestionado, y se han otorgado para nuestra entidad, desde la Federación.
Todo esto, sin duda, merece algo más que silencio…

FRÍAS RELACIONES
Jesús Martínez Álvarez es uno de los integrantes históricos del llamado Grupo Oaxaca. Desde que era servidor público estatal, sus constantes enfrentamientos con otros funcionarios dejaban ver fricciones constantes entre los diversos grupos que tenían influencia en el gobierno estatal. Su salida del gabinete, y la constante revelación de “anécdotas” dejan ver lo fría que está la relación entre quien gobierna y el Grupo Oaxaca, que siempre se ha adjudicado el destino (bueno o malo) de los últimos gobernantes, pero que hoy parece estar irremediablemente relegado.

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